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El valor ambiental y económico de no hacer

El valor ambiental de no hacer nada

Nadie hubiera pensado que dejar sin edificar las hectáreas de bosque y jardín que ahora conforman Central Park en el corazón de Manhattan traería tanta riqueza. La ocasión perdida de construir más rascacielos se convirtió en algo que no sólo mejoró la calidad de vida de miles de neoyorquinos, sino que aumentó desproporcionadamente el valor de las viviendas construidas en sus alrededores y acabó confiriendo un estilo irrepetible a la Gran Manzana.

Si a los miles de urbanistas e ingenieros que hoy están haciendo planes para edificar y artificializar millones de hectáreas del planeta pudiéramos mostrarles el valor que esas hectáreas podrían tener si al menos una parte se dejan como están estaríamos contribuyendo decididamente a aumentar la sostenibilidad global de nuestro desarrollo. Pero para lograr detener algunas de estas actuaciones necesitamos bastante más que la difusión del conocimiento ecológico y socioeconómico moderno. Necesitamos que alguien nos haga un préstamo. Un préstamo para hacer frente a la tentación del dinero fácil. Y hablamos de mucho dinero y a un plazo muy largo.

En los albores del siglo XX, grandes empresarios y eminentes políticos expresaron por activa y por pasiva que era un disparate dejar la gran pradera de lo que hoy es la inmensa plaza de Höhematte, en Interlaken (Suiza), sin construir. Esta plaza descomunal tiene una densa cubierta de hierba seminatural que aprovechan algunas vacas para comer, muchos habitantes y visitantes para pasear o tumbarse a descansar y cientos de parapentes para aterrizar en pleno centro de la ciudad alpina. Hoy, lo que en su día fue una obstinación de unos pocos por conservar un espacio verde, es algo original, refrescante y apreciado. Seguro que las edificaciones que se podrían haber construido en esa pradera habrían dejado pingües beneficios a los inversores de la época, pero Interlaken no sería Interlaken sin este inmenso espacio desde el que se aprecian glaciares y bosques, y desde el que se ve sin más que elevar la mirada el magnífico macizo con los picos Jungfrau, Eiger y Mönch a más de 4000 metros de altitud.

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La primera vuelta ciclista por la ciencia arranca en Vigo el 17 de septiembre y enlazará seis universidades hasta Madrid

CienciaVuelta2018

La investigación científica sorprende, apasiona y contribuye al progreso y al bienestar humano. El deporte también y en el caso del ciclismo, muy enraizado en nuestro país, atrae a miles de practicantes y seguidores. Por ello hemos pensado en unir ciencia y bicicleta y organizar la Primera Vuelta Ciclista por la Ciencia, la VCC 2018, que comenzará justo al terminar la clásica Vuelta Ciclista a España.

Con el objetivo  de transmitir el conocimiento científico y la pasión por hacerlo avanzar, así como para recordar las dificultades que atraviesa la investigación en nuestro país, cinco científicos españoles pedalearemos cientos de kilómetros entre el 17 y el 21 de septiembre, para cubrir en cinco etapas un itinerario que nos llevará de Vigo a Madrid, pasando por Santiago, Oviedo, León y Salamanca.

Cada mañana nos subiremos a la bicicleta junto a simpatizantes y seguidores para realizar el recorrido y cada tarde nos reuniremos en una universidad diferente para presentar el proyecto y divulgar aspectos actuales e interesantes de la ciencia en la que trabajamos.

