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Saltándose acuerdos internacionales, el nuevo gobierno municipal de Madrid se aleja del conocimiento científico

Madrid Central.

Los pactos que han suscrito los tres partidos de la derecha española para sacar de su puesto a la última alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van completamente en contra de las directrices y acuerdos internacionales que ha firmado España en general y Madrid en particular en materia de medio ambiente y salud. Estos pactos, que pueden verse resumidos aquíaquí, van más allá de saltarse acuerdos internacionales como el de París sobre cambio climático, o las directivas europeas en esta materia que Bruselas nos recuerda constantemente. Se saltan la evidencia científica sobre los problemas para la salud tanto de las personas como del planeta que se generan con el tráfico anterior a Madrid Central. Eliminar Madrid Central, soterrar la Gran Vía, construir infraestructuras en Madrid Norte o en la A-5 que pretenden incrementar el tráfico en el centro de esta gran ciudad son propuestas insostenibles en pleno siglo XXI, por mucho que hayan sido promesas electorales.

Estas propuestas, negando la contribución de Madrid al cambio climático y el impacto de una atmósfera sucia sobre la salud, van exactamente en contra de todos los acuerdos entre los alcaldes de las principales ciudades del mundo y en contra de todas las iniciativas que aglutinan ciudades de distintas regiones del planeta. Porque no hay ni una sola red o consorcio o agrupación de ciudades que se hayan reunido para emitir más carbono a la atmósfera, para exponer más a las personas a las partículas y gases resultantes de la quema de combustibles fósiles, ni para facilitar el tráfico de un número creciente de vehículos a expensas de contaminar localmente y activar el calentamiento de la atmósfera a nivel global. Ni una. Y existen muchas para todo lo contrario, como el pacto global de los alcaldes del mundo o la red C40 y el CDP-Cities a nivel internacional y la Red Española de Ciudades por el Clima a nivel nacional. Redes estas últimas en las que, como es lógico, está Madrid. ¿Pensará el nuevo equipo municipal dar de baja a Madrid en todas estas alianzas, redes y pactos nacionales e internacionales por la salud de las personas y del planeta?

El 1 de julio es la fecha anunciada para suspender Madrid Central. Eso a pesar de que la medida ha servido para reducir los niveles de óxidos de nitrógeno en 14 de las 24 estaciones y de que, en promedio, las concentraciones de este peligroso contaminante atmosférico se han reducido una quinta parte. De hecho, los valores de dióxido de nitrógeno y de partículas sólidas en Madrid Central durante los meses de abril y mayo de 2019 han registrado los mínimos históricos en tan sólo seis meses de funcionamiento y el temido efecto borde o frontera, por el cual las zonas aledañas a Madrid Central verían incrementada la contaminación, no sólo no se ha registrado sino que más bien al contrario, las zonas próximas a Madrid Central han mejorado también su salud atmosférica.  Recordemos además que Madrid Central es, con diferencia, una de las Zonas de Bajas Emisiones más pequeñas de las establecidas en las principales capitales europeas. Como mostraba un artículo reciente de Ballena Blanca, es más de cuatro veces menor que la de Ámsterdam –que tiene la cuarta parte de habitantes que Madrid-, casi 19 veces menor que la de Berlín –que sólo es un 10% mayor que Madrid-, y ¡1,580 veces menor! que la de Londres, una ciudad que triplica la población de la capital de España. Todo este disparate generado por el anuncio del nuevo equipo municipal ha generado una rápida e intensa reacción social, con diversas iniciativas populares en marcha para detener la reversión de Madrid Central, entre las que se encuentra la de change.org  

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La agricultura en el siglo XXI: ¿verdugo, víctima o nodriza?

Mazorcas de maíz

La sociedad actual, mayoritariamente urbana y cada vez más alejada del mundo rural, tiene serios problemas para entender lo que pasa en el campo. Y cuando hablamos de "el campo" no nos referimos a esas zonas en las que la naturaleza está más o menos bien conservada y puede ser objeto de atractivas excursiones y paseos. Nos referimos a ese enorme porcentaje de tierras dedicadas a la producción de cultivos o pastos, un 50% a nivel de España y un 37% a nivel mundial. En general, vivimos de espaldas a lo que ocurre en ese ámbito rural del que depende nuestra manutención. Mucha gente percibe la agricultura como una actividad explotadora que destruye recursos naturales y contamina el medio ambiente. Otros la ven  como una actividad bucólica, en contacto con la naturaleza, alejada del ajetreo de las ciudades. Ni lo uno ni lo otro. Como suele ser el caso. 

