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El desPrestigio de todo un sistema

Vertido de chapapote del Prestige en la costa da morte. Foto de Stéphane M. Grueso, perteneciente al documental "Historias del Chapapote" (Backpackvideo Films, 2003). Más info en: www.steph.es.

Alaska, 24 de marzo de 1989. El petrolero Exxon Valdez causa un vertido de entre treinta y cuarenta mil toneladas de crudo en la costa de Alaska, contaminando 2.100 km de costa y 28.000 km2 de océano. La gestión de esta crisis por Exxon fue lenta y deficiente, centrada en contener daños de imagen y evadir responsabilidades. Esa forma de abordar el problema le generó grandes costes: 2.500 millones de dólares por los trabajos de limpieza, 1.100 millones de dólares en varios acuerdos para evitar la acción judicial, una indemnización de 287 millones de dólares y una multa (daño punitivo) de 5.000 millones de dólares – aunque, tras varias apelaciones, ésta fue reducida a 507.5 millones de dólares, que Exxon pagó en 2009. Las causas del desastre incluyeron las reducciones en el tamaño de la tripulación y las deficiencias en la instalación, mantenimiento y operación del equipo necesario para operar el barco. Tras él, el congreso de EEUU introdujo el Acta de Contaminación por Petróleo ( OPA) en 1990, que exige a las compañías planes para la prevención, control y limpieza de vertidos de crudo, prohíbe operar en Alaska a aquellos que han causado vertidos de más de 3,78 millones de litros (como la propia Exxon) y prohíbe los petroleros monocasco de más de 5000 toneladas en aguas de EEUU a partir de 2010.

Península de Bretaña, diez años después: 12 de diciembre de 1999. El petrolero monocasco Erika, contruido en Japón en 1975, fletado por Total-Fina-Elf, propiedad de la empresa maltesa Tevere Shipping y operado por la compañía italiana Panaship con certificados de la empresa italiana RINA, se parte y hunde vertiendo entre cuatro mil y veinte mil de las 31.000 toneladas de petróleo que transportaba y contaminando 400 km de costa. En 2008, la empresa RINA y los propietarios de Tevere Shiping y Panaship son condenados a pagar de forma solidaria 192 millones de euros y multas individuales. La sentencia también concluyó que Total SA fue culpable de imprudencia y la obligó a pagar una multa de 375.000 euros y cerca de 400 millones de euros a los grupos involucrados en la operación de limpieza. Esta sentencia fue ratificada en 2010, y el accidente del Erika ha cambiado la legislación ambiental francesa. Obligó a las cortes de justicia francesas a examinar la interacción entre la legislación nacional e internacional y, al hacerlo, a reafirmar su jurisdicción sobre este tipo de incidentes e implementar reformas a la ley criminal marítima francesa. La ley francesa de contaminación ambiental de 1983 fue además complementada con legislación introducida en 2001, 2004 y 2008, que establece una lista de todos los daños ambientales que cualifican para compensación frente a las cortes francesas y eleva las multas criminales desde 375.000 a un millón de euros.

Galicia, tres años después: 13 de noviembre de 2002. El petrolero monocasco Prestige tiene un accidente mientras transita frente a la Costa de la Muerte y acaba vertiendo más de 50.000 toneladas de petróleo que causan la marea negra que afectó las costas del norte de Portugal, todo el norte de España y SO de Francia. En base a los ejemplos anteriores, uno podría pensar que un accidente así acabaría en una condena ejemplar a las empresas propietaria (la liberiana Mare Shipping), explotadora (la griega Universe Maritime), clasificadora (la americana ABS) y propietaria de la carga (la rusa Crown Resources). Parece indudable que el accidente inicial, que causó una vía de agua que afectaba a dos tanques de lastre, estaba directamente relacionado con las malas condiciones del petrolero, de 26 años de antigüedad y cuya última reparación en China fue una chapuza (las 1000 toneladas de acero que debían sustituirse acabaron siendo 362) refrendada por la certificadora ABS. Sin embargo, la gestión de la crisis por las autoridades españolas que, en lugar de permitir que el buque se acercarse a puerto para repararlo y contener el vertido, le obligaron a alejarse de la costa hasta provocar su hundimiento a 250 km de ésta, las convirtieron en co-responsables del accidente –haciendo prácticamente imposible delimitar las responsabilidades a las empresas mencionadas e iniciando la consabida espiral de encubrimientos, inacciones y presiones encaminados a frenar la acción de la justicia.