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Momento dulce para la ciencia española

Imagen de las jornadas 'Salvemos la ciencia: una reflexión desde los OPIS'

Improvisando la agenda y reventando protocolos y normativas de seguridad, el flamante ministro de Ciencia, Innovacion y Universidades aterrizó en medio de las jornadas “Salvemos la Ciencia” que se celebraban el pasado 13 de Julio en el Instituto de Salud Carlos III y sintonizó enseguida con una audiencia entregada de científicos y gestores. Desde que las jornadas arrancaran a las diez y media de la mañana se rumoreaba que el ministro había aceptado la invitación “y que nos llamaría cuando saliera de Moncloa”. Los viernes hay Consejo de Ministros en Moncloa, y las jornadas tenían lugar un viernes. Pero estos conflictos de agenda no fueron obstáculo para que el ministro apareciera con rapidez y eficacia y se brindara a un espontáneo y animado debate sobre los problemas que aquejan a la ciencia en nuestro país. Lejos de inaugurar o clausurar el evento con palabras huecas y asegurar una sonrisa para la posteridad en la foto de rigor, Pedro Duque le hizo una finta a su apretada agenda y fue al grano: “quiero expresar mi apoyo a vuestras reclamaciones”, “no esperéis milagros, no convenceremos en pocos días a todo un congreso de diputados sobre un incremento sustancial para la ciencia en los presupuestos del Estado, pero vamos a acometer muchas reformas y estamos empezando ya”. Se marchó a galope, tal como vino. Pero vino. Y nos dejó, reafirmados, profundizando en las reformas que harían falta mediante breves presentaciones de varios ponentes más y una nueva ronda de preguntas y respuestas entre la nutrida audiencia y los diversos expertos invitados a la mesa. 

Las Jornadas Salvemos la ciencia: una reflexión desde los OPIS comenzaron con un análisis de la realidad actual sobre la escasa inversión en I+D en nuestro país y las tramposas estadísticas para maquillar una situación insostenible, realizado por Emilio Muñoz, quien fuera presidente del CSIC y es ahora vicepresidente de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Continuaron con una revisión crítica de la Ley de la Ciencia, sus inconsistencias, lo que no se ha puesto en marcha y todo lo que conviene ir modificando con urgencia realizada por Fernando Ponz y Juan Fernández Golfin, investigadores del INIA. Marina Albentosa del IEO y Julio Cárabe del CIEMAT resumieron con desgarradores ejemplos las trabas administrativas a la ejecución del gasto de proyectos de investigación ya aprobados (y muchos con fondos europeos) y las dificultades para contratar a personal investigador aun contando con el dinero para ello, para completar el relato con la breve historia de la plataforma OPIS para salvar la ciencia. Las jornadas siguieron con una presentación de alternativas que pudieran iluminar un nuevo modelo en la gestión de la ciencia.  Eduardo López-Collazo habló desde su experiencia en la  Fundación Hospitalaria La Paz, Margarita Vila, desde su visión de cómo y por qué se han complicado las cosas en el CIEMAT, Carmen Toledo no abrió las puertas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, y Eduardo Oliver a la novedosa iniciativa Ciencia en el Parlamento.

Amaya Moro-Martín acaba de publicar en la revista Science  un breve pero claro artículo ilustrando las “ buenas noticias” para la ciencia española que se abren con el nuevo gobierno y el nuevo ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades. Se hace eco de lo que  adelantábamos hace un mes sobre la “ inesperada esperanza” para la ciencia de nuestro país que supone el drástico cambio político en el Gobierno. El artículo de Moro-Martín contrasta con el que publicáramos cinco años antes en la misma revista Science, donde anunciábamos que se cernían negros nubarrones sobre la ciencia española. Nunca pensamos que la realidad superaría nuestros escenarios más pesimistas, amplificando los recortes de facto con un repertorio injustificable de trabas y obstáculos para ejecutar el gasto, no sólo del dinero público, sino también del privado y del proveniente de Europa y otros países. 