Ciertamente, la agricultura es un ávido consumidor de recursos renovables y no renovables y una fuente de numerosos impactos ambientales: agua, suelo, combustibles fósiles, fertilizantes, plaguicidas. A comienzos de este siglo la agricultura empleaba el 70% de toda el agua utilizada en el mundo. En muchos de los países más pobres, el agua empleada en agricultura ya llega al 90%. Se estima que el agua destinada al riego aumentará un 14% para 2030 por lo que  la escasez de agua resultante de una mayor demanda y de una menor disponibilidad por el cambio climático será cada vez mayor y en algunas regiones llegará a limitar totalmente la producción de alimentos. En un reciente informe global sobre la salud del planeta, las Naciones Unidas indican que la calidad del agua ha empeorado significativamente desde 1990 debido a la contaminación orgánica y química ocasionada por, entre otros, los fertilizantes, los plaguicidas y los metales pesados. Por otro lado, la fertilidad de los suelos se va perdiendo como consecuencia de la realización de prácticas agrarias inapropiadas y de la consiguiente erosión hídrica y eólica. Sólo en Andalucía se ha estimado que casi un millón de hectáreas están sometidas a unas pérdidas de suelo altas o muy altas. En lo referente al cambio climático, la agricultura es un importante emisor de CO2, N2O y metano, tres de los principales gases de efecto invernadero. Por otro lado hay que considerar la preocupante situación de los humedales, un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. El desarrollo de la agricultura, y en concreto la agricultura de regadío, se considera la causa principal de la reducción de estos valiosos ecosistemas. Todos estos hechos nos ofrecen, a primera vista, la imagen de la agricultura como un peligroso verdugo del medio ambiente. 

No obstante, se trata de un verdugo que da de comer a 7.500 millones de personas y del que esperamos pueda seguir dando de comer a los 10.000 millones que vivirán en el planeta dentro de treinta años. Aunque no esperamos estar por aquí para esa fecha, nos gustaría que nuestros hijos y nietos no tuvieran la desagradable sensación de acostarse con el estómago medio vacío. La verdad es que, hasta el momento, este verdugo ha sido bastante hábil para ir satisfaciendo nuestras necesidades a pesar de que no paramos de crecer. Durante las últimas décadas los avances científicos y tecnológicos de la agricultura han permitido un crecimiento continuo en la producción de alimentosEl consumo de alimentos por persona y día ha crecido rápidamente en prácticamente todos los países del mundo, mejorando el bienestar de nuestra especie. En los últimos veinte años la desnutrición y la pobreza extrema en el mundo se han reducido un 50%. Sin embargo, estas tendencias se pueden romper como consecuencia del cambio climático. Las estimaciones actuales indican que la producción agraria disminuirá hasta un 25% en grandes zonas de África, en el suroeste de Asia y en el sur de Estados Unidos y Méjico. El verdugo es a su vez víctima del desarrollo de una sociedad cada vez más urbana y tecnificada. 

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Delitos ambientales: cuando los ecólogos se meten a peritos

Recorte del diario La Vanguardia de un caso de contaminación de aguas en 1989

Es habitual que los científicos realicen asesorías y peritajes en los ámbitos de su especialidad. Diversos ecólogos hemos tenido que asesorar a las administraciones públicas y a las empresas en materia de medio ambiente. Pero la experiencia sube de tono cuando toca actuar como peritos en los tribunales ante juicios sobre delito ecológico. Si alguien no lo ha hecho nunca, se lo recomendamos.  Aunque con moderación. En el caso de Narcís Prat fueron más de 10 años y casi 100 juicios, de manera que al final ya no era no tan divertido y emocionante.  ¿Cómo se mete uno en tal berenjenal? En el caso de Narcís (estamos hablando de 1989) por cansancio e impotencia.  Estar estudiando ríos, ver cómo siguen contaminándose, cómo la Administración mira para otro lado y las empresas se resisten a dejar de contaminar te saca de quicio. Era casi un deber cívico, ya que no hacen caso por las vías científicas o de difusión que había en su momento (noticias en blanco y negro en los periódicos), a ver si se puede hacer algo real para solucionar un problema real. 

