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Los delitos de violencia machista en Castilla-La Mancha en 2018 "rompieron todos los registros", según la Fiscalía

El Fiscal Superior en la región ha presentado los datos de la Memoria de este órgano judicial ante el Parlamento regional

Tanto PSOE, como PP y Ciudadanos han pedido "más medios" para la Fiscalía durante la comparecencia de José Martínez en las Cortes regionales

José Martínez, fiscal superior de Castilla-La Mancha

Los delitos relacionados con la violencia de género en Castilla-La Mancha “rompieron todos los registros” dejando “la cifra más elevada de toda la década”. Es uno de los datos que ha ofrecido el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, durante su comparecencia ante las Cortes regionales para informar de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al año 2018.

El fiscal superior ha destacado el incremento en “todos los parámetros”, tanto en el número de procedimientos incoados, como en las medidas de protección o las cautelares emitidas, entre otras. En lo referente a la violencia de género, la Fiscalía llevó a cabo un total de 2.357 procedimientos de diligencias urgentes, así como 1.774 diligencias previas, 688 procedimientos abreviados, cinco procedimientos ordinarios y tres juicios con jurado.

En total se produjeron 1.360 sentencias condenatorias, 1.004 sentencias de conformidad y 665 absolutorias en este ámbito.

El retraso en la divulgación pública de los datos, ha justificado, se debe a que la memoria no se terminó hasta abril de este año y a “razones de precedencia” que obligan a esperar. “No se hace pública hasta que lo hace la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo”.

La memoria consta de más de 250 páginas y se presenta antes las Cortes regionales en un acto que, ha dicho, “no supone una sesión de control, sino que es una simple muestra de colaboración institucional, con valor simbólico”.

"La nota histórica y desconocida de la conflictividad laboral"

El fiscal superior de Castilla-La Mancha ha destacado que 2018 fue un año “marcado por una nota histórica y desconocida hasta ahora conflictividad laboral” en el propio ámbito judicial de la región. Fue, decía, “el resultado de una dura y prolongada pugna que mantuvieron las asociaciones de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia y que terminó con la convocatoria de huelga el 19 de noviembre de 2018”. La huelga, ha explicado, fue seguida por el 50% de los efectivos en la región.

En lo organizativo, ha destacado que 2018 fue el de “reforzamiento” del principio de unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal, con creación de un delegado autonómico en materia de violencia de género con funciones de coordinación de esta especialidad en la región y sirve de enlace con los órganos superiores de la Fiscalía General del Estado.

Este delegado autonómico, se suma a los que ya se crearon anteriormente relacionados con la siniestralidad laboral, la protección de personas con discapacidad y menores.

En lo funcional, ha destacado que el pasado año vino marcado por “dificultades” que supuso la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que “marca un concepto de instrucción temporal de los procedimientos penales con un máximo de seis meses de duración”. Algo que, ha dicho, “supuso un esfuerzo notable” para los órganos del Ministerio Fiscal, “no solo para tratar de acelerar los procedimientos penales sino para el debido control de plazos de las actuaciones de juzgados de instrucción”.

Además de la temporalidad de la instrucción, ha señalado, fue necesario “hacer frente a medios tecnológicos, los de la llamada Fiscalía Digital, cuyo defectuoso funcionamiento no facilitó las tareas procesales, sino que las hizo más lentas”. Ha recordado que actualmente se viven “años de transición” del papel a lo digital en el ámbito judicial y aunque reconoce que “es el futuro”, está aumentando la carga de trabajo de los fiscales.

Se ha referido también a 2018 como un año de avances en cuanto a infraestructuras judiciales en Albacete, Guadalajara y Toledo (en concreto en Ocaña) aunque ha denunciado que sigue habiendo “déficit” en Manzanares (Ciudad Real).

Los otros delitos

Castilla-La Mancha registró en 2018 un aumento del 17% de los delitos contra la libertad y la integridad sexual, misma subida que el año anterior, según recoge la Memoria Anual de la Fiscalía regional, en la que además destaca un aumento de los homicidios dolosos y asesinatos en la Comunidad Autónoma hasta alcanzar los 49, un resultado "muy por encima" de la media del último quinquenio, según recoge Europa Press.

