La Marea Blanca teme que se abra la puerta a la gestión “mercantilista” de la Sanidad

El colectivo Marea Blanca de Castilla-La Mancha ha mostrado “su inquietud y preocupación” por la intención del Gobierno regional de implantar las  Unidades de Gestión Clínica (UGC) que implican a los profesionales de la sanidad en la gestión diaria de los distintos servicios hospitalarios o en los centros de Atención Primaria.

Rosario Alises, médico y miembro del colectivo Marea Blanca en Castilla-La Mancha explica que ya se implantaron en Andalucía hace más de diez años, en Cataluña funcionan las entidades de base, figura similar a las UGC y  en Castilla y León se empezaron a poner en marcha en 2014. “Este modelo de Castilla y León es el que se quiere para Castilla-La Mancha”.

Los servicios hospitalarios o los centros de atención primaria se convierten en espacios auto-gestionados, explica Alises, “de forma que los profesionales tomamos parte en la gestión de nuestro trabajo. Esa es la parte bonita pero la fea es que no gestionamos del todo. Nos dicen que tomemos decisiones pero nos acotan el presupuesto y, sobre todo, fragmentan la gestión de la sanidad pública porque hacen de cada centro o servicio hospitalario una pequeña empresa”.

Una mentalidad “mercantilista” que el personal sanitario rechaza

Rosario Alises sostiene que la implantación de este modelo “provoca que los profesionales nos tengamos que autoadjudicar una mentalidad mercantilista de la atención sanitaria porque siempre va a primar el menor gasto posible”. Detalla que lo que se pide a los profesionales es dar “el mismo servicio con menos presupuesto a cambio de incentivos”. Esta modalidad de gestión comienza siendo voluntaria para los sanitarios pero, después, “como ocurrió en Andalucía, ya no es voluntario. Su modelo es nefasto. No nos gusta porque se mercantiliza al disminuir la atención sanitaria en beneficio de las productividades de los profesionales y eso es perversión del sistema”.

Las Unidades de Gestión Clínica ya fueron presentadas el pasado mes de febrero en el Colegio de Médicos de Toledo en una mesa redonda en la que los facultativos pudieron conocer el llamado ‘Documento para el desarrollo de la Gestión Clínica en la Consejería de Salud y Servicio de Salud de Castilla-La Mancha“. 

Ya en octubre de 2016, el Gobierno regional anunciaba el inicio de los trabajos para la aprobación del Decreto de Gestión Clínica considerado como “herramienta clave para la reorganización de la asistencia sanitaria” y que el Gobierno regional define como “un cambio organizativo que incorpore a los profesionales al diseño de los procesos asistenciales, compartiendo y acercando al paciente a la toma de decisiones, de acuerdo al mejor conocimiento científico disponible en el tratamiento, diagnóstico y cuidados, con un compromiso de aprendizaje y mejora continua ante nuevas necesidades”.

Pero hay más precedentes. A finales de la legislatura de José María Barreda, en marzo de 2011, se daba luz verde a una Resolución para constituir la Unidad Clínica de Diagnóstico por Imagen en el Complejo Hospitalario de Toledo, basada en esta filosofía. Cospedal llegó a ir más allá cuando  en 2013, se apostaba por un modelo de gestión clínica privada en el sector. titularidadla

“Tememos que nos la cuelen entre presupuestos, vacaciones o amenaza electoral”

Rosario Alises lamenta que la Junta “no se pronuncie” sobre estas Unidades de Gestión Clínica. La única respuesta, señala, la encontraron tras una pregunta de la diputada del PP, Ana Guarinos, al Gobierno en las Cortes regionales.  El Ejecutivo confirmó en esa respuesta, fechada el 2 de junio, su intención de ponerlas en marcha en este 2017, asegurando que en estos momentos se lleva a cabo “el trabajo de campo”.

La Marea Blanca cree que el PP castellano-manchego “también está por la labor” de implantar las UGC porque “son la antesala de la pseudo-privatización en la que los profesionales nos convertimos en pequeños empresarios y eso hace que tengamos una visión de rentabilidad, de coste-eficiencia. Es más de lo que deberíamos tener como primera línea de la atención sanitaria”.

Alises reconoce que hay “desconocimiento” entre los profesionales sanitarios sobre este modelo  de gestión y no descarta que su implantación llegue “por decreto en una época en la que estemos entretenidos con otras cosas: léase presupuestos, vacaciones o amenaza de elecciones anticipadas, que nos la cuelen y solo tengamos 15 días para alegaciones”.

El colectivo “exige” al Gobierno regional la retirada del proyecto y “que cumpla el compromiso con la ciudadanía adquirido en su promesa electoral de recuperar poco a poco la Sanidad pública en Castilla-La Mancha”. Este periódico ha solicitado también conocer la versión de la Consejería del ramo, sin que haya sido posible hasta el momento.