Lo primero que sorprendió fue el desbarajuste que había en los juzgados de Barcelona. Para ir a una sala del juico, al principio, pasabas por pasillos llenos de mesas con multitud de legajos, recovecos con armarios llenos a rebosar y llegabas a una sala para el juico que no tenía nada que ver con las series americanas que se veían en la televisión. Después sorprendía la ignorancia de los presentes sobre el tema. Cuando hablabas de DQO (demanda química de oxígeno) era como hablar de magia, muchas de las intervenciones eran casi clases para que los jueces, los abogados de la defensa y los asistentes entendieran algo de contaminación de las aguas. Cabe decir que Narcís era perito del fiscal de delitos ambientales de la Fiscalía Superior de Catalunya. También podía haber cierta tensión ya que se encontraba con otros colegas, también catedráticos (algunos de su propia Facultad) en el bando de la defensa intentando demostrar que un vertido de Cromo hexavalente no era tan grave y que la industria de los curtidos tenía unas depuradoras fisicoquímicas excelentes (que "sólo" echaban al rio un contenido de amonio de 50 mg/l). Explicar la relación entre amonio y amoníaco, su dependencia del pH y como esto incidía en la mortalidad de los peces no era sencillo, pero Narcís fué aprendiendo a ajustar el discurso y a discutir con sus colegas sobre el tema. En algunos momentos no fue fácil y un perito de la defensa le llegó a calificar como "Terrorista Ambiental". 

El papel de los jueces es algo que todavía hoy nos confunde, como un mismo análisis del agua con resultados similares puede ser motivo de dictar una sentencia absolutoria o culpable según el juzgado, (por ejemplo, el Penal 1 y 2 de Sabadell). Nos confunde ver cómo la sentencia puede ser recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que este diga lo contrario del Penal que sentenció a favor o en contra y luego pueda ser recurrida por el fiscal a la Audiencia o al Supremo y que vuelva a dar la razón al juzgado (o al revés). Las sentencias no eran fáciles de leer, algunas tenían más de 50 páginas y ya en la página 6 estabas medio perdido y te ibas al final, al fallo. Hay que decir que había jueces muy interesados que se estudiaban a fondo el caso, pero también otros que ya desde el principio se les veía que habían decidido la sentencia fuera cual fuera el peritaje

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Ciencia en positivo: Yes, we can!

Edificio de la Universidad de Cádiz

Hace cosa de un mes coincidimos con dos investigadores muy jóvenes y brillantes de nuestra abarrotada diáspora internacional. Los conocemos bien porque han trabajado en el entorno de nuestro departamento y sólo cabe decir que son realmente buenos. Al preguntarles por su futuro nos comentaron que habían conseguido sendos contratos Ramón y Cajal, que, para quien no lo sepa, son la joya de la corona de un sistema de captación de talento científico organizado y financiado por el ministerio de turno (nuestras excusas por no completar el nombre, porque la ciencia ha pasado por cuatro ministerios diferentes en las últimas dos décadas, y con las elecciones anticipadas encima, cualquiera se aventura con el nombre del próximo). 

Ya hemos escrito muchas veces sobre las dificultades para desarrollar una carrera investigadora en nuestro país y lo paradójico que resulta que, como leíamos el otro día en El País, más del 50 % de los profesores universitarios no investiga nada o casi nada, y por otro lado nuestros investigadores postdoctorales (o “postdocs”) son investigadores muy valorados internacionalmente. Nuestros postdocs se cuentan entre los candidatos más cualificados y de mejor desempeño en el mercado internacional y, sin embargo, no hay manera de traerlos de vuelta de una manera digna. El programa Ramón y Cajal cuenta con una financiación escasa y la incorporación final de los contratados en el sistema de I+D+i de nuestro país es bastante incierta, pero sin duda consigue el objetivo de atraer y retener a una fracción de los mejores científicos. Se trata de un sistema extraordinariamente competitivo que permite retornar a lo mejor que hay por ahí fuera, retener algo del talento que ya volvió, e incluso atraer investigadores extranjeros con trayectorias prometedoras. Un sistema que por fortuna se ha mantenido de forma transversal independientemente del color político del ejecutivo, aunque con las obvias dificultades de financiación introducidas con la excusa de la crisis y mantenidas hasta ahora. Podemos estar orgullosos de algunas cosas que se hacen razonablemente bien en este país. 

