Abren un expediente a la Consejería de Educación por vulnerar la Ley de Protección de Datos
La Consejería de Educación ha recibido un expediente por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (APED) por usar cámaras de seguridad en un instituto de Albacete, concretamente en el Andrés de Vandelvira, situado en el barrio de la industria y al lado del parque de bomberos. Por este expediente la Consejería y por extensión la Junta de Comunidades se enfrentan a una sanción de hasta 300.000 euros, en función de la gravedad del caso que estime conveniente la AEPD.
Los hechos vienen de una denuncia hecha por uno de los trabajadores del Andrés de Vandelvira, que indicó la colocación de cámaras que a su juicio eran “para controlar a los trabajadores”, algo que niega la Consejería. El propio trabajador que denunció la instalación de las cámaras ha sido quien ha hecho público el expediente abierto a la Consejería dirigida precisamente por un albaceteño, Marcial Marín. El uso de las cámaras en un instituto vulnera la Ley de Protección de Datos como así reconoce la AEPD en esta apertura de expediente.
Aún así la Consejería considera que este hecho no tendrá más repercusión ya que en cuanto fue advertida de que estas cámaras eran ilegales, las retiró, por lo que creen que todo el incidente quedará en una mera advertencia de la Agencia de Protección de Datos y no habrá multa económica. También desde Educación quisieron recalcar que las cámaras fueron colocadas “para seguridad del centro, nunca para controlar a los trabajadores”, como indicaron a La Tribuna de Albacete.
La instalación de las cámaras viene de la empresa que antes se encargaba de la seguridad del centro y que ya no lo hace al acabar su contrato. Después de la finalización del contrato, la Junta siguió usando las cámaras hasta que fue avisada de que no podía hacerlo, procediendo a retirarlas. Educación sabía de su existencia si bien no que no fueran legales, indicando además que estaban señalizadas perfectamente dónde estaban así como que el asunto quedó zanjado hace meses con la retirada de los dispositivos.
El uso de cámaras de seguridad en recintos educativos con menores no es ilegal, pero debe cumplir diversos trámites que en este caso no se hicieron. Deben estar aprobadas por el Consejo Escolar, debe ser notificado a la delegación correspondiente de Educación, no debe tener alegaciones a su colocación por parte de implicados y debe ser publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Independientemente de esos trámites burocráticos, en la situación deben estar claramente señaladas y por supuesto sus grabaciones solo son accesibles en caso de que un juez las requiera, siempre para seguridad de las personas y el centro y nunca en labores de vigilancia.
En este caso del Andrés de Vandelvira no se hicieron estos trámites, de ahí el expediente, aunque sí fue aprobado por el Consejo Escolar y también Educación fue notificado, pero no lo publicó oficialmente. A la semana pasada el trabajador denunciante había presentado un escrito para tener una reunión con Educación, sin recibir respuesta.
