La transparencia o el maquillaje de la opacidad
El caso Pujol ha sacado a pasear las vergüenzas de los mecanismos de control catalanes, incapaces de prever, impedir y sancionar prácticas fraudulentas como la del ex presidente de la Generalitat. El terremoto ha asimilado el nivel de opacidad de las instituciones catalanas, hasta hace poco vistas como un oasis, con las españolas y ha reforzado la idea fin de régimen a ambos lados del Ebro. Pero, ¿hasta qué punto el Parlament de Catalunya había avanzado en materia de transparencia más que otras instituciones? Y esta legislatura, ¿se han puesto las bases para que, nunca más, la impunidad, el fraude o la corrupción formen parte del universo político catalán?
De momento, el Parlament ha sido incapaz de rubricar la que debía ser la Ley de Transparencia más ejemplar de todo el Estado, según habían aseverado los ponentes de la Ley de Transparencia. Una norma que debería aglutinar los intereses de todos los partidos, pero que hasta ahora no ha hecho más que dividir el arco parlamentario, en una nueva muestra de las reticencias de las formaciones, sobre todo de las más convencionales, a someterse a mecanismos de control modernos y rigurosos. Hasta ahora, sólo cuenta con el apoyo de la principal coalición salpicada por el caso Pujol, CiU; su socio de gobierno, ERC; y el partido con más representados imputados y procesados por corrupción, el PP. Pese a que su redacción se ha elaborado en una ponencia conjunta de todos los partidos, el PSC, Iniciativa, Ciudadanos, y la CUP no se han sumado a un texto que consideran que nace huérfano de independencia.
De entrada, hay que decir que mientras la norma no se aprueba, esta legislatura ya ha habido, antes del estallido del caso Pujol, capítulos marcados por la opacidad, como la negociación de Barcelona World, la privatización de la gestión del agua o las sistemáticas trabas a las comisiones de investigación. No es de extrañar, pues, que la letra pequeña de la ley aún esconda grandes carencias, si bien se observan pequeños avances. Si se aprueba la norma, por ejemplo, se obligaría a la administración a publicar sus principales datos –como la retribución y dietas de los altos cargos— e introduciría medidas de fomento del gobierno abierto. Este segundo aspecto, permitiría que los ciudadanos participaran más de la vida pública, además de incluir un registro de lobbies para que la relación entre los grupos de presión y la política sea más transparente.
Por el contrario, la ley presenta debilidades notables, como lo es el hecho de que el organismo de control que fija la ley esté adscrita al Gobierno. Es decir, lo que permitiría que cualquier dato acabara blindada por la propia ley. En este sentido, los grupos que se oponen lamentan los límites que marca la propia norma, que establece que la información no se podrá transmitir a los ciudadanos si se conculcan “los intereses públicos o privados protegidos expresamente por la ley” o si hay una norma que fija la confidencialidad “de procedimientos fijados por la Administración”.
Algunos analistas y expertos en ética política y regeneración democrática también cuestionan el redactado. Según la profesora y filósofa Marina Garcés, las leyes de transparencia en muchos casos han sido “maneras de maquillar la opacidad”. Según ella, son sintomáticas de un hecho interesante, como lo es que la gente ya no acepta no saber. “Sabemos que siguen existiendo los pasillos, las cuentas secretas y las cenas privados donde se toman decisiones, pero están más acorralados y caen más fácilmente en evidencia”.
En el mismo sentido, el experto en comunicación política, Bernat Gimeno, cree que la norma es un “intento maquillado de abrir las instituciones y los partidos a una sociedad que va mucho más allá”. Y pone un ejemplo práctico y sencillo: “Si preguntáramos en la calle alrededor de la Ley de Transparencia, ¿qué respuesta darían? Seguramente ninguna, porque la gran mayoría no sabe ni de qué trata”.
Hecha la ley, hecha la trampa
Las carencias que presenta hoy el texto sobre la futura ley de transparencia son directamente proporcionales a las de los mecanismos de control de los que se ha dotado la Generalitat desde la restauración democrática. De hecho, los mismos dirigentes y representantes de estos mecanismos, como la Sindicatura de Cuentas o la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), ya habían advertido de hasta dónde podían llegar y hasta dónde chocaban con paredes de hierro. Los primeros en alertar de la opacidad en torno a la figura de Pujol y el entorno de la federación nacionalista fueron los del ex fiscales anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Juan José Villarejo y José María Mena, que se querellaron contra Pujol por el caso Banca Catalana, ya en 1984.
En una entrevista en la publicación mensual Cuadernos para el Diálogo, Mena insistía tras finalizar su mandato en que el propio Pujol había pedido “no estirar más de la cuenta de la manta” y alertaba de las debilidades del sistema que podían permitirse actuaciones fraudulentas. “En Cataluña hay suficientes mecanismos para controlar la corrupción, si tuviéramos más podría ser contraproducente, pero son organismos con pocos recursos y demasiado dependientes del poder”, decía el ex fiscal jefe del TSJ entre los años 1996 y 2006.
