Castilla-La Mancha lidera el aumento de morosidad en comunidades de propietarios
Las comunidades de propietarios de Castilla-La Mancha acumularon el año pasado una morosidad por valor de 87,06 millones de euros. Se trata de un conjunto de deudas que se han ido incrementando en los dos últimos dos años, desde los 64 millones de euros de 2012 y los 80 millones de euros de 2013. Es decir, ya hace dos años este tipo de morosidad experimentó un crecimiento con respecto al año anterior, un 25,29% de subida, colocándose a la cabeza de las regiones con mayor índice. Y aunque en 2014 subió menos, la región se convirtió en líder de ese incremento, con un 8,82% de incremento, que supera al del resto de comunidades autónomas.
Son datos desvelados por un estudio del Observatorio de las Comunidades de Propietarios, que establece que las entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión alcanzan el 24% de la mora, y que esta morosidad ha subido en todo el país de los 341,62 millones de euros de 2013, a los 445,13 millones de euros de 2014.
En el caso concreto de Castilla-La Mancha, Toledo fue la provincia que más morosidad de este tipo acumuló en 2014, con 25,2 millones de euros, seguida de Ciudad Real (20,5 millones), Albacete (18,36 millones) Guadalajara (14,2 millones) y Cuenca (8,8 millones de euros). Sin embargo, es en esta última provincia donde el crecimiento de la mora ha sido mayor, alcanzando un 10% entre 2013 y 2014.
Este Informe concluye que en 2014 la morosidad en comunidades de propietarios se encuentra prácticamente dividida en dos grandes grupos: el 51% de los propietarios que no pagan porque no pueden o encuentran una gran dificultad, y los que, representando a entidades financieras, sociedades inmobiliarias y morosos profesionales o intencionales no pagan disponiendo de recursos para ello. Es decir, el 49% restante.
El Observatorio de las Comunidades de Propietarios tiene como objetivo analizar la situación actual de las deudas comunitarias por recibos impagados, así como sus posibles soluciones en una situación de crisis que requiere una gestión profesional de la máxima cualificación que garantice los derechos de consumidores y usuarios en un bien tan esencial como es la vivienda.