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Ahorcados con cinta roja

Monigote McCoy

Según el Diccionario de la lengua española, un balduque es una “cinta estrecha, por lo común encarnada, usada en las oficinas para atar legajos”. Parece que el uso del balduque data de tiempos de Carlos V, quien lo utilizaría para identificar los documentos de especial importancia – los expedientes comunes se ataban con un cordel. La costumbre se extendería rápidamente entre las monarquías europeas. Y hoy día, en inglés, el término balduque ( red tape) denota “ una excesiva burocracia o adherencia a las reglas oficiales y formalidades” ( Oxford English Dictionarydixit). Desde entonces la administración española se ha distinguido por su prolífica y asfixiante burocracia, que representa uno de los principales obstáculos al funcionamiento de la investigación pública y privada – muchas empresas, sobre todo de pequeño tamaño, prefieren renunciar a las ayudas y créditos para I+D+i que enfrentarse a la burocracia que éstas exigen.

Los responsables de nuestra política son conscientes desde hace años de este problema. Hasta el punto de que tanto la Ley de Agencias aprobada en la legislatura pasada como la Estrategia y el Plan Estatal de I+D+i aprobados en ésta incluían entre sus objetivos la reducción de la burocracia. A pesar de ello, durante el último año los investigadores hemos visto un aumento de la carga burocrática, y acabamos de recibir un nuevo balducazo.

La idea, si bien un tanto retorcida, no deja de ser inteligente y es posible que hasta funcione: es fácil que acabemos disminuyendo costes. Veamos cómo funciona, porque representa un ejemplo excelente del gasto que se esconde tras la burocracia excesiva. Para evitar el despilfarro en comisiones de servicio (costes de alojamiento y transporte en viajes de trabajo), las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos, y de Administraciones Públicas, establecieron el 22 de octubre una serie de instrucciones que en conjunto parecen razonables. Por ejemplo,  hay que comprar billetes con una antelación mínima y que viajar en transporte público y clase turista (esperemos que nuestros políticos se den por enterados). Lamentablemente, las instrucciones también aumentan la carga burocrática, obligando a presentar una memoria y documentos justificativos con motivaciones y explicaciones más extensas y detalladas de lo habitual. Esto implica que es necesario escribir, imprimir y firmar una memoria de 1-2 páginas para cualquier tipo de desplazamiento, como una reunión de dos horas en una población cercana o un día de trabajo de campo, que se podrían solventar con un desplazamiento en coche propio y una memoria genérica al final del proyecto o serie de reuniones. Dichas memorias, además, deben ser leídas y aprobadas por gerentes y directores de centro antes de aprobar las comisiones de servicio – con el consiguiente coste en términos de horas de trabajo que se podrían dedicar a labores más productivas, maximizando la efectividad de la administración.

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Sobre primaveras silenciosas y mundos verdes: ¿Tan utópica es una agricultura sin plaguicidas?

bitxos - Ilustración de Werens

En los años 60 se publicaban, con tan solo dos años de diferencia, un libro divulgativo cuyo contenido fue fuertemente criticado por carecer de base científica y un artículo científico que hasta hoy ha sido citado más de 1500 veces. El libro (“Silent spring”, de Rachel Carson, 1962) denunciaba de forma dramática una relación directa entre el uso masivo de insecticidas en agricultura y la contaminación del medio ambiente. El artículo (“Community structure, population control, and competition” Hairston, Smith, and Slobodkin, 1960) defendía lo que hoy se conoce como la “hipótesis del mundo verde”, que expone que en los sistemas naturales las poblaciones de herbívoros están reguladas por sus enemigos naturales (depredadores, parasitoides y parásitos), de manera que evitan que se consuma todo el material vegetal disponible y nos permite observar un “mundo verde”, incluyendo los bosques y las selvas. A este mecanismo de regulación de poblaciones de herbívoros se le llama regulación “desde arriba hacia abajo” (“top-down control” en inglés).


