Aplazado el juicio a los estudiantes que se enfrentan a casi 9 años de cárcel por la huelga del 29M
El juicio contra Isma y Dani, los dos estudiantes de Barcelona detenidos durante la huelga general de marzo de 2012, que debía celebrarse el próximo lunes 9 de marzo en la Ciudad de la Justicia ha quedado aplazado, según fuentes del gabinete jurídico de CCOO que lleva la defensa de los dos estudiantes.
Ante la información el comité que apoya a Isma y Dani ha decidido aplazar la concentración que se había convocado para el lunes en apoyo de los dos estudiantes hasta que se sepa la nueva fecha.
Fuentes de la defensa de los dos estudiantes han indicado que la razón esgrimida por el juzgado para aplazar el juicio es la enfermedad de la abogada del Ayuntamiento de Barcelona. El juzgado de lo penal número 20 de Barcelona ha resuelto aplazar el juicio hasta el 30 de junio y 2 de julio.
Los colectivos que apoyan a los dos estudiantes barceloneses que se enfrentan a penas que superan los nueve años de prisión en ambos casos creen que la nueva convocatoria se situaría después de la celebración de las elecciones municipales. Una segunda consideración tiene que ver con que la posible celebración del juicio podría hacerse en un momento en que los estudiantes estén de vacaciones. Además, la vista del juicio se hacía en medio de una intensa campaña de solidaridad que supera el ámbito de Catalunya, lo que no hubiera gustado especialmente a las acusaciones particulares, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat, que han pedido penas de tres y cuatro años que podrían sumarse a una eventual condena.
Varias fuentes jurídicas consultadas consideran que las acusaciones particulares podrían, si hubiera voluntad política de hacerlo, retirar sus peticiones de prisión contra los dos jóvenes estudiantes.
Isma y Dani, que fueron detenidos junto con otro compañero acusados de formar parte de un grupo organizado para generar disturbios. Su caso ha sido objeto de una intensa campaña de solidaridad en la que participaron prácticamente todos los sindicatos y asociaciones de estudiantes, que han visto en el caso un intento de criminalizar el derecho de huelga y la protesta.