Los homicidios dolosos y asesinatos ascendieron a 49 en toda la región en 2008, por los 38 que hubo en el año 2017. De ellos, 11 tuvieron lugar en la provincia de Albacete, 11 en Ciudad Real, siete en Cuenca, cuatro en Guadalajara y 16 en la provincia de Toledo.

Asimismo, los homicidios por imprudencia también aumentaron, pasando de 33 en 2017 a los 40 del pasado año, y se mantuvieron en el mismo nivel los de asistencia o incitación al suicidio, con dos delitos.

José Martínez ha matizado que, aunque "todos los datos son malos", este aumento puede representar una buena cifra "si significa un refuerzo de la respuesta penal" ante esta problemática delictiva.

La Fiscalía elaboró 2.775 escritos de acusación --en 2017 fueron 2.008--, mientras que, de las sentencias dictadas, 1.360 fueron condenatorias --1.205 en 2017--, 1.004 fueron de conformidad --685 en 2017-- y 665 absolutorias --916 en 2017--.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, en el pasado año se produjeron 711 delitos en toda la región, 104 más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 17%. Entre ellos, se gestionaron 218 delitos de agresión sexual y violación, que suponen un aumento del 36%.

Por su parte, los delitos de abuso sexual se cifraron en 266 (un 25% más), los de acoso sexual en 36 (un 16% más), los de exhibicionismo y provocación sexual en 25 (un 25% más), los de prostitución en 10 (un 64% menos), los de pornografía infantil en 17 (un 60% menos) y los de corrupción de menores en 23 (un 122% menos). De su lado, los delitos en los que se vieron envueltas víctimas menores de 16 años fueron 116 (un 36% más) y no hubo delitos que afectaran a menores de entre 16 y 18 años.

En cuanto a los delitos por lesiones, también tuvieron un ascenso, en este caso del 6%, con 17.312 delitos, 989 más que en el año 2017. En concreto, las lesiones dolosas se elevaron un 13%, alcanzando las 11.647; las lesiones imprudentes bajaron un 11%, con 3.446; las de maltrato familiar crecieron un 5%, llegando hasta las 2.207; y las lesiones por riña aumentaron un 100%, con un total de 12 delitos de esta clase.

Sobre otro tipo de delitos, el fiscal ha comentado que se han producido aumentos en 2018 en los delitos contra la libertad --1.729, un 8% más que en 2017--, de tráfico de drogas --392, un 17% más--, contra la ordenación del territorio y la protección histórico y del medio ambiente --151, un 10% más-- y contra el orden público --411, un 6% más--.

Mientras, se mantuvieron estables los delitos contra la Hacienda Pública --con 27 casos, uno menos que en 2017-- y de falsedad --681 delitos, 21 menos-- y descendieron los delitos contra el honor --306 delitos, un 18% menos-- y contra la administración pública --157, un 16% menos--, modalidad esta última "donde se albergan los principales delitos de corrupción".

Los tres grupos políticos piden más medios para la Fiscalía

Por su parte, los tres grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de tomar medidas para mejorar los medios materiales y personales de la Fiscalía, según recoge Europa Press. En su intervención en la Comisión, el diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata ha marcado el objetivo de conseguir una cifra superior de fiscales por cada 100.000 habitantes, no solo para "aligerar cargas" sino también para aumentar la rapidez de una justicia que en ocasiones, ha añadido, genera "malestar" en la ciudadanía por su lentitud.

Mientras, la diputada 'popular' Lola Merino ha reconocido el trabajo realizado por todos los profesionales de la Fiscalía y ha puesto también de manifiesto la "necesidad de medidas económicas y de personal para poder realizar bien el trabajo y la responsabilidad por parte del Ministerio Fiscal".

Finalmente, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha defendido que es "una reivindicación" de su partido "poner sobre la mesa más presupuesto, más plantilla y mejores condiciones" para lograr "el mejor trabajo de la Justicia en sedes más dignas y con equipamiento y tecnología propia del siglo XXI".

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