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El Constitucional avala el polémico plan de recortes de Cospedal en Castilla-La Mancha

Desestima la cuestión de inconstitucionalidad que le remitió el Supremo tras el recurso de los sindicatos a la ley del Ejecutivo del PP aprobada en 2012

El tribunal considera que estas medidas se ajustan a las competencias autonómicas para controlar el gasto público

Todavía tiene que pronunciarse sobre el recurso de Rajoy a las medidas que aprobó la Junta del PSOE para revertir esa norma

Foto: EUROPA PRESS

Europa Press

El controvertido plan de recortes y ajustes que el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha aprobó en enero de 2012 ha recibido el visto bueno, más de cuatro años después, del Tribunal Constitucional. Ha desestimado así la cuestión de inconstitucionalidad que le remitió hace meses el Tribunal Supremo tras los recursos planteados por los sindicatos UGT y CCOO y a lo que también se adhirió el STAS. Una batalla judicial que culmina con los magistrados avalando como competencia autonómica de “contención del gasto público” los recortes que supusieron, entre otras cuestiones, el aumento de la jornada laboral de buena parte del personal laboral y funcionario de la Junta de Comunidades.

Esta resolución sobre la constitucionalidad de las medidas procede del recurso al Tribunal Supremo que interpusieron los sindicatos en marzo de 2012 contra varios artículos de la Ley de Medidas Complementarias para aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, aprobada en enero de ese mismo año. Previamente se había interpuesto conflicto colectivo ante la Junta. Por tratarse de una materia referente a la Constitución, el Alto Tribunal lo remitió al Constitucional el pasado mes de mayo.

En junio de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó las demandas de conflicto colectivo de ambos sindicatos, quienes elevaron recurso de casación ante el Supremo. Ambos alegaron falta de competencia de la Ley autonómica para legislar en la materia y por hacerlo en contra del estatuto de los trabajadores. A los recursos se adhirió también el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM).

Entre los trámites llevados a cabo durante estos años, el Supremo solicitó postura del Ministerio Fiscal, que no se mostró contrario al planteamiento de los sindicatos, por entender que se había identificado suficientemente la duda de inconstitucionalidad.

Esta ley del Gobierno anterior del PP fue la que estableció una jornada semanal de 37,5 horas (las denominadas ‘horas Cospedal’), la minoración de las retribuciones de todo el personal para el ejercicio 2012 y la modificación del complemento de incapacidad temporal, entre otras cuestiones. Fue el plan de ajustes y recortes que marcó el resto de la legislatura y que allanó el camino para la progresiva reducción de los servicios básicos.

Los recortes son válidos bajo el principio de "autonomía financiera"

No obstante, ahora el Tribunal Constitucional desestima la petición en virtud del principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas y de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en materia de planificación de la actividad económica. Explica que Castilla-La Mancha puede adoptar medidas de contención del gasto público sin necesidad de una previa habilitación o autorización del Estado. Añade que estos ajustes serán constitucionales “siempre que no entren en contradicción con las medidas que el Estado pueda establecer válidamente con esta misma finalidad”.

Lo más significativo es que ahora queda en el aire la decisión del Constitucional sobre el recurso planteado por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy contra la nueva Ley castellano-manchega (aprobada el pasado mes de enero) que aprobó el regreso a las 35 horas semanales para estos empleados públicos. De momento, hasta su resolución, se han decretado medidas cautelares que han obligado al Gobierno actual del PSOE a regresar a las 37,5 horas.

En una entrevista con eldiarioclm.es, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, ha advertido de que no habrá despidos de empleados públicos aunque este tribunal termine por estimar el recurso del Gobierno del PP. 

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