Al preguntarles a qué institución iban a incorporarse con sus contratos nos comentaron de forma coincidente que a la Universidad de Cádiz. La verdad es que alucinamos; más allá del clima, los paisajes, la gente y la historia, factores nada desdeñables para elegir un lugar para vivir, no hubiéramos pensado en esta universidad como primera opción para desarrollar una carrera investigadora de vanguardia internacional, al menos en las áreas de trabajo de estos jóvenes, donde el número de investigadores allá es relativamente bajo. Aunque casi cualquier rector o rectora de una universidad española en su discurso inaugural de curso académico habla siempre de la excelencia en la investigación y del compromiso para captar y retener talento, no suele haber medidas concretas y, desde luego, ninguna valiente. Pues sí, hoy traemos un caso de éxito, una constatación de que sí se pueden adoptar medidas concretas, valientes y eficaces para atraer y retener talento científico joven. Estos chicos no van a Cádiz sólo por las bondades del lugar, si no, sobre todo, porque la universidad ofrece un plan realmente ambicioso y moderno de captación de talento.

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La chirigota de los científicos

Máscaras de carnaval

Los científicos españoles estamos en la duda de si componer una chirigota carnavalera, para aliviar con cierto humor nuestros pesares, o hacernos directamente el harakiri ante nuestra desesperación. Aunque la Ley de la Ciencia del año 2011 abría un abanico de soluciones a los problemas de estructura y funcionamiento de la I+D de nuestro país, los sucesivos gobiernos la han incumplido reiteradamente desde su aprobación. A estas alturas seguimos rogando una y otra vez que se cumpla lo que la ley ordena. Incluso en algún momento se nos ocurrió proponer algunas mejoras a esta Ley. ¡Que derroche de optimismo! Con las prisas de un Gobierno que se cierra, el 8 de febrero de este año se aprobó un Real Decreto de medidas urgentes en Ciencia que se proponía atajar algunos incendios inminentes y los problemas más flagrantes a los que se enfrenta el ejercicio de nuestra profesión. El Decreto nació apresurado e incompleto y ahora no estamos seguros si será posible convalidarlo antes de que se disuelvan las Cortes por el adelanto electoral [1]

Otro esperado Real Decreto, el que debe homologar las retribuciones de las ya homologadas escalas científicas de los organismos públicos de investigación (OPIs), ni siquiera ha visto la luz. A pesar de que la Ley de la Ciencia lo obliga, ni el breve Gobierno de Pedro Sánchez ni el anterior de Mariano Rajoy, lo ha publicado. Ni siquiera lo ha logrado una sentencia del Supremo. La situación es tan anómala que no sólo existe una falta de equiparación entre distintos OPIS sino que incluso en el OPI más grande, el CSIC, coexisten en la plantilla científicos en circunstancias muy diferentes, 50 de ellos en situaciones tan irregulares e injustas que no dudan en considerarse como "apestados" dentro de su propia institución. El funcionar a golpe de Decreto, sumado a la existencia de carreras profesionales paralelas y no unificadas entre los distintos OPIs y el arrastrar sin reconocer ni aclarar situaciones kafkianas en los sucesivos cambios políticos lleva a tremendas injusticias en el reconocimiento profesional

En la práctica, nuestra actividad científica lejos de ser apoyada y facilitada (como ocurre en numerosos países, no olvidemos que traemos fondos competitivos por ejemplo de la Unión Europea y que aportamos patentes y contribuimos al bienestar social) se ha ido convirtiendo en una carrera de obstáculos ante la que no sabemos si reír o llorar. O quizá debamos entrenarnos de otra forma, y en lugar de hacer estancias en laboratorios y centros de investigación extranjeros debamos pasar más tiempo en centros deportivos de alto rendimiento y aprender a lidiar con yincanas de todo tipo. La realidad es que no la ley, sino la particular aplicación o directamente la falta de aplicación de la ley, nos ha colocado en una categoría inferior de la liga internacional de la Ciencia. Y aquí seguimos jugando en tercera división, con los ánimos por los suelos al ver sentencias que no se cumplen, fondos paralizados de nuestros proyectos por la falta de acuerdo político en los presupuestos del Estado, jóvenes investigadores excelentes que donamos generosamente a Estados Unidos, Alemania o Japón, y las mejores horas de cada uno de nuestros días invertidas en cumplimentar más y más formularios, cuya mera cumplimentación nos ocupa buena parte del tiempo que disponíamos para investigar. Quizá tengamos mucho que aprender de la actitud y del optimismo de la Agrupación Deportiva Ceuta Futbol Club o del Club Deportivo Don Benito, que, aun siendo de tercera división, han salido al campo dispuestos a verse las caras con el Real Madrid o el Barça en la presente edición de la Copa del Rey. 