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Inesperada esperanza para la ciencia

Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio

Nos encontramos ante un inesperado punto de inflexión. Hace poco más de una semana nos teníamos que contentar con celebrar que el gobierno de Mariano Rajoy hubiera conseguido sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado totalmente decepcionantes, al menos para la ciencia de nuestro país. Unos presupuestos que solo sirven para prolongar la larga agonía de nuestra I+D, y que de momento suponen una especie de “respiración asistida” por unos meses más, permitiendo “pequeñas” cosas como que científicos destacados que sacaron plaza el año pasado en el CSIC por fin pudieran incorporarse. O que en unos meses salgan por fin las convocatorias estatales de proyectos de investigación, aunque continúen con los bajos niveles de inversión que han ido ahogando poco a poco a la ciencia española. La alternativa era no tener convocatoria, un golpe seco en la nuca en lugar de las lentas vueltas del garrote vil que llevan estrangulando, especialmente en los últimos cinco años, a la hasta hace poco vibrante y en gran parte excelente comunidad científica española.

Mientras escribimos estas palabras, se ha formado una mayoría de urgencia para derrumbar al gobierno. En menos de 24 horas puede que tengamos un nuevo presidente del gobierno. Mientras que unos piden que se celebren elecciones de inmediato, el PSOE de Pedro Sánchez ha sido claro en decir que elecciones si, pero dentro de un tiempo que permita recomponer varias de las emergencias sociales que sufre el país. Algunas de estas emergencias son tan obvias como desbloquear la renovación en la cúpula de RTVE. Como apuntaba Cristina Narbona el miércoles en Carne Cruda, hay que ir a elecciones, pero elecciones libres con ciudadanos informados.

Hay muchas emergencias que atender, pero permitidnos un par de pinceladas de lo que un nuevo gobierno podría hacer por la ciencia española en lo que resta de 2018. Es cierto que uno de los principales cambios que necesitamos es una inversión mayor y, sobre todo, mejor estructurada en los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que no derive presupuesto a créditos blandos a empresas que en su mayor parte no se ejecutan, sino que apuntale el sistema público de I+D+i y empiece a recuperar la masa crítica que se ha perdido en estos años de recortes y rescates a la banca. Pero hay más cosas que se pueden hacer, incluso con los presupuestos ya aprobados por el PP en negociación con Ciudadanos, PNV y otros partidos regionales. Cosas, por tanto, que están mas próximas por requerir esa voluntad política de la que ha carecido el gobierno saliente.

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Lo que la ciencia española necesitaría ahora de los políticos

Fachada del Congreso de los Diputados

La ejecución de los proyectos científicos y el avance de las distintas líneas de investigación se enfrenta en estos momentos en nuestro país a un calvario burocrático que obliga a devolver fondos por no poder gastarlos, a cancelar compromisos de colaboraciones internacionales por no poder ponerlas en práctica y a dejar sin contratar a cientos de personas durante meses a pesar de contar con el dinero para hacerlo. La aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se ha añadido al elevado nivel de burocratización que arrastra la ciencia española durante los últimos años. La transposición de esta directiva europea sin la exención para actividades de I+D+i de otros países europeos amenaza con paralizar la actividad de la mayoría de las instituciones públicas de investigación.

Miembros de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) nos hemos organizado en una plataforma para aunar esfuerzos en comunicar los problemas y en identificar las posibles soluciones. Hemos tenido reuniones con los principales grupos políticos y seguiremos teniéndolas tanto para hacerles llegar nuestro mensaje como para escuchar sus posiciones y aprender de su experiencia en la negociación parlamentaria de cuestiones complejas. Estamos abordando cuestiones que competen a más de un ministerio y que tienen implicaciones en muchos sectores y ámbitos. Hay que tejer acuerdos y alianzas. Y hay que hacerlo rápido porque la situación es insostenible para muchos OPIs y porque cada día que pasa se pierden oportunidades muy valiosas de recuperar la inversión pública en investigación y de incrementar la inversión privada.

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Titulitis o la mercantilización de la formación superior

Hemos visto en las últimas semanas un gran trasiego de títulos universitarios en los medios de comunicación, con el máster irregular de Cristina Cifuentes, que ha terminado empujando a la dimisión de todos sus cargos políticos, ocupando una gran atención. Hemos asistido a la perplejidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el mero hecho de hacerse público que hubiera comprado un título de máster. La perplejidad ha sido probablemente genuina ya que nadie se escandaliza si compra una lubina o un solomillo. Cierto que la compra del título involucró en este caso la falsificación de documentos públicos y esas cosillas, pero al fin y al cabo eso es como cuando le quitan la grasa sobrante al solomillo en la carnicería o las escamas y tripas a la lubina en la pescadería, ¿sabe usted?

