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El nuevo Consejo Asesor de la Familia: “politizado” y “poco profesionalizado”

Incluye 12 altos cargos de la Junta pero ignora a trabajadores sociales, médicos, investigadores y entidades que trabajan a diario con las necesidades de las familias.

Deja sin representación a familias monoparentales, reconstituidas, con inmigrantes o con alto grado de empobrecimiento y exclusión social, entre otras.

Este órgano consultivo se pondrá en marcha un mes antes de las elecciones y elimina el Observatorio de la Familia, tras cuatro años sin “cumplir ni uno solo de sus objetivos”.

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Cartel de la Marea Naranja en defensa de los Servicios Sociales. Foto: trabajosocial.org

Cartel de la Marea Naranja en defensa de los Servicios Sociales. Foto: trabajosocial.org

Será a un mes de las elecciones autonómicas cuando se constituirá el anunciado Consejo Asesor de la Familia de Castilla-La Mancha, un órgano meramente consultivo cuya aprobación ya ha sido publicada en Diario Oficial (DOCM), y mediante el cual se elimina el Observatorio Regional de la Familia creado julio de 2010, que estaba vigente hasta el pasado 15 de marzo. El Gobierno de María Dolores de Cospedal oficializa este nuevo organismo sin que el anterior haya cumplido “ninguna de sus funciones” en estos últimos cuatro años y con un marcado carácter “politizado” y “poco profesionalizado”.

Así lo denuncia el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha, que agrupa al colectivo que trabaja de manera diaria y cotidiana con las familias que más lo necesitan y que ha mostrado su indignación por esta medida “claramente electoralista”, que “no soluciona, ni arregla, ni aporta nada”.

Entre las funciones que se atribuyen a este nuevo organismo se encuentran: analizar la situación de la familia en Castilla-La Mancha; estudiar la incidencia que sobre las familias tienen las políticas públicas; formular propuestas y recomendaciones sobre proyectos normativos; favorecer la realización de estudios, investigaciones, jornadas y seminarios sobre materias que afecten a las familias;  y colaborar y cooperar con otros consejos, observatorios o grupos de trabajo análogos.

Son objetivos que, según los trabajadores sociales, “no se han cumplido en cuatro años”. Denuncian que desde la Junta no se ha realizado ni promovido ningún estudio o documento para conocer y analizar, desde una perspectiva multisectorial, la situación, calidad de vida y demandas de las familias de Castilla-La Mancha. Tampoco se ha realizado ningún seguimiento de la incidencia que sobre las familias tienen las políticas públicas, ni se ha “estimulado la investigación y el conocimiento de la realidad socioeconómica” de la región en este sentido.

De hecho, su presidente, Javier Sánchez Morcillo, detalla que salvo el Plan de Apoyo a la Maternidad, no ha habido “nada nuevo” en el Gobierno de Cospedal que haya mejorado la prestación de servicios sociales a las familias. “Al contrario, se ha desmantelado y casi destruido”, cuando existen informes de UNICEF, de la EAPN y de numerosas entidades sociales que han venido reflejando una “realidad durísima, donde ir a peor ya casi es imposible”.

Menos entidades sociales

Sánchez Gordillo asegura que a la luz de lo publicado en el DOCM, el nuevo Consejo Asesor tampoco contribuirá a mejorar este panorama, porque para empezar, está “muy politizado y poco profesionalizado”. Entre sus integrantes se incluyen 12 altos cargos de diferentes consejerías, “gente que habitualmente no hace nada ni aporta nada porque son todos del mismo partido”, mientras que se elimina o se reduce la participación de entidades invitadas que sí estaban en el Observatorio de 2010 como la Federación regional de Municipios y Provincias o Cruz Roja.

“No hay representada ninguna organización profesional. No hay trabajadores ni educadores sociales, ni psicólogos, ni médicos de familia, ni pediatras, sociólogos o investigadores, ni ninguna entidad representativa de los profesores, ni sindicatos fuertes en educación. Nadie de la región que defienda realmente a las familias está ahí representado”, argumenta.

De hecho, hay representación de las familias numerosas, y de asociaciones de mujeres y mayores, pero no se da ninguna cabida a familias monoparentales, a las que sufren violencia de género o doméstica, a las familias con inmigrantes (que suponen el 10% de toda la región), a familias reconstituidas, a las formadas por homosexuales, o a las gitanas. Lo más grave es que tampoco especifica una representación directa de todas aquellas  empobrecidas y en riesgo de exclusión social.

Todas estas carencias hacen que el Colegio de Trabajadores Sociales encuadre esta medida en un claro “objetivo electoral”. “Vender que se trabaja, apoya y cuida a las familias de la región, cuando la realidad es que la Junta las ayuda diez veces menos que la media nacional, y en consecuencia nos hemos convertido en la región que lideramos todos los tipos de pobreza: general, infantil, energética, derivada de desahucios y educativa”, concluye.

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