Castilla-La Mancha descarta denunciar al Estado por la deuda de la financiación autonómica

El vicepresidente de Castilla-la Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el Gobierno regional no se ha planteado acudir a los tribunales para requerir al Estado las entregas a cuenta correspondientes a este año y que no se pueden ingresar al estar el Ejecutivo central en funciones. Al contrario de lo que ha ocurrido en la Generalitat de Catalunya, que ha llevado al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a los tribunales por la financiación, Martínez Guijarro ha abogado por darle a un problema derivado de una situación política una solución también política.

De hecho, Martínez Guijarro ha avanzado que la propuesta de techo de gasto para los presupuestos de 2020 que tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno en su reunión de este viernes para su posterior remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha superará los 6.600 millones de euros.

Esta cifra supone un incremento del 7% con respecto a las cuentas de 2018, las últimas aprobadas por las Cortes regionales, puesto que en el presente ejercicio el Ejecutivo autonómico trabaja con presupuestos prorrogados. “Es el primer paso para poder elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2020”, ha apostillado, en los que el Gobierno de García-Page volverá a hacer un esfuerzo en el incremento de las partidas destinadas a los servicios esenciales, como sanidad, educación o bienestar social.

En este contexto, Martínez Guijarro ha mostrado su preocupación por el hecho de que Castilla-La Mancha no pueda recibir por parte del Estado con cargo de las entregas a cuenta, que en el caso de esta región asciende a 360 millones de euros, al estar el Gobierno central en funciones. Un hecho que, ha dicho, “nos puede generar verdaderos problemas para finalizar el ejercicio presupuestario”.

Una solución nacional para la prestación de servicios básicos

Por ello, ha hecho un llamamiento para que “se busque una solución a nivel nacional para evitar dificultades en la prestación de servicios básicos” y, en el caso de que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Castilla-La Mancha asistirá para señalar esta problemática.

“Entendemos las dificultades que pueda tener un Gobierno en funciones”, ha añadido el vicepresidente, al tiempo que ha puesto de manifiesto respetan pero no comparten los criterios del informe de la Abogacía del Estado en esta materia.

De hecho, el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por una modificación legislativa, si es necesaria, para resolver esta situación puesto que “los diputados y diputadas, y los senadores y senadoras no están en funciones, las Cortes Generales están plenamente operativas”. “Si hay que darle capacidad legal a un Gobierno en funciones para que no se vean entorpecido la prestación de servicios sanitarios o educativos, hágase”, ha concluido.