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¿Son suficientes las reformas de la gestión de la ciencia recién aprobadas por el Gobierno?

Hace un par de meses describíamos en esta sección algunos indicios de cambio en la ciencia española, centrándolos en el caso del CSIC, una de sus instituciones de referencia. Hacíamos el análisis como resultado de una iniciativa de colaboración entre científicos, políticos y gestores que comenzó hace ya más de cinco años, destinada a implementar las reformas que necesita la gestión de la ciencia española (y de la que hemos dado cumplida cuenta en este foro; 1, 2, 3, 4). En paralelo se han desarrollado nuevas iniciativas por parte de otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs), varias Fundaciones, la COSCE, la CRUE y la SOMMa, entre otros, que llegan a conclusiones similares y que se pueden resumir en un decálogo. Este decálogo representa el conjunto de normas y consejos básicos necesarios para el desarrollo de la I+D pública española.

La necesidad de implementar todos los puntos de este decálogo no implica necesariamente que haya que aplicarlos todos a la vez. Hay procedimientos y prácticas organizativas, generalmente relacionadas con la interpretación de las normas, que deben cambiarse con urgencia para evitar el colapso del sistema. Un ejemplo claro es la intervención previa de las inversiones y gastos en los OPIs, que retrasa y dificulta la gestión eficaz de los recursos económicos en el entorno competitivo y cambiante de la actividad científica, lo que acaba asfixiándola. Algunas soluciones en este sentido se incluyen en el Real Decreto Ley 3/2019 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero. La aprobación de este Real Decreto Ley (RD-L) representa, sin embargo, una oportunidad perdida para modificar otras Leyes (por ejemplo la de subvenciones, la de Régimen Jurídico del Sector Público o la general presupuestaria), cuya aplicación severa es lo que realmente asfixia el sistema español de I+D. El contexto político actual no favorece, desde luego, el desarrollo de normas de calado, que exigen debates extensos, consensos amplios y compromisos a largo plazo. De hecho, un aspecto clave que no se ha abordado en este RD-L son las dificultades de funcionamiento y de autonomía presupuestaria de Agencia Estatal de Investigación (AEI) encargada de la financiación competitiva de la actividad científica. Esta Agencia, que debería contar con una estructura de gestión independiente, tiene problemas para asegurar una agenda de convocatorias de proyectos y personal que sea estable y predecible para los grupos de investigación. Planificar la investigación a medio plazo en estas condiciones es como avanzar por un videojuego de puentes movedizos, que pueden desaparecer cuando más se les necesita: ¡Game over!

A petición de los parlamentarios de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, organizamos una jornada sobre modelos de organización de los centros públicos españoles de investigación. Su objetivo fue debatir las claves del éxito (o el fracaso) de su gestión, de su gestión y las dificultades y la burocratización creciente consecuencia de los años de crisis. Asistieron los responsables de las iniciativas autonómicas CERCAIKERBASQUE e IMDEA, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),  el vicepresidente de investigación del CSIC, representantes parlamentarios de la Comisión, e investigadores convocantes del CSIC. El documento adjunto resume las conclusiones alcanzadas, y la propuesta de reformas y actividades a corto, medio y largo plazo, elaboradas por los gestores de la ciencia española, justo antes de la publicación del RD-L. Disponemos, por tanto, de una magnífica oportunidad para comparar las conclusiones de la jornada y este RD-L.

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E. C. Pielou, la mujer que elevó el rigor matemático de la ecología

E.C. (Chris) Pielou (1924-2016)

Uno de los sesgos más extendidos del sistema patriarcal que afecta a nuestra percepción de la ciencia es la omisión o el desconocimiento del papel de las mujeres  como grandes impulsoras del avance científico. No solo no tenemos conciencia de la importancia de científicas e inventoras como Ada Lovelace o Rosalind Franklin, que han pasado desapercibidas incluso entre aquellos que han seguido sus pasos en la computación o la biología evolutiva, respectivamente. Además, existe un efecto perverso que pasa aún más desapercibido:  el de asumir que los apellidos de investigadores eminentes corresponden con las iniciales de un hombre. 