Para entender la sorpresa de Cifuentes es necesario comprender el contexto político y social en el que se desarrolla la obtención fraudulenta de su título. Y ese contexto incluye, en primera página, la mercantilización de la “formación”. Hace unos días, El País publicaba un artículo explicando que la empresa privada cada vez se fija menos en los títulos universitarios a la hora de contratar personal. Si en los años 70 del pasado siglo un título universitario poco menos que garantizaba un buen empleo de por vida (sobre todo en determinadas profesiones), hoy en día miles de jóvenes en paro acumulan títulos universitarios como el que colecciona cromos y con similares efectos sobre su futuro laboral.

Como explica el artículo de El País, esto no significa que la formación no ayude a conseguir empleo, o que la empresa privada no busque personal cualificado. Lo que significa es que, de cara a reclutar personal, en lugar de fijarse en los títulos universitarios listados en el currículum, los departamentos de recursos humanos se centran en la capacidad de los candidatos de resolver problemas prácticos reales a los que se enfrentan durante las entrevistas. Un poco como en esas asignaturas, de corte analítico, en las que se permite usar todos los libros que se quiera en los exámenes, ya que lo que se evalúa es nuestra capacidad para resolver problemas.

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La Constitución española no está totalmente ratificada por el pueblo español

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Imagen de los padres de la Constitución española.

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

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La política del maquillaje no funciona con la ciencia

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

Porcentaje de ejecución del presupuesto inicial

Porcentaje de ejecución del presupuesto inicial

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¿Por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación científica?

Han corrido ríos de tinta sobre la incomprensible y repetida decisión del Gobierno español de ir disminuyendo la inversión en ciencia, alejándonos cada vez mas de los países de nuestro entorno. Con la excusa de la crisis, se han aplicado recortes tan exagerados que han quebrado líneas y centros de investigación enteras y han forzado a emigrar a miles de los mejores científicos de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se ha añadido una tortura incomprensible: cada vez cuesta más tiempo y esfuerzo ejecutar los gastos, por lo que una parte mayoritaria de los presupuestos de investigación (mas del 70% en 2017) no llega a gastarse. Esto, que parecía algo temporal, producto quizá de los reajustes burocráticos de nuestras administraciones, se ha convertido en un mal endémico que está cobrando dimensiones dantescas. El paroxismo se alcanza con la entrada en vigor el pasado 9 de marzo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Hasta hace poco manteníamos la duda sobre denunciar o no este maltrato y el languidecimiento correspondiente de nuestra labor científica, pero ahora no cabe duda. Prácticamente todos los centros e instituciones se desesperan ante esta situación realmente kafkiana de no poder emplear unos fondos conseguidos en convocatorias abiertas y competitivas o provenientes de sus presupuestos básicos. En suma, tienen disponible un dinero para investigar que no se puede llegar a gastar. La situación en nuestro país es tan preocupante como patética y ya ha sido reseñada en las más prestigiosas revistas científicas internacionales. Es cierto que la ley es una trascripción de una directiva europea, pero no es menos cierto que en los países de nuestro entorno europeo se ha sido capaz de aislar la actividad investigadora de estos requerimientos, conscientes de su importancia y de las características excepcionales de ejecución presupuestaria a la que debe estar sometida el I+D+i.