Dos trabajos sin relación aparente pero que, sin embargo, tienen mucho en común. Las causas que llevaron a que un libro como “Silent spring” se escribiese empezaron con la intensificación de la agricultura, el aumento del comercio internacional y la introducción de nuevos cultivos en zonas donde no se cultivaban. Todo ello facilitó la transferencia de especies plaga entre distintas áreas del globo, que, unido a una demanda elitista que exigía productos estéticamente perfectos, llevó al sector productivo a depender en exceso del control químico. El uso extensivo de plaguicidas trajo las más que conocidas consecuencias tales como el desarrollo de resistencias en las plagas, elevados costes de producción, bioacumulación de toxinas a través de las redes tróficas, contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad, y riesgo para la salud humana. El conocimiento de estas consecuencias por el sector público, que se ha favorecido gracias al aumento de transferencia tecnológica desde los centros de investigación a todos los sectores socio-económicos, fomentó la concienciación ecológica, y ha provocado que hoy día la demanda se reoriente cada vez más hacia productos de elaboración saludable. Consecuentemente, el sector productivo se ve obligado a buscar medidas de control de plagas respetuosas con el medio ambiente y con la salud humana. Una de las estrategias que mejor cumple con estos requisitos es el control biológico de plagas (CBP), cuyo mecanismo de acción se basa en una regulación “top-down” de herbívoros, esto es, en el uso de enemigos naturales de las plagas con el fin de conseguir un “cultivo verde”.

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Las consecuencias de mentir

Ciencia y Politica - Ilustracion de Yoana Novoa

Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa, es, en palabras de la Real Academia, mentir. Mentir es un atajo atractivo para lograr diversos objetivos e implica un engaño intencionado y consciente. Mentir está mal visto en la mayoría de las sociedades contemporáneas, lo cual no impide que sea muy frecuente. Algunos escándalos recientes asociados a fraudes científicos sonados han dado pie a quejas, enarboladas muchas veces desde administraciones y grandes empresas, de que muchos científicos defienden puntos de vista mediatizados por sus propios intereses. Incluso se argumenta que dichas mentiras son fáciles debido al exceso de confianza en el trabajo de los científicos.  ¿ Podemos fiarnos, por tanto, del conocimiento científico? ¿Y de la opinión de los científicos presentados, por ellos mismos, las administraciones o los medios de comunicación, como “expertos”?


Hay quien defiende la confianza en el mundo de la investigación por el hecho de que predominan las personas “puras”, que trabajan por vocación y son ajenas a conflictos de intereses. Nosotros, sin embargo,  opinamos de manera diferente: la confianza emana del método científico, que persigue explícitamente el contraste colectivo, de forma que los sesgos individuales, sean motivados por el desconocimiento o por intereses personales, son sometidos a escrutinio público mediante la validación reiterada de la evidencia que soporta los resultados publicados. El método se ve afectado, no hay que engañarse, por la influencia de un “establishment” en el que la reputación o la popularidad, la red de influencias y  los desequilibrios pueden contar más (al menos a corto plazo) que el contraste objetivo de la evidencia. Sin embargo, el método conserva, a la larga, la propiedad esencial de que tanto las mentiras como los errores acaban siendo detectados.

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Luto por la Ciencia española

Luto por la Ciencia Española

Mañana, 18 de octubre de 2013, se cumplen 79 años de la muerte de Santiago Ramón y Cajal – prolífico y genial neurocientífico, poseedor del único Nobel español de ciencias (el Nóbel de Severo Ochoa, que desarrolló toda su carrera investigadora en EE.UU., es aún menos español que la liga que ganó Raúl en Qatar). Como no podía ser menos en la época que le tocó vivir, su legendaria carrera científica se caracterizó, desde su rebelde infancia, por la lucha contra un sistema provinciano y esclerotizado en el que el criterio de autoridad y la pobreza de medios relegaba el genio, la elegancia y el trabajo empírico a un discreto segundo plano. Don Santiago pasó enormes penalidades para desarrollar su investigación y a menudo arrastró a ellas a su propia familia, y el visionario relato de su actividad científica en su libro de memorias Mi labor científica nos muestra como movilizó, para conseguirlo, su carácter tozudo, exigente y extremadamente patriótico.

Casi un siglo después, investigar en España sigue siendo una labor heroica. Tras un breve período de espejismo, en que la mejora de fondos y estructuras nos permitió soñar con estar entre “los grandes” (a pesar de contar éstos últimos con más medios, mejor organización y el valor acumulado de muchas décadas de construcción de capacidad y capital humano), ha bastado la primera crisis para que el gobierno de turno se apreste a desmantelar la actividad científica.  A la vista de la desproporción entre el gasto que representa y el daño que causará su cierre,  o entre el gasto que se ahorra y la riqueza que se deja de ganar, la alusión a la crisis para justificar este desmantelamiento es claramente superflua.

