La CEOE de Guadalajara premia a una de las empresas imputadas por el incendio de Chiloeches
La Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara premiará en su próxima gala anual de Excelencia Empresarial 2017 al Grupo Layna, una de las tres sociedades imputadas por su presunta responsabilidad en el incendio que calcinó la planta de residuos tóxicos situada en el término municipal de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara, en agosto de 2016. En concreto, el Grupo Layna, dedicado a la gestión y tratamiento de residuos de reciclaje, recibirá la distinción en la categoría de ‘innovación empresarial’ durante la entrega de premios que tendrá lugar en la capital alcarreña el 18 de noviembre.
Consultada por este medio acerca de las razones por las que premia a la empresa, investigada por delitos contra el medio ambiente, CEOE Guadalajara ha declinado hacer declaraciones. Se limita a asegurar que la decisión se debe a la labor de innovación que Layna realiza, a través de varios proyectos de investigación y desarrollo I+D en su planta de reciclaje de Horche, en Guadalajara.
En el comunicado difundido por la organización para presentar el evento se especifica que, durante 2016, esta empresa desarrolló dos proyectos de investigación tecnológica con los que se proponía obtener productos de alto valor añadido, a partir de residuos compuestos por biomasa. El resultado se tradujo en la creación de tres nuevos productos, el Biochar y el Wodd Vinegar, destinados a la agricultura sostenible y el biasfalto, que sustituye a los asfaltos de origen fósil. Además se destaca que “la meta de Layna es el vertido 0”, es decir un sistema de tratamiento de residuos que se centra en alargar la vida útil de los productos y su reciclaje con el fin de reducir el depósito controlado de los deshechos en vertederos.
Causa sin resolver
La fase de instrucción abierta en el Juzgado de primera instancia número 1 de Guadalajara, en noviembre de 2016, por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches continúa en proceso a la espera de que el juez emita un nuevo auto con el que archive la causa o abra juicio oral.
En el auto dictado a finales de noviembre de 2016 se acordó tomar declaración a un total de 19 imputados y tres empresas. Entre las sociedades investigadas se encuentra el Grupo Layna, arrendatario de las instalaciones en el momento en que se produjo la deflagración de la nave, con la que se pudieron calcinarse más de 30.000 toneladas de residuos peligrosos, almacenados y tratados de forma irregular.
El juez imputó al gerente de esta empresa, junto a los administradores de KUK Mediambiente, propietaria de la planta, y a Salmedina, empresa de residuos inertes asociada al Grupo Layna, por delitos contra el medio ambiente, pertenencia a banda criminal y falsedad documental. Además el juzgado a los investigados una fianza de siete millones de euros en concepto de responsabilidad civil, que se destinarían para cubrir los elevados costes de reparación del área, valorados por el Gobierno de Castilla-La Mancha en más de cinco millones de euros.
A pesar de que la investigación judicial en marcha no ha esclarecido todavía si el incendio se debió a causas naturales o fue provocado, varias organizaciones ecologistas han defendido que detrás de esta catástrofe medioambiental existía una organización criminal e ilegal de gestión ‘low cost’ de residuos tóxicos. Según explicaba a eldiarioclm.es Augusto Barcenilla, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, la gestora de la planta contrataba el tratamiento de los materiales corrosivos a la empresa más barata, de tal forma que el procesamiento de estos restos se realizaba inapropiadamente en centros que no eran aptos para ello.
Precisamente, una de las supuestas acciones delictivas que se imputan a esta trama empresarial consistió en mezclar los materiales peligrosos con otros no tóxicos y transportarlos camuflados bajo escombros a otras plantas inertes cercanas, sin contar con licencia para procesar los residuos peligros.
