El salario mínimo de mil euros se abre camino con el plan que dará trabajo y formación a 3.725 parados
Las personas de más difícil inserción laboral que contraten los ayuntamientos catalanes para planes que aúnen formación y trabajo cobrarán un mínimo de mil euros al mes. El acuerdo es el primero que pone en práctica la reclamación de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio. El Departament de Treball a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), las organizaciones municipalistas y los sindicatos CCOO y UGT han firmado en acto solemne.
El programa beneficiará a 3.725 personas que serán contratadas por los ayuntamientos para proyectos incluidos en el plan Treball i Formació. La característica es que además de trabajar, los beneficiarios deben seguir un itinerario formativo que les debería abrir la puerta a una acreditación profesional para permitirles encontrar trabajo con más garantías, una vez finalizado el contrato subvencionado.
Una segunda característica es que en el plan se priorizan los colectivos que tienen más dificultades en recolocarse. Así sucederá con las personas en paro de más de 55 años que hayan agotado la prestación o el subsidio por desempleo y que además no han cotizado lo suficiente para obtener la pensión de jubilación. Este grupo será prioritario para los contratos de 12 meses de duración.
También se pueden beneficiar, pero con contratos de seis meses, las personas en paro con edades entre 45 y 55 años que hayan agotado la prestación. En este punto también se podrían contratar personas de menos de 45 años si no hay suficientes aspirantes de la edad mencionada.
Un tercer grupo al que va dirigido el plan son las personas que reciben la renta mínima de inserción (RMI). Estas serán contratadas durante un año si tienen 55 o más años, y a seis meses si no llegan a esta edad.
Entre el colectivo perceptor de la RMI tendrán prioridad las mujeres con cargas familiares y las personas que estén en fase de agotar el plazo máximo de percepción de la RMI.
En total habrá 747 contratos de 12 meses y 2.978 de seis meses. El salario, como se ha dicho, será de mil euros mensuales en catorce pagas.
Aumento del 20%
La Generalitat destinará al programa 40 millones de euros, lo que representa un incremento del 20% sobre el año anterior.
La consejera Dolors Bassa ha querido destacar que con el acuerdo se pone manos a la obra en la reivindicación política de situar el salario mínimo en mil euros. En este sentido ha recordado que el año anterior el plan fijaba los salarios en 850 euros. Bassa ha apuntado que la ambición del gobierno habría sido incrementar más la dotación de este programa, pero el hecho de que el presupuesto no se haya aprobado lo ha impedido.
“Que no sea el último”
Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya ha destacado que el acuerdo se hace desde los sistemas públicos de empleo. Al mismo tiempo ha pedido a la Administración que el pacto que sitúa el salario en los mil euros “no sea el último”. En este sentido ha pedido que los contratos futuros que suscriba la Generalitat tengan en cuenta este requisito en sus pliegos de condiciones.
Por su parte, Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO, ha defendido que las administraciones públicas, en especial las locales, deben intervenir en el mercado laboral para mejorar su calidad, tanto en los salarios que se pagan como en la demanda de formación. “Este es un buen acuerdo”, dijo, “pero no agota otras demandas”, ha dicho. Como recordatorio, reclamó que se desbloquee la Renta Mínima de Ciudadanía, que hace meses que no avanza en el Parlament.
El representante de la Associació Catalana de Municipis, Isidre Sierra, ha puesto cara al tipo de personas que se pueden beneficiar del programa “se trataría, como ya ha pasado, de formar personas que trabajen en proyectos vinculados , por ejemplo, a la difusión el turismo arqueológico, un puesto de trabajo que de otro modo no se podrían cubrir con personal estructural”, dijo. El responsable municipal destacó que es a los ayuntamientos donde primero se dirigen las personas que no encuentran trabajo, por tanto, son estas administraciones las que más interesadas en dar respuesta a estas necesidades aportando formación, para que al final de la ayuda las personas puedan reinsertarse laboralmente.
Por su parte, Esther Pujol, de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), ha glosado la importancia de los municipios en la lucha contra el paro y la necesidad de dar una respuesta a la demanda ciudadana de encontrar trabajo digno para las personas que más lo necesitan.
