Castilla-La Mancha necesita 320 millones más al año para mejorar sus “débiles” servicios sociales
No hay informe destinado a analizar los servicios sociales en Castilla-La Mancha que no arroje datos negativos, muy relevantes por tratarse de un sector tan apegado a las necesidades más acuciantes de los ciudadanos más desfavorecidos. El último informe de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales vuelve a dejar en mal lugar a esta comunidad autónoma. Aunque ocupa el número siete en la clasificación de las autonomías en el desarrollo de su Sistema de Servicios Sociales, su puntuación es de 4,9 puntos, ocho décimas menos que en la anterior aplicación, y en el umbral denominado como “débil”.
Más importante que esta cifra es el hecho de que Castilla-La Mancha es la única comunidad que en 2015 muestra “perspectiva negativa”, al haber empeorado sus tres indicadores de gasto. Todo ello muestra el “gran deterioro” que están sufriendo estos servicios desde 2011, apunta la asociación, que identifica el origen en los “drásticos recortes” en su gasto, los más acusados en todo el Estado. La consecuencia: la bajada de la mayor parte de sus indicadores de cobertura de prestaciones y servicios (10 de los 16 empeoran). A ello une que durante toda la legislatura anterior se ha producido “un parón absoluto” en cuanto al desarrollo normativo de la Ley regional de Servicios Sociales.
El informe también apunta a algunos “desequilibrios estructurales” del Sistema de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha. En primer lugar una ratio muy baja en la relación de cobertura/gasto, que evidencia que es una de las regiones “menos eficientes” en la gestión, y en segundo lugar, limitando las posibilidades de recurrir por parte de las personas afectadas por estos recortes. Precisamente en cuanto a derechos y decisión política, Castilla-La Mancha obtiene 0,5 puntos sobre los 1,5 posibles en este indicador. Mientras, el estudio insiste en la existencia de una Ley regional de Servicios Sociales que “reconoce derechos subjetivos, pero sigue sin aprobar el catálogo o cartera donde se concretan, así como tampoco su planificación estratégica”.
La comunidad autónoma tampoco ofrece datos positivos en cuanto a relevancia económica en este área. Alcanza 2,6 puntos sobre los 3 posibles en ese aspecto, dos décimas menos que en la anterior aplicación del índice. Por su parte, las administraciones públicas de la región han reducido casi un 30% su gasto en servicios sociales durante la anterior legislatura, pasando de 513,96 euros por habitante en 2011 a 359,89 euros por habitante en 2014, siendo la comunidad que más ha recortado en ese gasto. En este punto, el informe añade que los recortes se concretaron especialmente en 2012 aunque han continuado en 2013 y 2014.
Atendiendo a la cobertura específica de servicios sociales, Castilla-La Mancha obtiene una calificación de 1,8 puntos sobre los 5,5 posibles, empeorando también aquí la puntuación del anterior índice (2,25) a pesar de que en 2015 se ha incrementado en 0,5 puntos la ponderación de este apartado, con la incorporación de nuevos indicadores.
Principal recomendación: “no seguir recortando”
Con este contexto, no es extraño que la asociación dedique un amplio apartado a recomendaciones para la región. Según apunta, el principal reto en esta materia es recuperar ese “gran deterioro”. Pide así un compromiso de la comunidad y de las entidades locales de “no seguir recortando” su gasto en servicios sociales e iniciar una recuperación del mismo, para lo cual considera necesario 320 millones de euros más al año.
Esta región también “debe analizar” su Sistema de Servicios Sociales para detectar las circunstancias que “limitan su eficiencia” y que hacen que “esta sea una de las más bajas de España”. Asimismo, recomienda el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, ya que su “limbo” es muy superior a la media estatal (con un 42,3% de personas que tienen reconocido el derecho reconocido pero no reciben prestaciones) y mejorar la dotación de profesionales en las estructuras básicas de los servicios sociales municipales.
Por último solicita el incremento de la cobertura y cuantía de sus Rentas Mínimas de Inserción, que actualmente solo alcanzan al 2,2% de su población por debajo del umbral de la pobreza, cuando la media en España es tres superior (6,7%). “Confiamos en el que el nuevo Gobierno de esta comunidad y su nueva mayoría parlamentaria sean capaces de avanzar en todos estos retos”, concluye el informe.