Como ya hemos comentado antes, a modo de ejemplo, el CSIC es la 9ª institución mundial en producción científica, a pesar de recibir una aportación directa del gobierno ( 418 M€, cinco veces menos que los 2.613 M€ recibidos por su equivalente en Francia, el CNRS) equivalente a las fianzas del caso de los ERE (más de 410 M€, 218 solo para la empresa Vitalia) , o las de la red Gürtel ( 201.4 M€  y 43.2 M€ solo para Correa y Bárcenas, respectivamente). El tremendo agujero financiero al que el recorte del Gobierno ha llevado al CSIC hace que se sumen ya cinco meses sin poder ejecutar los proyectos y contratos obtenidos por los investigadores y que han sido ya abonado a las arcas de su organización central.  Si pensamos que estamos ya próximos al momento de cierre de ejercicio económico, que causa una paralización casi completa del gasto entre noviembre y febrero, vemos que en la práctica los investigadores habrán estado sin poder ejecutar proyectos (por cuyo cumplimiento de objetivos tendrán que rendir cuentas) ni llevar a cabo su investigación durante todo un año.

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La ley del embudo y la mala educación

Andratx (Mallorca), 1935.  Un grupo de amigos hace una carroza para el desfile de carnaval con un embudo gigante, que simboliza el doble rasero que el poder aplica a los ricos y poderosos (que pasan cómodamente por su lado más ancho) y los trabajadores y necesitados (obligados a pasar por su lado más estrecho).  La carroza es muy aplaudida y comentada, tanto que acaba costando la vida a sus creadores: tras el golpe de Estado franquista, Joan Horrach es atado a la verja del cementerio de Palma y fusilado, Jaume Porcel fallece apaleado y Sebastià Cañellas, que elude la condena de muerte al ser menor, es fusilado nada más alcanzar la mayoría de edad.

Mallorca, 2012. Se constituye la  Plataforma Crida para denunciar la acelerada degradación de la enseñanza pública, causada (en su opinión) por los recortes y políticas del nuevo gobierno regional. Su nombre y logo ( el embudo) se inspiran en la historia de la carroza del carnaval de Andratx.  Crida defiende  el embudo como herramienta de un pueblo que sale a la calle a recuperar las riendas de su propio destino: “Nos quieren hacer pasar por ahí, pero si lo giras sirve para gritar”.

El resto ha acaparado los medios regionales, nacionales e internacionales durante las últimas semanas. El Gobierno balear de Bauzá respondió a las críticas por sumar recortes a la enseñanza pública y subvenciones crecientes a la enseñanza privada (en particular, a los colegios religiosos que segregan por sexos) con una cortina de humo destinada a atizar el conflicto lingüístico.

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El dinero comprometido con los JJOO sería suficiente para salvar nuestro tejido científico y tecnológico

Olimpiadas versus Ciencia

En una entrevista reciente el profesor Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, destacaba lo que hubiéramos sido capaces de hacer si los 25.000 millones de euros inyectados a Bankia se hubieran dedicado a ciencia y tecnología y el impacto que esto hubiera tenido sobre la hambruna político-intelectual que vino después. No hay mucho que añadir a eso. Hace unos días, con todo el país y el Gobierno volcado en la quimera olímpica, fuimos muchos los que nos alegramos de que no dieran la sede olímpica de 2020 a Madrid. Nuestro Gobierno estaba dispuesto a invertir 1500 millones de euros para garantizar el proyecto. En fin, un paso al frente para consolidar el modelo que nos llevó al abismo, construcciones y servicios. Poca imaginación, ¿no? De nuevo, sólo imaginar que ese dinero se hubiera comprometido en un nuevo modelo de desarrollo basado en ciencia y tecnología pondría la piel de gallina. Recordemos que el gasto real en I+D presupuestado para 2013 por el estado es de 2266,78 millones de euros.       

