Aumenta el número de agresiones a médicos en Castilla-La Mancha

Con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, que se conmemora este 15 de marzo, la presidenta del Colegio de Médicos de Toledo, Natividad Laín, ha alertado de que la tendencia va en aumento desde el año 2010. En concreto, el año pasado el número total de agresiones a médicos en Castilla-La Mancha llegó a 25, frente a las 22 registradas en 2016. A nivel nacional, el número total de agresiones en 2017 fue de 515.

Laín, que ha dado cuenta de los datos de la Organización Médica Colegial de España para la región, ha explicado que en Toledo, las agresiones llegaron a 13 en el año 2017, frente a las 11 del año 2016. Mientras que en Ciudad Real fueron 8, frente a las 11 de 2016. En Cuenca y Guadalajara fueron dos las agresiones sufridas por sanitarios. En Albacete no se produjo ninguna agresión.

En el acto, en el que han participado el subdelegado del Gobierno en Toledo, Fernando Sanz, el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Iñigo Cortázar y el presidente del Colegio de Enfermería, Roberto Martin, la presidenta y el secretario general del COM Toledo, los doctores Natividad Laín y Raúl Calvo, respectivamente han desgranado los principales datos del estudio que revelan que el perfil del profesional agredido es mujer en el 52% de los casos y han defendido la necesidad de concienciar a los sanitarios de que la “denuncia” es el mejor instrumento para atajar esta lacra.

Por servicios asistenciales, la peor parte se la lleva Atención Primaria, tanto en las urgencias que registraron un 48% de agresiones como en las consultas donde se registraron un 44% de los casos. Por su parte, las agresiones en las urgencias hospitalarias y en otros servicios de los hospitales ascienden en ambos casos al 4%.

Asimismo, un 96% de los actos coactivos o de violencia contra médicos se producen en el sector público, mientras que en la sanidad privada se ha registrado un 4% de agresiones. Igualmente señala que un 45% de las agresiones registradas fueron insultos; mientras que un 33% provocaron lesiones a facultativos, mayoritariamente a manos de mujeres (55,6%); y el 22% fueron amenazas a los profesionales sanitarios realizadas tanto por hombres como por mujeres al 50%.

Respecto a la tipología del agresor, un 56% son los propios pacientes; en un 24% de los casos se trataba de un familiar de pacientes y el 20% de las agresiones fueron ejercidas por enfermos “desplazados”. Las lesiones causadas a médicos y médicas fueron en el 56% de los casos psíquicas y en el 44% físicas y un 67% de los casos de violencia no generaron daños materiales.

En cuanto a las causas de las agresiones en un 30,8% de los casos obedecieron a discrepancias con la atención médica; en un 23% por el tiempo en ser atendido y en un 19,2% por no recetar lo que solicitaba el paciente. Otras causas fueron por discrepancias personales, el 7,7%; por no realizar informes acordes a las exigencias del paciente, un 7,7%; por mal funcionamiento del centro, un 23,8%, y un 3,8% por temas relacionados con la baja laboral.

Según ha explicado la doctora Laín, “estas son solamente las agresiones visibles porque no sabemos cuántos actos de violencia, amenazas, coacciones, vejaciones e insultos sufren los profesionales y quedan en la invisibilidad”. Y precisamente esa, la de la visibilidad, “es una de las principales tareas que tenemos los que estamos aquí sentados para lograr erradicar una lacra de violencia inasumible, que atenta y empaña gravemente la calidad asistencial y la plena confianza en la relación médico-paciente”.

El 33% de los profesionales de Enfermería han sido víctimas o presenciado una agresión

En cuanto al personal de Enfermería, el presidente del Colegio de Toledo, Roberto Martín ha remarcado que la denuncia judicial es el mejor recurso “aunque no es fácil” para estos profesionales que en el 82% de los casos no lo hace si bien el porcentaje ha aumentado dos puntos en los últimos años hasta el 8%.

En este sentido, los datos del Colegio de Enfermería señalan que el 33% de los profesionales han sido víctimas o han presenciado una agresión. Porcentaje que sube al 69% en el caso de agresiones verbales, la mayoría realizadas por familiares de pacientes (52%), que se dan básicamente en atención especializada (53%) por no cumplir las expectativas de tiempos de espera o pruebas realizadas (41%). Roberto Martín ha subrayado un incremento de la agresividad verbal contra los enfermeros, que siguen siendo los más agredidos (entre un 38 y un 40%).

Unos datos con los que, según el subdelegado del Gobierno en Toledo, Fernando Sanz, “no se puede mirar para otro lado”. En este sentido, Sanz ha lamentado que en los casos de agresiones a sanitarios haya más requerimientos de asistencia policial que denuncias y ha precisado que el pasado año en la provincia de Toledo se registraron 15 infracciones penales en el ámbito rural y 27 en el urbano, 10 más que el año anterior.

Por su parte, el director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Íñigo Cortázar, ha manifestado que el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha es trabajar en la erradicación de las agresiones a todos los profesionales que trabajan en el SESCAM, ya que estos profesionales presentan un grado de riesgo mayor que en otros ámbitos laborales.

UGT denuncia un nuevo caso de agresión en Guadalajara

El sindicato UGT de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que ponga en marcha “medidas más eficaces” contra las agresiones sufridas por el personal sanitario. En opinión del sindicato, pese a las medidas tomadas se siguen produciendo agresiones a profesionales, por ejemplo esta misma semana en el servicio de urgencias del Hospital de Guadalajara,, según ha denunciado el sindicato.

De forma oficial, el sindicato también se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno en la provincia para pedirle que convoque al Colegio de Médicos y abordar con el sector esta situación en la provincia. “Recordamos que tras la modificación del artículo 550 del Código Penal en 2015 se considera al personal sanitario como autoridad pública, pudiendo suponer penas de agresión las agresiones a los mismos en el ejercicio de sus funciones”, argumenta UGT.