En la misma línea, en 2009, el Síndico Mayor -nombre que recibe el jefe de la Sindicatura de Cuentas— Joan Colom, advertía que existía una falta de interventores en los ayuntamientos catalanes y consideraba que la sindicatura sufría un déficit de profesionales. Unos años antes, en 2005 y bajo mandato de Pascual Maragall, se encargó la elaboración del informe Transparencia y buen gobierno, en el que se hacían propuestas en materia de transparencia en el uso de recursos públicos y acceso a la información. Uno de los miembros de ese grupo, el notario Juan José López Burniol, hacía una consideración contundente: “Durante 30 años se ha favorecido la erosión de los mecanismos de control porque a nadie le ha interesado que hubiera más rigor”.
El profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Josep Maria Antentas, recuerda que el caso Pujol “no es aislado” y que ha servido para que muchos de aquellos que sólo veían la corrupción en el resto del estado se les haya caído la venda de los ojos. “Los amiguismos y la confusión entre lo público y lo privado ha sido el eje de la política catalana durante muchos años”, explica Antentas que describe el caso Pujol como la punta de un iceberg que, hasta ahora, se había negado .
15M, del síntoma al cambio
“No somos mercancía en manos de banqueros y políticos”, decía uno de los lemas más representativos del 15M, la movilización social más importante de los últimos tiempos que ha pedido más y mejor democracia. Y es que más allá de la eficacia de los mecanismos de control, lo que ha encendido las alarmas es la creciente presión popular. Han pasado los años y es evidente que aquella concentración masiva que llenó de indignación y esperanza las plazas de todo el Estado supuso, como mínimo, un síntoma del malestar con las insuficiencias del sistema político. Además de servir para situar la cuestión de la regeneración democrática como un elemento clave de la agenda política.
Para los analistas consultados, el 15M marca un antes y un después. “El 15M traza una línea que redefine el concepto mismo de democracia a partir de una impugnación radical: No nos representan. Desde entonces, cualquier acción política debe medirse con esta impugnación y con la exigencia real de representatividad ”, explica Garcés. Esto, según la filósofa, tiene un doble valor, porque no sólo introduce “grandes cambios concretos, sino también posiciones defensivas del viejo régimen político”.
De forma similar se manifiesta Gimeno, que entiende el 15M “como la cuna” de una nueva forma de entender la política y la gestión pública. “Si a esto le sumamos la crisis de los partidos tradicionales, se entienden todas aquellas encuestas que indican el descenso abrupto de PP y PSOE, la victoria de ERC en Catalunya o la irrupción con fuerza de Podemos”. Tal y como explica Gimeno, los partidos tradicionales deberán entender que las listas cerradas ya no valen y que la gestión opaca pasa factura, sino se verán abocados, dice, “a la marginalidad”.
El 9N, ¿una oportunidad para la regeneración?
A raíz del escándalo del caso Pujol, las voces que describen un final de régimen político en el Estado han aumentado, pero con un matiz, Catalunya no es una excepción. “Lo que muchos describían como el oasis catalán sufre unos dolores similares que el resto del Estado y no es ajeno a una crisis de régimen que afecta a los pilares fundamentales del pacto constitucional del 78”, explica el profesor Antentas. Según él, el desgaste de CiU y la destrucción del PSC, los dos polos fundamentales que daban equilibrio a la política catalana, evidencian que el modelo también se agota en Catalunya, al igual que la crisis del bipartidismo, así como la de la corona, la judicial o la del marco territorial evidencian el final de etapa en el resto del Estado.
En este contexto, para algunos de los analistas consultados, el 9N puede ser una oportunidad. Según Antentas, el 9N no sólo es importante desde un punto de vista nacional, sino por el “paso fundamental” que puede dar la democracia si finalmente se formula la consulta en un ámbito de legalidad. “La derecha catalana no puede defender el derecho a decidir sólo cuando le conviene, el 9N es una oportunidad también para avanzar en el derecho a decidir en otras esferas de la vida pública”, explica.
La filósofa Marina Garcés apunta un riesgo. “Estamos acostumbrados a vivir deprisa, a cambiar de pantalla en un clic, a entrar en un supermercado y tener todo a mano. La política no siempre se hace así”. Según la profesora, estamos, ya, dentro del cambio de paradigma. Un cambio que, advierte, no será pacífico y lineal dado que conllevará confrontación entre quienes la aceptan y los que no, entre lo viejo y lo nuevo. “Vamos despacio porque vamos lejos, decía el 15M. Y yo añado: nos podremos equivocar mucho y nos podrán poner muchos palos en las ruedas”. Y se pregunta: “¿Sabremos relacionarnos con todo esto?”
