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Amistades peligrosas: relación de amor-odio entre Industria y Academia

Nadie muerde la mano que le da de comer. Las investigaciones costeadas por empresas privadas están, en mayor o menor grado, supeditadas a los intereses específicos de dichas empresas. Por eso, para que la investigación esté al servicio de la sociedad, debe ser financiada con fondos públicos.

Ilustración de Pikichón

Ilustración de Pikichón

El debate sobre los peligros de los conflictos de intereses se ha intensificado durante la última década en el seno de la comunidad académica. El caso del Dr. Sidney Gilman, neurólogo dedicado durante décadas al estudio de la enfermedad de Alzheimer y profesor de la Universidad de Michigan hasta su expulsión en 2008, no es – por desgracia – sino un caso más. Durante su larga y prestigiosa carrera, una de las tareas del Dr. Gilman consistió en diseñar, implementar y supervisar ensayos para determinar el poder curativo de distintas drogas. Contactado por Gerson Lehrman, comenzó a trabajar como consultor de diversas compañías financieras a partir del 2000.  Dado que el valor de las acciones de las farmacéuticas puede cambiar drásticamente según los ensayos de sus fármacos den resultados positivos o negativos, se ha creado toda una industria dedicada a poner en contacto a los “expertos” con el mundo de las finanzas. La asesoría es, por supuesto, legal. Un investigador puede utilizar su conocimiento para aconsejar a una compañía financiera si debe comprar o vender acciones. Pero la asesoría corre el riesgo de acercarse peligrosamente a lo amoral, e incluso de cruzar la frontera de la legalidad. Así, en 2008, y siendo presidente del panel que supervisaba las pruebas del bapineuzumab – un fármaco destinado a curar el Alzheimer – el Dr. Gilman informó a Mathew Martoma, de SAC Capital, de que la droga no estaba dando los resultados esperados. Esta información, recibida doce días antes de que los resultados se hicieran públicos, permitió a SAC Capital deshacerse de más de 700 millones de dólares en acciones de las farmacéuticas que estaban desarrollando el fármaco, evitando con esta venta pérdidas valoradas en más de 200 millones de dólares.


El arresto de Mathew Martoma a finales de 2012 y el ostracismo a que ha sido sometido el Dr. Gilman por parte de la Universidad de Michigan han dado pie a un reciente debate, organizado el 10 de enero de este año por la AAAS (American Association for the Advancemente of Science), sobre los conflictos de interés en investigación y cómo las relaciones entre investigación pública e industria privada pueden afectar el desarrollo de la ciencia. En este debate el problema de las asesorías se ha tratado de forma tangencial, ocupando un papel más prominente los potenciales sesgos que se introducen cuando un investigador, al ser financiado por la industria privada, se convierte en un empleado altamente cualificado de la compañía que financia su investigación. Cuando los resultados de la investigación son contrarios a los intereses de la empresa que la financia, ¿podrá el investigador hacerlos públicos? Aún peor: ¿hasta qué punto diseñará el investigador su estudio de tal modo que maximice la posibilidad de concluir lo que a la empresa le interesa, aunque no se trate más que de un “falso positivo”? Hablamos de falso positivo, por ejemplo, cuando concluimos que una droga tiene poder curativo sin tenerlo. Es imposible garantizar que un estudio no producirá un falso positivo, pero la probabilidad de que esto ocurra se puede minimizar con un diseño experimental adecuado, y repitiendo el experimento las veces que sea necesario.

Aunque a día de hoy parece imposible conseguir una separación total entre Industria y Academia, son muchos los que querrían ver una brecha total entre ambos mundos. ¿Por qué? Es muy sencillo: el objetivo del mundo académico es el avance del conocimiento científico. Este esfuerzo se financia con fondos públicos en el convencimiento de que el desarrollo científico es ventajoso para la sociedad que lo financia. Así, y de forma un tanto indirecta, el objetivo del mundo académico es mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad. Para la industria, el objetivo es otro. La industria vive por y para conseguir beneficios. Que su actividad tenga un efecto positivo o negativo sobre la sociedad es, para la industria, secundario. Por ejemplo, si un producto fitosanitario resulta perjudicial para el medio ambiente o para la salud humana, la sociedad en su conjunto se beneficiará si dicho producto deja de emplearse. La industria que lo produce, sin embargo, se beneficiará si la sociedad nunca se entera de los peligros asociados al uso del producto. Por ello, para proteger sus derechos, la sociedad requiere un mundo académico fuerte e independiente, que no esté sometido al control y las presiones de la industria.

Dado que la separación total entre Industria y Academia es, a día de hoy  imposible, los científicos buscan mecanismos que minimicen los riesgos de estos inevitables lazos entre los dos mundos. Por ejemplo, son cada vez más las revistas que nos exigen declarar si nuestras relaciones con la industria pueden suponer un conflicto de intereses que pudiera, potencialmente, afectar la forma en que planificamos o describimos nuestro estudio. Igualmente, muchas revistas médicas rechazan publicar resultados sobre ensayos de fármacos realizados con humanos si el ensayo no se registró al comenzar en una base de datos del gobierno de EEUU – lo cual disminuye el riesgo de que los ensayos con resultados negativos queden archivados para salvaguardar los intereses de la industria farmacéutica. Además, antes de comenzar ensayos con humanos, y al menos en EEUU, la ley exige a las farmacéuticas que registren los ensayos proyectados en dicha base de datos.


Mientras los científicos se preguntan cómo minimizar el impacto negativo de la proximidad entre Industria y Academia, el gobierno español parece dispuesto a capitanear en solitario una expedición en sentido inverso. El Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020, basándose en el sofisma de que la industria sabe mejor que nadie lo que nuestra sociedad necesita, presagian el inicio de una nueva y muy peligrosa fase en la relación entre Industria y Academia en nuestro país. A falta de conocer medidas concretas, todo apunta  a que el dinero público se empleará al menos en parte para financiar directamente la investigación privada, de forma que la industria tenga el poder de decisión sobre las prioridades de estudio, y que la Academia, privada de autonomía y poder de decisión, se transforme en algunos ámbitos en una marioneta de la Industria. Esperamos estar muy equivocados.

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