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia queremos contribuir a revertir esta tendencia. Para  ello nada mejor que el ejemplo de una de las científicas más relevantes de la ecología cuantitativa del siglo XX, cuyo género es obvio para los ecólogos norteamericanos que coincidieron con ella en congresos, pero que ha pasado desapercibido a muchos ecólogos europeos y de otras partes del mundo, que, al desconocer el nombre que se esconde tras las siglas E.C., asumieron (y asumimos) que se trataba de un hombre. 

Evelyn Chrystalla (Chris) Pielou fue uno de los más prominentes ecólogos del siglo XX (usamos el masculino a propósito). De hecho, fue pionera y fundadora de la Ecología Cuantitativa, una disciplina que se basa en introducir rigor matemático y estadístico a los estudios de ecología. Un rigor que ahora caracteriza a toda la Ecología moderna y que se debe en buena parte a su esfuerzo por poner a las matemáticas al servicio de las demás ciencias

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¡Qué derecho tuerces!

Los homeópatas venden agua con azúcar en farmacias para curar casi todo. Los negacionistas del cambio climático dicen que la Tierra se ha calentado más rápido otras veces en el pasado sin la intervención humana. Muchos políticos prometen mejoras sociales bajando impuestos a partir de su interpretación de los modelos económicos. Bastantes deportistas afirman aún hoy en día que las agujetas son debidas a microcristales de ácido láctico. En las playas se escucha a los padres prohibir el baño a sus hijos porque se les cortará la digestión. En los bares y en las televisiones los hay que insisten en que la igualdad de las mujeres y los hombres se logró en España hace ya muchos años. Lo único que tienen en común todas estas situaciones, además de apoyarse en el error, es que quienes las defienden lo hacen con mucha rotundidad. Como si las alternativas fueran imposibles o puros disparates. Un provocador artículo reveló hace ahora veinte años la base científica de que los incompetentes se muestren muy seguros. Se conoce como el efecto Dunning-Kruger y ha vuelto a suscitar mucha investigación tras la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas de 2017. 

El estudio mostró, sin apenas margen para la duda, que las personas que peor resolvieron los tests se mostraron, sin embargo, más seguros de haberlos hecho bien. El trabajo fue sencillo, claro y estuvo bien diseñado. Las implicaciones son terribles. Los resultados confirmaban la hipótesis de los autores que se apoyaba, a su vez, en la afirmación "la ignorancia engendra confianza con más frecuencia que el conocimiento" del mismísimo Charles Darwin en 1871 y que entroncaba a su vez con la tradición socrática de que "el auténtico conocimiento es saber que no se sabe nada". Pero los propios Dunning y Kruger, autores del trabajo inicial, se quedaron sorprendidos por la potencia y claridad de los resultados de sus encuestas. El patrón era general entre diferentes grupos sociales y se mantenía independientemente de los contenidos del test. 

Estamos viviendo tiempos paradójicos y sorprendentes donde apoyamos a líderes incompetentes e ignorantes a pesar de la cantidad de conocimiento que tenemos a nuestro alcance y de la proliferación de herramientas gratuitas y universales para acceder a él a través de internet. En estos tiempos vemos entrenadores de fútbol, influencers y reyes de las redes sociales, responsables de la iglesia y, lo que es peor, conocidos políticos y hasta presidentes de gobierno contar con un abrumador apoyo popular diciendo grandes sandeces apoyadas presuntamente en datos o en alguna forma de conocimiento. No podemos criticarles a ellos, o no sólo a ellos. Ellos responden al patrón planteado por Darwin hace siglo y medio o por los griegos hace un par de milenios de que es la ignorancia y no el conocimiento lo que lleva consigo la confianza. La sociedad se sacude de encima la incertidumbre, particularmente cuando las cosas en lo social y en lo económico no van bien, y abraza la seguridad, la confianza ciega, la rotundidad. En estas situaciones la sociedad opta por creer en lo que quiere creer, como si uno pudiera elegir entre distintas versiones de la realidad, como si la dinámica celeste, las reacciones químicas o la trigonometría pudieran apoyarse en distintas ecuaciones según nuestras necesidades o preferencias. En estas situaciones la sociedad busca y apoya líderes que se muestren muy seguros, aunque sean incompetentes. 

