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El Gobierno regional implementará este año su herramienta de lucha contra la despoblación

Los principales objetivos de la Presidencia de Castilla-La Mancha son también la participación ciudadana, la transparencia y la reforma del Estatuto

García-Page cuenta este año con un 9,8% menos de Presupuesto y sube la aportación a la televisión regional para resolver los déficits de años anteriores

Foto: Celtiberia

Celtiberia

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará este año la implementación de la Inversión Territorial Integrada (ITI) como herramienta de lucha contra la despoblación, un proceso que arrancó con la definición, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2016, de los territorios regionales con necesidades específicas de desarrollo. El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha comparecido en la Comisión de Economía y Presupuestos, para desgranar el presupuesto de Presidencia para este año, más de 56 millones de euros. Esta cifra supone un 0,6% del total del presupuesto regional y un incremento del 3,79%. No obstante, la partida específica del presidente, Emiliano García-Page, se reduce este ejercicio en un 9,8%.

Según los datos aportados por el vicepresidente, los gastos de personal suponen solo un incremento del 0,5%, teniendo en cuenta que en este ejercicio se contempla la recuperación total de la paga extra del mes de diciembre de 2012 y de los incrementos del 1,5% de la denominada ‘tasa Cospedal’.

Por su parte, el gasto corriente o de funcionamiento se congela, manteniendo la línea de ahorro iniciada en el año anterior. Esto se ha debido, principalmente a la austeridad en la gestión de las asistencias técnicas y en los trabajos realizados por empresas externas para la Dirección General de Comunicación. Martínez Guijarro ha añadido que se produce un aumento en los capítulos IV y VII de un 3,7%  que se debe al incremento en la aportación a la televisión autonómica para resolver los déficits de años anteriores y a la implementación de las ITIs.

Además, se incrementa el presupuesto en el capítulo VII en 500.000 euros para las entidades locales que soliciten acogerse a la Orden de Ayudas de Carácter Excepcional. Con este presupuesto la Presidencia de la Junta de Comunidades pretende consolidar objetivos como acercar la Administración regional a los ciudadanos, implementar la cultura de la transparencia, conseguir una mayor participación ciudadana en los asuntos regionales, así como canalizar la actuación del gobierno en defensa de los intereses regionales con otras administraciones y la Unión Europea.

Comparecencia de José Luis Martínez Guijarro / JCCM

Comparecencia de José Luis Martínez Guijarro / JCCM

En la dirección general de Coordinación y Planificación destaca el estudio, coordinación y desarrollo de dos importantes reformas, como es la de la Ley 11/2003, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y la del Estatuto de Autonomía. Con respecto a la primera de ellas, se ha recibido de la Comisión No Permanente de Estudio de las Cortes de Castilla-La Mancha el documento con las propuestas consensuadas por los grupos parlamentarios. En relación con el Estatuto de Autonomía, se plantea una revisión del texto para construir un marco político innovado, que sitúe a la región al mismo nivel de autogobierno que el alcanzado por las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura.

El vicepresidente ha recordado que el pasado 15 de diciembre las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor el 30 de enero de 2017. Así, se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias para su desarrollo en base a las competencias que en la misma se establecen, entre ellas la creación de un nuevo portal de transparencia, el desarrollo normativo de la ley y la coordinación de la estructura administrativa a crear.

Por otra parte, la elaboración de una Ley de Participación Ciudadana es un compromiso del actual Gobierno del presidente García-Page basado en la necesidad de establecer nuevas formas de gobernar basadas en una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la Administración regional.

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