Castilla-La Mancha, entre las regiones sin recursos públicos contra la violencia sexual
En la víspera de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 13 organizaciones, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Fundación Aspacia, Creación Positiva, Alianza por la Solidaridad y FELGTB se han unido para pedir que la violencia sexual se reconozca “a todos los efectos”. La violencia sexual comprende situaciones desde los tocamientos y roces hasta las violaciones y es una de las manifestaciones de violencia de género “más extendida e invisible”. De hecho, aseguran que 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia sexual en todo el mundo.
En cuanto a la atención en las Comunidades Autónomas, las organizaciones aseguran que sólo 9 regiones españolas ofrecen recursos públicos para estas víctimas, entre las que no se encuentra Castilla-La Mancha. Se trata de Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia. A nivel estatal, señalan que no hay “un solo” centro público especializado en estas agresiones.
Esto genera “desigualdad territorial” y además, “no garantiza estándares mínimos” en todo el país, según afirman las organizaciones. “Consideramos que frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla”, señalan. Recuerdan también que el convenio de Estambul pide a los Estados que establezcan medidas para la prevención, protección y reparación de quienes han sido víctimas de violencia sexual y también ha perseguirla.
Cambios en la legislación
“Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, las entidades sociales desconocemos cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para su implementación”, critican.
Entre las manifestaciones que en la actualidad se reconocen como violencia sexual se encuentran el acoso, las agresiones sexuales, mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, según afirman los colectivos. La denuncia publica señala también la falta de investigaciones públicas sobre violencia sexual en España.
En este sentido, advierten de que la violencia sexual ha quedado “excluida” de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, pues no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica”, aseguran.
Finalmente, piden que haya un cambio en la visión sobre la violencia de género para incluir la violencia sexual, lo que implicaría cambios legislativos, educativos y de la publicidad. Entre otras medidas, piden que se recopilen datos estadísticos de manera “sistemática” sobre la violencia sexual, e impulsar un mecanismo estatal de coordinación que sirva como interlocución entre las entidades sociales y la sociedad.