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Replanteando el modelo de publicación y de acceso a la información científica

Publicaciones científicas

La publicación de trabajos científicos está dominada por un reducido grupo de empresas editoriales que operan con márgenes de beneficio desorbitados de hasta el 40% [1]. A pesar del presupuesto limitado con el que cuenta el sistema científico español desde hace años, el conjunto de universidades y organismos públicos de investigación de nuestro país mantiene ungasto ingente (decenas de millones de euros anuales) para poder acceder a las bases de datos y publicaciones editadas por las grandes editoriales. Por ejemplo, la suscripción a la base de datos Scopus (propiedad de Elsevier) nos cuesta más de 2 millones de euros al año [2], y la suscripción a Web of Science (propiedad de Clarivate) se estima que cuesta más de 3 millones de euros al año. A pesar de que a menudo se vende el acceso a estas bases de datos como indispensables para los científicos, actualmente existen alternativas gratuitas viables y con prestaciones similares [3,4] (e.g. Google Scholar, MS Academic, Dimensions, 1findr, ...). 

Los costes de suscripción para poder acceder al contenido de revistas científicas son aún más impactantes [5] y con constantes subidas de precios anuales. Por ejemplo, se estima que España paga unos 25 millones de euros anuales [6] sólo para poder leer los contenidos publicados en Elsevier. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, esa cantidad es equiparable [7] a lo que se invierte anualmente en todo el programa postdoctoral Juan de la Cierva. El beneficio económico de estas grandes editoriales contrasta con el hecho de que la inmensa mayoría de editores, autores y revisores realizan su trabajo de asesoramiento y revisión de manera gratuita. Un primer paso imprescindible es conocer el gasto real de forma fiable exigiendo más transparencia sobre los costes de las licencias tanto de bases de datos como de revistas. 

Ni siquiera la tendencia generalizada al incremento de la publicación en Acceso Abierto (Open Access - OA), que permite que cualquiera pueda leer los artículos tan pronto se publican y que sin duda va a aumentar en la Unión Europea una vez que el Plan S entre en vigor en 2020, ha provocado un cambio de actitud en las negociaciones con las editoriales. De hecho, la tendencia hacia la publicación en OA no se ha visto compensada por un acceso más económico [8] a las publicaciones científicas, de modo que la cuestión de los altos costes de acceso y suscripción es uno de los grandes obstáculos a la generalización de la publicación en OA. 

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Desiertos prístinos y bosques desiertos: revisando algunos tópicos sobre la desertificación

Los valores del desierto

El celebérrimo E.O. Wilson, de la siempre prestigiosa Universidad de Harvard, popularizó el término de biofilia acuñado por el filósofo Erich Fromm para hacer referencia a la supuesta inclinación positiva que tenemos hacia la diversidad biológica. Según estos autores cuanta más biodiversidad en nuestro entorno, mejor nos encontramos. Se utilizó, sobre todo, para agitar conciencias y señalar uno de los mayores problemas de carácter global a los que nos enfrentamos: la dramática pérdida de diversidad biológica que vivimos como consecuencia del cambio global. Tuvo éxito y hoy vemos el término por doquier en todo tipo de contextos, sea en el proyecto educativo y musical pilotado por la cantante Björk o dando amparo a los premios Frontera del Conocimiento de la Fundación BBVA.

¿Existe o no la biofilia, más allá de como un recurso comunicativo? ¿O es más bien un ejemplo más de términos que, propuestos en marcos muy concretos, saltan a otros contextos para ser ampliamente utilizados incorporando sesgos semánticos y conceptuales profundamente irracionales?

Uno de los casos más llamativos de utilización casi irracional pero muy extendida de un término biológico es el de desertificación. Se trata de un término acuñado en la década de los setenta durante la crisis humanitaria asociada a las devastadoras sequías y hambrunas recurrentes que ocurrieron en aquel momento en el Sahel. El impacto de aquellos acontecimientos fue tan brutal y él éxito del término tan llamativo que incluso Naciones Unidas puso en marcha una Convención de carácter global para luchar contra la desertificación. La presencia recurrente de adultos y niños famélicos en los medios exigía respuestas de carácter global. No hablábamos entonces de Cambio Global, ni de sus motores: simplemente se nos anunciaba, con ese impactante término, que el desierto estaba a las puertas de casa y que muy pronto nos asaltaría.

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