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Bayod incumple la ley manteniendo a una imputada al frente de Urbanismo

Antonio Martínez (PSOE) y Victoria Delicado (IU), Ayuntamiento de Albacete

Durante casi 3 semanas la Jefa de Servicio de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Albacete está trabajando en el puesto cuando es ilegal que lo haga. El 1 de marzo la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, nombraba a Carmen Eulalia Fernández como nueva Jefa de Servicio de dicho departamento, una contratación que desde la oposición fue calificada como “un chiste”. Esta persona está imputada dentro de la 'Operación Guateque' por el que se desmanteló una red de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Madrid, y la fiscalía del caso pide para ella 9 años y medio de cárcel por delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental. En la trama hay más de 30 imputados y se pide en total para ellos más de 300 años de prisión.

Para efectuar la contratación de Carmen Eulalia Fernández, ante las críticas y la alarma creadas, el Ayuntamiento de Bayod recurrió a la fórmula de crear una comisión de servicio para que entrara en el Ayuntamiento (una especie de “interinidad” mientras sale a concurso el puesto de trabajo fijo al que pueden acudir los interesados). Este sistema permite que un Ayuntamiento pueda contratar a quien estime conveniente pero sólo durante 6 meses, mientras sale a concurso el puesto fijo de trabajo sin límite de duración. De hecho la ley dice textualmente “este cargo tendrá una duración de 6 meses e improrrogables”. El pasado 1 de septiembre se cumplieron estos 180 días, pero aún así Fernández sigue en su cargo en el Ayuntamiento a día de hoy.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Martínez, ha comentado que “este caso demuestra la facilidad con la que Bayod y su equipo de gobierno vulneran la ley, usándola en virtud de sus intereses o los de su partido. Desde el 1 de septiembre esta funcionaria está en situación ilegal, pero sigue en su puesto con el beneplácito del PP y de Bayod”, indicaba Martínez a pesar de que en ningún caso se puede prorrogar dicho puesto de trabajo como está sucediendo.

De hecho el partido socialista ha preguntado, como ya hizo con su contratación, si se tiene intención de sacar a concurso el puesto de trabajo que cubre ahora Fernández como debe hacerse según la ley. En su día la respuesta de los concejales de Urbanismo y del de Personal fue que simplemente iban a cumplir la ley, algo que no están haciendo.

El mismo Martínez no se ha sorprendido de las maniobras del Ayuntamiento criticando por ejemplo al propio concejal de Personal, José Luis Serrallé, que se salta la normativa municipal. Este concejal ejerce como abogado privado pero no ha solicitado la compatibilidad de funciones entre el trabajo público con su trabajo privado, negándose a hacerlo y percibiendo su sueldo público y el sueldo de su empresa privada a la vez.

Cargo de confianza en el Gobierno de Gallardón

Dentro de la concejalía de Medio Ambiente, trabajando bajo la supervisión de Ana Botella, Carmen Eulalia Fernández fue parte de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con la alcaldía de Ruiz Gallardón. Ella, junto a otros 18 funcionarios del Ayuntamiento, está acusada por la Fiscalía de Madrid de numerosos delitos dentro de una red de funcionarios que aprovechaban su puesto de trabajo para recibir sobornos.

La 'Operación Guateque' comprende siete ramas distintas apareciendo Fernández en la quinta, la rama de medio ambiente y evaluación medioambiental. Presuntamente efectuaba evaluaciones ambientales positivas ignorando los requisitos y procedimientos legales y en contra de las opiniones de los informes de los técnicos a cambio de sobornos. En el espectro de la prevaricación del caso se encuentran licencias de apertura o de obra para farmacias, bares, guarderías, tiendas de alimentación, ludotecas o clínicas dentales.

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