Aumentan los desahucios por impago del alquiler en Castilla-La Mancha
La tendencia creciente reflejada durante el primer trimestre del año en cuanto al número de desahucios en Castilla-La Mancha experimentó una ligera variación en el periodo de abril a junio, pasando de los 757 procedimientos de este tipo que se realizaron en los tres primeros meses a los 724 del siguiente periodo. Son datos del último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que por el contrario, puede observarse que siguen creciendo los lanzamientos, es decir los procedimientos ya decididos por comisión judicial, por no pagar el alquiler y de acuerdo a la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En este último caso, se produjeron en Castilla-la Mancha un total de 320 desahucios durante el segundo trimestre de 2015, frente a los 297 del periodo de enero a marzo y los 272 de ese mismo periodo en 2014. Es decir, la tendencia en este caso sigue al alza. Al margen de estos procedimientos, el resto (hasta completar los 724), se refieren a desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias (un total de 360) y a otro tipo de lanzamientos (44 procedimientos).
Los datos del CGPJ siguen contrastando con los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en cuanto a ejecuciones hipotecarias. Según estos datos oficiales recogidos de los Registros de la Propiedad, en el segundo trimestre del año se produjo un descenso importante de las ejecuciones hipotecarias en Castilla-La Mancha en cuanto a personas físicas, hasta un 69%. Aunque el descenso se vislumbra también en los datos judiciales, no alcanza en ningún caso ese porcentaje y además siguen siendo cifras mayores que las del segundo trimestre de 2014.
Este desfase de datos se interpreta, según la PAH, en que hay más gente que acude a pedir ayuda con la ejecución hipotecaria ya comunicada. Es decir, cuando el proceso de embargo de la vivienda entra en el juzgado. De ahí a que se produzca el alzamiento judicial pueden pasar tres o cuatro años, conforme a la llamada Ley de Segunda Oportunidad que aprobó el Gobierno central.
De momento, las oficinas antidesahucios impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha entrarán en funcionamiento el próximo 21 de octubre y el objetivo es buscar la intermediación de los afectados con las entidades bancarias a través del asesoramiento y tutela de trabajadores sociales y abogados.
