Castilla-La Mancha perdería más de 400 millones de euros con la rebaja fiscal que propone Pablo Casado

Pablo Casado ha propuesto dejar a las comunidades autónomas sin más de 5.500 millones de financiación anual con su rebaja fiscal, toda una traba para los problemas de suficiencia que ya presentan las comunidades autónomas para gestionar sus competencias en sanidad o educación. El presidente ha lanzado su propuesta de rebaja fiscal: bajar algunos de los principales impuestos como renta y sociedades y eliminar otros como sucesiones, patrimonio y actos jurídicos documentados. Este último es el polémico tributo a las hipotecas que el Tribunal Supremo ha decidido que sigan pagando los ciudadanos.

Pero pese que el PP ha dicho defender esta medida para “defender la libertad individual, la seguridad jurídica y la propiedad de los españoles”, en base a una “revolución fiscal”, lo cierto es que estos impuestos son algunos de los más importantes que tienen cedidos por completo las autonomías. Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda, todas las comunidades autónomas recaudaron con estos tributos 5.525 millones de euros en 2017, más del 43% de lo ingresado por los impuestos cedidos (12.685 millones).

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, esta región recaudó en 2016, en base a estos tributos cedidos, un total de 355,5 millones de euros, una cifra que se elevó hasta los 417,4 millones de euros en 2017. Esto ha significado un aumento del 17,5% (62 millones de euros más) entre ambos ejercicios y, de hecho, es la comunidad autónoma en la que más ha aumentado esta cantidad:

Las comunidades autónomas se encargan del cien por cien de la recaudación de los tributos que quiere eliminar el presidente nacional del PP, y tienen sobre ellos una cierta capacidad normativa. Casado no ha explicado por el momento cómo se podría compensar a las comunidades,  pendientes de una reforma que solvente las deficiencias del actual sistema de financiación aprobado en 2009, por la pérdida de 5.500 millones anuales de recaudación.

Las comunidades llevan varios años inmersas en un proceso de reforma de su financiación que el Gobierno socialista ha dado por imposible en la actual legislatura, debido a la falta de apoyos suficientes. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dio pasos en dirección a la reforma, pero tampoco cerró el proceso. 

Se da la circunstancia de que en el último Debate sobre el Estado de la Región de Castilla-La Mancha, el presidente, Emiliano García-Page, defendió abordar el debate sobre el futuro sistema de financiación autonómica desde los principios de ‘multilateralidad’ y solidaridad con los que garantizar el blindaje en acceso igualitario a la educación, la sanidad y los servicios sociales; y también propuso que sea el Estado el encargado de gestionar ciertos impuestos hasta ahora transferidos a las comunidades autónomas, como los relativos a patrimonio, sucesiones y donaciones.