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CCOO exige que acabe la “contabilidad B” de los parados

José Luis Gil, secretario general del sindicato en Castilla-La Mancha, ha pedido "a la empresa del millón de euros" que deje de hacer listas paralelas de parados.

Desde Comisiones denunciaron que 50.000 personas no computan en las listas del paro por orden de Cospedal.

José Luis Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha / foto: Europa Press

José Luis Gil, secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha / Foto: Europa Press

El secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, ha instado al Gobierno de Cospedal a rescindir el contrato de ‘la empresa del millón de euros’ y a reponer a los 186 orientadores despedidos del Servicio Público de Empleo.

Gil reafirma las denuncias del sindicato sobre el doble registro de parados en la región, “el que se publica mes a mes y el que nunca se menciona”; y ha exigido al Gobierno de Cospedal que deje de “alimentar polémicas artificiosas” y explique por qué ha destinado un millón de euros de las Políticas Activas de Empleo a contratar a una empresa privada “para cambiar personas en desempleo al fichero B”.

Gil explicó que hay una norma estatal, de 1985 -que Comisiones Obreras siempre rechazó- sobre el cómputo de parados por parte de los servicios públicos de empleo de todas las comunidades autónomas. A esta normativa, el Gobierno regional añadió hace unos meses una “instrucción” propia, seguida después por la contratación de una empresa privada encargada de “analizar la empleabilidad” de los parados, siendo la adjudicataria “Innovación y Desarrollo Local, S.L.” por 948.000 euros. Previamente, la Junta despidió a los 186 orientadores laborales que se ocupaban de ayudar a los parados en su búsqueda de empleo o en la mejora de su “empleabilidad”.

Tras conseguir la contrata del Gobierno de Cospedal, dicha empresa está encuestando a las personas inscritas como demandantes de empleo, cuyos datos privados ha facilitado la Consejería de Empleo. Tal como denuncian desde CCOO, “bajo amenazas a cuenta del Servicio Público de Empleo, esta empresa fuerza a los desempleados a responder a un cuestionario tendencioso y de discutible respeto a la Ley de Protección de Datos, de 28 preguntas”.

En función de sus respuestas a las preguntas, la persona en desempleo puede perder su condición de “parado registrado” a efectos del cómputo público; y, lo que es aún peor, puede ver cambiada su tarjeta de demandante de empleo, perder su antigüedad y perder también el acceso a prestaciones.

Gil exige al Gobierno de Cospedal que rectifique esta deriva en el modelo a atender al problema del desempleo y de tratar a los parados e insta al Ejecutivo a “retirar la concesión de esta actividad a la empresa actual y reponer en sus funciones a los orientadores despedidos”.

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