CCOO demanda a la Junta por 21 puestos de asesores que considera innecesarios

CCOO-FSC de Castilla-La Mancha ha entablado una ofensiva judicial contra la política de Función Pública del Gobierno regional y ha presentado ante los tribunales dos demandas “para tratar de cerrar la puerta a la arbitrariedad” en la Administración autonómica.

En primer lugar, el sindicato formalizó la pasada semana ante Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la impugnación del Decreto 215/2019, de 30 de julio, del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta.

Además, CCOO-FSC ha demandado ante los juzgados de lo contencioso-administrativo varias de las resoluciones emitidas entre los meses de septiembre y octubre por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta, que en conjunto supusieron la creación de un centenar de libre designación y de otra veintena de plazas de asesores. 

Así lo ha anunciado el coordinador del Sector Autonómico de CCOO-FSC, Ramón González, quien ha subrayado que el objetivo del sindicato es “cerrar el paso a la arbitrariedad en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”. “Creemos que tenemos fundadas razones jurídicas para conseguir en los tribunales lo que no ha sido posible abordar en la mesa de negociación con el Gobierno”.  

Respecto a la demanda en la que el sindicato solicita al TSJCM la anulación del Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta, González ha indicado que con ello el sindicato pone encima de la mesa varias cuestiones que considera “contrarias a Derecho”. “En primer, lugar la omisión de trámites esenciales en la fase de elaboración del Decreto; a lo que se suma el hecho de que el Decreto excluye al personal directivo de la negociación de la RPT, lo que a nuestro juicio es claramente contrario al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Ley de Empleo de Castilla-la Mancha”. 

Igualmente, CCOO considera que el Estatuto impugnado “abre una autopista para que los puestos directivos puedan ser ocupados por cualquier persona”, sin las reservas que establece la legislación para que los puestos que requiera una Administración los desempeñe personal funcionario o, en su caso, personal laboral. “Las dudas de carácter jurídico que basan nuestro recurso son más que fundamentadas; pero es que, además, desde el punto de vista sindical y político, este ‘Estatuto’ es una auténtica carcajada del gobierno frente a los empleados y empleadas públicas de la Junta”.

Modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo

En cuanto a las Resoluciones de la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por las que se modifica la RPT de la Junta, el sindicato reclama su anulación por falta de motivación, falta de negociación colectiva previa y omisión del trámite de audiencia. “Desde el punto de vista jurídico, hay lagunas más que evidentes: una buena fe negocial más que cuestionable. Tanto las plazas de Libre Designación como las de Asesores se crean con motivaciones escasas en muchos casos y directamente sin motivación ninguna en otras muchos”.

Esta falta de motivación es especialmente invalidante en el caso de los asesores, apunta, “teniendo en cuenta que el propio TSCM ya se ha posicionado claramente indicando solo se pueden crear de plazas de personal eventual (no funcionarios) cuando sea evidente la imposibilidad de cubrir esos puestos por personal funcionario”. 

En todo caso, ha insistido en que “la utilización indiscriminada de los puestos eventuales y de libre designación forman un cóctel de clientelismo, nepotismo y arbitrariedad; un modelo de administración contraria a lo que sindical y políticamente queremos desde el sector autonómico de CCOO”.

González ha recordado finalmente que antes de crear estas plazas, el Gobierno aumentó en mesa de negociación en más de seis millones de euros la dotación para puestos de libre y asesores; “con más de 100 nuevos puestos de libre designación y más de 20 asesores”.