Asociaciones ecologistas recurrirán la sanción de la finca Aznar-Oriol al considerarla “mínima”
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España han recurrido por considerar insuficiente la sanción propuesta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) por las obras ilegales calificadas de “infracción muy grave” realizadas en la Finca Cabañeros, en el interior del Parque Nacional, y piden que se eleve la cuantía hasta un millón de euros.
Así lo han indicado las ONG tras conocer la respuesta a su denuncia por las obras de ampliación en la casa de la familia Aznar-Oriol en noviembre de 2014 porque se realizaron “sin autorización”. La sanción propuesta por el Ministerio es de 200.001 euros, la mínima cuantía posible, a Inmobiliaria Del Bullaque S.A.
Tras conocer la propuesta de sanción, las tres ONG denunciantes han expresado su satisfacción porque el Ministerio les da la razón al reconocer la sanción como “muy grave”, pero consideran que hay algunos puntos en el expediente abierto que “es necesario responder con mayor severidad y contundencia, especialmente en lo relativo a la cuantía de las sanciones”.
Además, en un comunicado conjunto, señalan que a pesar de la gravedad de los hechos, consistentes en la reforma más allá de lo autorizado para la vivienda existente, la creación de nuevas infraestructuras sin contar con la autorización expresa de las autoridades del Parque Nacional, la sanción es “la de menor cuantía prevista en la ley para un tipo de infracción clasificada como una ”muy grave“.
En este sentido, destacan que estas infracciones pueden ser sancionadas con hasta dos millones de euros, frente a los 200.001 euros propuestos en el expediente contra Inmobiliaria del Bullaque S.A.
A su juicio, realizar obras ilegales sin licencia en el interior de un Parque Nacional deben merecer “la más alta sanción que la ley prevea, sean quienes sean los promotores o responsables”. Por este motivo, como parte personada, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción han solicitado que la sanción que se imponga sea de, al menos, un millón de euros.
Finalmente, recuerdan que aún siguen a la espera de que la Junta de Castilla-La Mancha ofrezca información sobre las medidas que tomará sobre otro de los hechos denunciados y que depende de la administración autonómica y que consisten en las obras realizadas que afectaron a una vía pecuaria.
