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Condenan de nuevo a la Junta por vulneración del derecho a la libertad sindical

Un juzgado de Toledo estima la demanda de STAS contra la negativa de la Consejería de Hacienda a proporcionar información sobre personal en parques móviles.

El sindicato acusa al Gobierno de Cospedal de permanente “conducta antisindical”.

Manifestación de conductores del Parque Móvil de la Junta en Toledo

Manifestación de conductores del Parque Móvil de la Junta en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa recibiendo varapalos judiciales por la vulneración de derechos en el ámbito laboral. Así ha vuelto a suceder en el caso concreto de la Consejería de Hacienda, condenada por el Juzgado de lo Social número dos de Toledo por no respetar el derecho fundamental a la libertad sindical, tras una denuncia presentada al respecto por el sindicato STAS de la función pública. Esta condena se suma, entre otras, a la ya recibida por la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas referente a los interinos cesados ilegalmente en 2012.

El juzgado ha considerado que la Consejería de Hacienda vulneró el derecho fundamental a la libertad sindical, recogido en el artículo 28.1 de la Constitución Española, debido a que “la solicitud de información formulada por el sindicato demandante y la negativa de la Junta a entregar la información fue “quebrantadora” de ese derecho. La sentencia condena a la Junta a facilitar esa información en el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

Esta información se solicitó en el marco del Plan de Recursos Humanos (PRH) dentro de los cinco parques móviles de Castilla-La Mancha, que en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCM) fue anulado ante la demanda presentada por los cuatro sindicatos presentes en la negociación (STAS-UGT, CSIF y CCOO).

En esa solicitud, se piden datos concretos que permitan cuantificar el trabajo a los efectos de la negociación en el marco de la reestructuración del personal mediante el Plan de Recursos Humanos planteado, ahondando en la reciente sentencia en el mismo sentido contra la Dirección General de la Función Pública.

Según STAS, con esta nueva sentencia, la Junta de Comunidades “deja en evidencia la mala fe en la negociación que ha caracterizado a este gobierno durante toda la legislatura” y refleja su “permanente actitud antisindical”.

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