En esta sección hemos hablado a menudo de la endogamia, un problema histórico de la sociedad española que inevitablemente afecta también a nuestro sistema de I+D+i. La endogamia es un proceso por el cual, desconfiando de la selección de personal conforme a méritos y capacidades, se favorece al candidato “de la casa” o, en su ausencia, al candidato recomendado o “de confianza”.
No debemos, sin embargo, confundir cada contrato o plaza conseguido por alguien que ya trabaja en un grupo o centro (o lo hizo en el pasado) con evidencia de endogamia. A igualdad de condiciones, méritos y capacidad de desempeñar el trabajo, puede ser razonable contratar un candidato ya integrado en la dinámica del grupo o centro. Son casos claros de endogamia todos aquellos en los que se escoge al candidato “local” frente a candidatos “externos” que demuestran objetivamente mayor capacidad y/o méritos.
La endogamia es un sesgo característico de una sociedad en la que la lealtad prima por encima de la competencia. Es también un proceso retroalimentado por la desconfianza que genera el talento y el peligro que éste supone para el liderazgo de quienes carecen de él. Desgraciadamente, estas prácticas están tan arraigadas en la sociedad española que seguro que al lector le vienen a la cabeza bastantes ejemplos en diferentes ámbitos laborales y políticos. Y, en la Universidad, son una de las principales causas de la perpetuación de “escuelas de pensamiento” que en realidad representan grupos de poder controlados por uno o unos pocos catedráticos con influencia política - como Rafael Escudero argumenta en ContraPoder.
El problema radica en que estas prácticas se oponen al principio de igualdad y selección en base a méritos consagrado en nuestras leyes, empezando por la Constitución.
Para asegurar este principio, los procedimientos de acceso a y promoción en la función pública están fuertemente regulados mediante largos y complicados procedimientos. Por desgracia, sea porque la normativa deja numerosos resquicios a la trampa o porque nuestra cultura institucional es particularmente tolerante con esta, el hecho es que el principio de igualdad se incumple con excesiva frecuencia.
Los mecanismos para hacerlo incluyen el uso de perfiles tan estrechos que están ajustados a un solo candidato y tribunales seleccionados por los “padrinos” de este, algo más habitual de lo que puede parecer en Universidades y Organismos Públicos de Investigación.
O, en las convocatorias en las que se exigía una carta de aceptación, su concesión a un candidato por plaza - como ocurrió en las primeras convocatorias del programa Ramón y Cajal.
O el uso de comisiones internas elegidas por el director del centro, en lugar de tribunales de evaluación independientes - como ocurre en el programa “de excelencia” Severo Ochoa, cuya convocatoria de contratos predoctorales de 2014 establece (en su Art.20.3.b) que “la evaluación científico-técnica se realizará por parte de un comité interno para la formación predoctoral, de al menos tres miembros, nombrado y presidido por el director científico”. Justo es reconocer, sin embargo, que esta convocatoria supone una pequeña mejora respecto a la convocatoria de 2013, en que la evaluación era asignada de forma exclusiva al criterio unipersonal del director del centro (Art. 17.3.b).
Con todo, el truco más general es el de limitar el acceso a la propia convocatoria de los concursos, proyectos y contratos de los candidatos foráneos. Para ello, un verdadero clásico son las convocatorias durante el mes de agosto, mes en el que la mayoría de los servicios de la administración funcionan a medio gas – e incluso, en los últimos años, están cerrados por decisión del gobierno central o los autonómicos.
Este verano hemos vuelto a tener algunos ejemplos – y eso que, seguramente, hemos conseguido enterarnos tan solo de unos pocos.
El 13 de agosto, por ejemplo, el Gobierno de Castilla-La Mancha publicó en el Diario Oficial las convocatorias de 30 ayudas predoctorales y otras ayudas postdoctorales con un plazo de solicitud de 10 días naturales que incluía el puente de agosto.
Aunque este mes es totalmente hábil para la vía administrativa, organizaciones como la Universidad de Castilla-La Mancha decretan el cierre desde la primera a la penúltima semana de agosto – una práctica cada vez más común, encaminada a concentrar las vacaciones del personal y reducir gastos. Y, como las solicitudes suelen requerir la participación de alguna instancia administrativa (como la autorización del responsable correspondiente), este tipo de convocatorias entran en conflicto con las prácticas impuestas por la misma administración que las firma.
Pero sin duda el record de este verano es para el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón, que publicó la convocatoria de 15 plazas de investigador predoctoral (“investigador junior para recién titulados”) el 26 de agosto, con un plazo de solicitud de tan solo cuatro días laborales (6 días si contamos el fin de semana: del 27 de agosto al 1 de setiembre).
Todo ello, a pesar de las buenas palabras de su director en la página web del ICMA (“Para finalizar quiero destacar el esfuerzo realizado por nuestros investigadores, para crear en el instituto un ambiente atractivo para los jóvenes talentos y hacer del instituto el lugar ideal para continuar su formación científica”).
Este tipo de prácticas no concuerdan con la excelente percepción que la sociedad española tiene de la actividad de sus científicos. Esperemos que en el futuro próximo se introduzcan los cambios legales y jurídicos necesarios para fomentar una cultura administrativa mas honesta, en la que los trucos y la endogamia se conviertan en un lejano recuerdo.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