Sin embargo lo que tenemos en este momento es penuria y lo que nos hubiera gustado que ocurriese es sólo parte de nuestros sueños. El Real  Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, impone un corsé absolutamente intratable para la ciencia nacional y especialmente para la universidad pública, su motor más importante. Se impone una tasa de reposición de puestos de las administraciones públicas del 10 %, que se llevará a cabo de manera indiscriminada. De nuevo una medida que claramente indica que la crisis es una excusa ideológica para desmontar lo que se fue construyendo entre todos en los pasados 30 años.

En las universidades se producen situaciones dantescas. En algunos casos, en las más envejecidas, es una descapitalización en toda regla. Universidades como la de Sevilla han perdido más de 150 funcionarios en el último año. Con la tasa de reposición sólo se pueden cubrir 15 plazas. Da lo mismo si las bajas se producen en sitios científicamente productivos, en otros capaces de generar recursos para la universidad o, sencillamente, en áreas o departamentos con mucha carga docente. La medida es ciega; absurda, nos atrevemos a decir.

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Diez (y más) razones para salir a manifestarse la noche de los investigadores

#sinCiencia no hay futuro. Logo creado por Enrique Herrero y Antonio Martínez Ron (lainformacion.com)

A finales de Septiembre los científicos europeos celebramos la noche de los investigadores, en la que intentamos acercar nuestra investigación a los ciudadanos. Desde 2005, ese día les invitamos a acercarse a las universidades y centros de investigación para asistir y participar en charlas, conferencias, debates, exposiciones, películas y documentales, demostraciones prácticas, espectáculos temáticos y otras actividades. Este viernes, más de 300 ciudades europeas celebran nuestra noche. Sin embargo, la ciencia española tiene pocos motivos para estar de fiesta, porque ésta bien podría ser la última vez en que nuestra labor merece tal nombre. Por ello, en paralelo con las actividades que se van a realizar en muchas ciudades españolas, el 27 de Septiembre los investigadores vamos a salir a la calle en defensa de la I+D pública. Al igual que hemos hecho con amigos y familiares, queremos invitaros a que os unáis a las actividades y protestas convocadas este viernes.

Explicar la necesidad de defender otras áreas de lo público, como la educación y la salud, puede resultar innecesario para todos los que creemos en una sociedad igualitaria basada en la justicia social. Sin embargo, cada vez abundan más quienes parecen defender que, en un mundo moderno ya lleno de avances tecnológicos, un sistema científico sano y bien estructurado no es una prioridad. Y menos aún en tiempos de crisis, aunque ésta haya sido generada por el dominio de la economía financiera sobre la economía productiva. Otros argumentan que es suficiente con utilizar los productos desarrollados en el extranjero y aportarles valor añadido tan solo mediante su puesta en mercado. Nada más lejos de la realidad. Como demuestra, por ejemplo, la economista Marina Mazzucato, los grandes logros tecnológicos que han marcado la era digital y han enriquecido a empresas como Microsoft y Apple estaban basados en grandes programas de I+D pública.

Por eso, repasamos algunas de las muchas razones que hay para salir a manifestarse por la ciencia pública española este viernes.

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¿A nadie le amarga un dulce? Riesgos para la salud humana de emborronar el conocimiento científico

Edulcorantes - Ilustración de Weren's

El otro día, uno de los coautores de este post se disponía a disfrutar de un paseo en bicicleta cuando se le ocurrió comprarse un refresco “light”. Junto a sus compañeros de paseo decidió revisar los ingredientes del refresco, recordando la clásica “leyenda urbana” sobre los edulcorantes artificiales. Entre otros ingredientes pudieron leer lo siguiente: E-951. La introducción en Google de este código, correspondiente a un aditivo alimentario en la UE, les llevó a la Wikipedia y al nombre químico del producto: aspartamo ( código que fue corroborado con información adicional). Dentro de los resultados de la misma búsqueda aparecieron muchísimas páginas que ya en los títulos sugerían que el aspartamo era un veneno o un producto cancerígeno. Por supuesto, todas estas afirmaciones podían ser a su vez productos de nuevos bulos y leyendas urbanas, como las que aparecieron para desprestigiar todo lo que llevase la letra E delante ( incluyendo afirmaciones absurdas como el grave peligro de ingerir E-330, que no es otra cosa que ácido cítrico, conservante y antioxidante presente de forma natural en muchas frutas y parte esencial de nuestro metabolismo). Sin embargo, días después a este mismo autor le sirvieron un vino con gaseosa en que la marca de la gaseosa era de una importante multinacional que, casualmente, nunca había fabricado ni distribuido dicho producto, por lo menos en España. Al ver la lista de ingredientes destacaban: E-950 y E-951. El E-950 es el acesulfamo-K o acesulfamo de potasio. De nuevo, al googlear estas palabras se podía leer que también hacen referencia a  un producto considerado, por algunos, como altamente cancerígeno. Para el consumidor responsable, resulta cuanto menos preocupante estar ingiriendo estos productos en lo que, antes de fijarse en la etiqueta, consideraba como una simple mezcla de azúcar (o a lo sumo sacarina), agua y gas carbónico.

