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Castellar de Santiago se une a las alegaciones contra el proyecto de tierras raras

Vista áerea de Castellar de Santiago / Ayuntamiento

Alicia Avilés Pozo

Lo que en un principio fue la denuncia realizada por la plataforma Sí a la Tierra Viva, formada por expertos y ciudadanos contra el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, va tomando cada vez más cuerpo de crítica institucional. A las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de Valdepeñas, San Carlos del Valle y Torrenueva, se suman ahora las enviadas a la Consejería de Medio Ambiente, encargada de la evaluación ambiental, por parte del Consistorio de Castellar de Santiago, pueblo también afectado por las tres primeras autorizaciones a la empresa minera Quantum.

Los argumentos utilizados en el caso de este ayuntamiento son muy similares a los aportados por los anteriores. Las alegaciones comienzan arremetiendo contra la omisión de la solicitud de licencias urbanísticas de obra en la realización de las catas incluidas en los permisos de investigación previos otorgados. Apunta que cualquier procedimiento iniciado después de la obtención de esa licencia debe “quedar paralizado” en tanto se documente la legalización de las actuaciones. Esta carencia de licencias también fue denunciada por la Plataforma.

Seguidamente, y tras apuntar al riesgo de especies protegidas, el Ayuntamiento de Castellar explica que el expediente tramitado sobre este proyecto minero carece de consultas a diferentes organismos “capitales para conocer la repercusión medioambiental” de la actividad minera en los recursos hidrológicos y en las explotaciones agropecuarias. Apunta entre ellos al Consejo de Seguridad Nuclear, “al poseer el material a extraer componentes radiactivos”.

Un argumento novedoso de esta Alcaldía contra el proyecto es que la explotación pretendida choca en su posible implementación con la “sostenibilidad que hasta ahora ha presidido el conjunto de acciones públicas para el porvenir y desarrollo del Campo de Montiel”. Según detalla, hay inversiones cofinanciadas a nivel local, regional, estatal y europeo que “corren el riesgo de caer en saco roto” en ausencia de la debida planificación.

La cuestión hídrica

El tema hídrico es al que dedica mayor espacio este Ayuntamiento. Castellar es junto con Torrenueva titular de la estación potabilizadora de agua del embase Marisánchez-La Cabezuela, desde el cual “se pretende utilizar agua para fines distintos al almacenamiento para consumo humano”. Asegura que en esta cuestión “encontrarán siempre de frente” al Consistorio, “consciente de las situaciones periódicas de sequía que nuestra comarca ha soportado históricamente y que solo se han paliado con esta instalación”.

Arremete también contra cualquier posibilidad, “siquiera remota”, de que cualquier efecto de la instalación minera pudiera repercutir cuantitativa y cualitativamente en el agua de consumo humano, “ya de por sí escasa” en cuanto a fuentes de suministro y calidad de las disponibles“.

Son básicamente los mismos argumentos que se han incorporado a las alegaciones de los otros ayuntamientos. A estas iniciativas se suman también las mociones aprobadas por los ayuntamientos de Almagro y Villanueva de los Infantes, que aunque no están directamente afectados por el proyecto, han pedido la paralización del proceso.

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