El 18 de marzo de 2018, más de 300 trabajadores del Instituto Español de Oceanografía (científicos, técnicos y personal de administración) hacen público un manifiesto en defensa de esta institución centenaria que, con nueve centros oceanográficos repartidos a lo largo de todo el litoral español y las mejores instalaciones e infraestructuras para la investigación marina, agoniza por la dificultad para ejecutar sus presupuestos. La incapacidad de los responsables de la institución para adecuarla a su creciente actividad investigadora junto con la incorporación, en 2014, de un nuevo sistema de control del gasto por parte de Hacienda, se ha traducido en una dramática disminución en la ejecución presupuestaria que pasó del 90% en 2013 a apenas el 50% en 2017. Esta incapacidad para ejecutar el gasto comprometido en 2017 ha llevado a un ajuste adicional en gasto corriente en bienes y servicios, que sólo permite disponer para 2018 de un 30% de lo presupuestado en el año 2017. Estos problemas de gestión y presupuesto hacen que los compromisos que tiene el IEO no se puedan llevar a cabo.

Pero el caso del IEO no es, ni mucho menos, un caso aislado. Tan sólo diez días antes se publicaba un nuevo capítulo de la agonía del mayor centro español de energías renovables. La Plataforma Solar de Almería dispone de millones de euros en financiación, pero no los puede gastar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno desde 2016. Esta situación desesperante y trágica está dejando al límite del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión Europea. En este caso no se puede ni si quiera aducir aquello tan utilizado de forma torticera por el actual Gobierno de que hay que establecer prioridades basadas en el inmediato retorno económico de la inversión, ya que de las instalaciones de esta plataforma solar ha salido buena parte de la tecnología que se usa actualmente en las centrales comerciales, en las cuales hay una importante presencia de empresas españolas.

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Científicos excelentes, ¿excelentes mentores?

Carlos es uno de los muchos científicos españoles que llevan ya años en el extranjero. Algo le conminó a hacer su doctorado en otro país. El catedrático con el que había colaborado y que podría dirigirle la tesis le invitó a escribir un artículo “que le ayudaría a reunir méritos para obtener una beca”, aprovechando su dominio del inglés y unos datos de un proyecto previo. El análisis de los datos no acababa de confirmar la hipótesis de partida, algo desafortunado porque “un resultado inconcluyente no se iba a vender igual de bien”. La sugerencia de su supervisor: eliminar dos o tres puntos “que seguramente estaban mal medidos”. Carlos capeó el temporal como pudo al tiempo que conseguía su primer contrato en Alemania, aunque no pudo evitar consolidar una mala relación con “su jefe en España”.

Miguel es un posdoctoral de éxito en un grupo muy competitivo. Hizo la tesis en un grupo bueno y honesto, y con ese bagaje consiguió un contrato en un grupo “de los que publican Natures y Sciences”. Allí le dejaron que tomara mucha iniciativa: el investigador líder, siempre ocupado, le dejaba completa libertad para decidir todo lo que hacía, a partir de esporádicas instrucciones. Al principio se puso muy nervioso, pero cuando consultó a los posdocs más antiguos del grupo comprobó que era algo normal, “y todos publicaban muy bien”. Por desgracia, los resultados no acababan de confirmar las ideas de su jefe. Así que pescó análisis estadísticos cada vez más retorcidos en todos los foros que pudo encontrar, hasta conseguir la deseada significación; y, cuando un par de análisis se resistieron, eliminó un par de datos que estorbaban. Bingo: solo un par de tensas reuniones más y consiguió publicar, gracias a la presencia de su IP en la lista de autores, un artículo en una revista “de referencia”.

Estos dos ejemplos podrían ilustrar el abanico de malas prácticas de algunos investigadores. En un extremo, grupos mediocres en los que el supervisor instiga la manipulación de los datos para conseguir publicar algún artículo con el que maquillar su desempeño como científico. En el otro, grupos ultra-competitivos en los que la rueda de la “producción científica” gira tan rápido que los supervisores no tienen tiempo de hacer su trabajo y se dedican a vender en la mejor revista posible cualquier resultado que corrobore sus ideas del momento. La llamamos cultura de malas prácticas porque instila en los jóvenes investigadores un comportamiento que les acompañará de por vida; y, cuando se resisten a entrar por el aro, condiciona sus oportunidades de promoción y trabajo futuros.

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