 

En el caso de los edulcorantes artificiales, ¿podríamos estar ante una “leyenda urbana”, ante un caso de negligencia por parte de los gobiernos, o ante un caso de omisión consciente tras la presión de las empresas productoras? Anteriormente, ya se ha tratado en este blog la necesidad de utilizar la evidencia científica disponible a la hora de regular la actividad de las empresas, particularmente sensible en sectores como la alimentación o los medicamentes, así como la dificultad e importancia de mantener la independencia de criterio frente a la presión de sectores con intereses económicamente directos y considerable capacidad de lobby.

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La estructura de las instituciones científicas y el avance del conocimiento

Ilustración: Marcos Méndez

La investigación científica se desarrolla fundamentalmente en el seno de instituciones, como universidades y centros de investigación, uno de cuyos objetivos principales es el avance del conocimiento  científico. Sus estructuras y pautas de funcionamiento están diseñadas para incentivar la investigación. Generalmente, fomentan la formación de nuevos investigadores, la diseminación y discusión de resultados, las interacciones entre grupos y otros muchos aspectos que, a la postre, repercuten positivamente sobre la adquisición de nuevos conocimientos. Sin embargo, creemos que algunos aspectos estructurales lastran el avance del conocimiento en lugar de promoverlo.

Una de las pocas cosas que en general distingue a un científico de otros profesionales afines como inventores, descubridores o tecnólogos es que aplica el “método científico” en su trabajo cotidiano. Pero no resulta siempre claro a qué nos referimos con método científico. Los muchos cambios que “el” método científico ha experimentado desde que René Descartes publicara el Discurso del método (1637) deberían bastar para convencer a cualquiera de que no existe un único método científico, una única forma rígida y predeterminada de hacer avanzar el conocimiento científico. Esta pluralidad de métodos dificulta el diseño de las instituciones encargadas de promover y hacer avanzar la ciencia. Sin embargo, la comunidad científica parece estar de acuerdo en que el procedimiento empleado debe caracterizarse por la reproducibilidad, y las teorías científicas por la refutabilidad. Esto no significa que los científicos debamos pasarnos la vida replicando experimentos anteriores e intentando  refutar las teorías existentes. Pero, dado que se ha sugerido que la mayoría de los resultados científicos publicados son falsos , cabría esperar un amplio número de estudios y artículos comprobando resultados científicos previos.

Dejamos para otra ocasión la explicación y matización de esta última afirmación, que son sin duda necesarias, y la discusión de los “falsos positivos” – el motivo  por el que, en ausencia de fraudes y malas prácticas, probablemente sean falsos tantos resultados publicados – y nos centramos en las siguientes preguntas: ¿somos suficientemente críticos con las teorías propuestas? ¿Nos esforzamos lo suficiente por verificar los resultados publicados? La respuesta a estas preguntas variará entre disciplinas, pero, al menos en algunas, la respuesta es claramente no. Las razones para este no son muy diversas. Por un lado, la curiosidad, el motor principal de la investigación, nos impulsa constantemente a hacer cosas distintas. Por otro, en muchas disciplinas implementar experimentos que permitan evaluar o refutar teorías es extremadamente difícil o caro, como en la física de partículas actual. Y es directamente imposible realizar experimentos replicados de fenómenos que actúan a escala planetaria, como el cambio climático o las extinciones en masa. Por eso usamos modelos del mundo real simulados in silico, que si se utilizan con cuidado nos permiten refutar hipótesis al contrastarlos con la realidad. Pero la falta de crítica sobre las teorías propuestas también se debe a que el sistema científico contemporáneo penaliza las réplicas y las verificaciones. Si la reproducibilidad y la refutabilidad son los pilares principales de la ciencia, ¿cómo puede el sistema penalizar réplicas y verificaciones?

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