Cospedal mantiene al gerente que ordenó filtrar datos de pacientes a una clínica privada

Una investigación sin consecuencias. El gerente del hospital público de Cuenca, Javier Godoy, fue quien, durante el verano de 2014, dio la orden para que ese centro enviara listados de pacientes con sus datos médicos a una clínica privada y fuera ésta la que concertara las citas de derivación de la lista de espera de pruebas. Así lo concluye un informe de la Inspección Médica firmado el 1 de octubre por las médicas inspectoras de Guadalajara Rosalía Rojas y Susana Romero al que ha tenido acceso eldiario.es.

Sin embargo, nada le ha costado al gerente esta filtración de historiales médicos hacia un hospital privado. La filtración provocó la queja de los pacientes que vieron cómo se les llamaba desde una clínica conociendo sus datos personales y sanitarios sin aviso previo. A pesar de que en la “información reservada” elaborada por las inspectoras se concluye, además, que la dirección del hospital conocía este envío hacia la clínica Recoletas de la ciudad castellanomanchega antes de saltar a la luz pública, Godoy sigue como cabeza del Área Integrada de Cuenca de la Consejería de Sanidad del Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal (PP) y dirigida por José Ignacio Echániz.

El caso se conoció en agosto de 2014. Los pacientes de Neurofisiología del Hospital Virgen de la Luz se quejaban de que recibían llamadas de teléfono (con un número de Madrid) para ofrecerles saltarse la espera para sus pruebas si acudían a las instalaciones del hospital privado Recoletas. La clínica tenía datos precisos sobre sus historiales médicos. El centro público lo atribuyó a una incidencia puntual y añadió que “no es el procedimiento adecuado, aunque la clínica Recoletas puede citar, como está recogido en el contrato suscrito”.

El episodio mereció una investigación. Cuando las inspectoras comenzaron sus pesquisas, el doctor Godoy les contestó el 2 de  septiembre que no sabía “por qué y quién pudo enviar los listados de pacientes para citar”, según el informe. El dirigente también añadió, redactaron las inspectoras, que “se enteró de que había habido quejas de los pacientes (...) por la prensa” y que puso “los medios para que las citaciones se hicieran según el protocolo”.

Sin embargo, la clínica privada a la que se había contratado para hacer las pruebas de la lista de espera documentó a las investigadoras que habían recibido las relaciones de pacientes “con informacion médica” por orden del gerente Godoy. El director médico de la clínica, Javier Montero, informó de que “sospechó que [los pacientes] no habían sido informados antes” ya que “le pareció extraño que una gran parte de los mismos rechazaran realizarse las pruebas”.

Ante estas evidencias, el director del hospital público admitió el 18 de septiembre que “los listados a Recoletas se enviaron sin avisar a los pacientes previamente”. El informe subraya que “esta información no la facilitó” en la entrevista que mantuvieron con él. De ahí que el documento establezca como “hecho probado” que el gerente “doctor D. Javier Godoy el día 3 de julio envió un mail a la secretaria encargándole que pasara los pacientes en lista de espera para proceder a la citación a Recoletas”.  

La situación fue algo más que “excepcional”. Así lo demuesta que el Jefe de Admisión del hospital, José Antonio García, enviara dos correos electrónicos los días 25 de julio y 19 de agosto a Recoletas con listados de pacientes en las mismas condiciones que el inicial ordenado por el gerente: destinados a que la entidad subcontratada gestionara las citas sin previo conocimiento de los implicados. El informe da por probado que este Jefe de Admisión sabía “al menos desde el 13 de agosto” que a los pacientes se les llamaba desde Madrid “por un correo recibido de Recoletas”.

Una portavoz de Sanidad se ha remitido a la contestación que dio el hospital en verano pasado acerca de este episodio: “Fue un hecho puntual y cuando se detectó se subsanó”, ha reiterado. No ha especificado qué consencuencias ha tenido la investigación, informe y conclusiones derivadas del documento de la Inspección Médica.

Origen del problema

El origen de este caso parte de la infradotación del servicio de Neurofisiología. De los tres especialistas que cubrían el departamento, el hospital tuvo que prescindir de uno en 2010. Desde que en mayo de 2014 uno de los médicos abandonara el centro (por no tener plaza fija), el Virgen de la Luz ha tenido problemas con el atasco de las pruebas neurofisiológicas. La falta de especialistas multiplicó la lista de espera. Al llegar el verano del año pasado, el servicio quedó sin profesionales por el periodo de vacaciones de la única sanitaria a cargo. Así que el hospital firmó un contato con la Clínica Recoletas para derivar pacientes.

Pero, a pesar de que ese compromiso se adquirió en mayo –relata el documento de investigación– el hospital privado tampoco disponía de los profesionales necesarios para realizar esos diagnósticos. “No empezó a funcionar hasta julio”, pormenorizan las relatoras. No es que ficharan a médicos sino que subcontrataron a otro centro privado para que les hiciera las pruebas. La propia dirección de Recoletas admitió que “al no poder hacerse cargo del servicio concertado por no disponer de facultativos realiza a su vez otro contrato el 8 de julio de 2014 con el Centro de Estudios Neurológicos Varela de Seijas domiciliado en Madrid”.

Así que tras recibir los listados que les remitía el hospital público, Recoletas los reenviaba a Varela de Seijas que eran, finalmente, “los que se encargaban desde Madrid de citar a los pacientes”. De ahí que las llamadas tuvieran número de la capital. El responsable del centro concertado aseguró que la dirección del Hospital Virgen de la Luz “era conocedor de este hecho”. De esta manera, la subcontrata enviaba a un neurofisiólogo hasta el hospital privado conquense los días necesarios para realizar las pruebas derivadas desde el centro público.

Para colofón, la única titular del servicio esas fechas (la doctora García) y la dirección del hospital están peleados. La gerencia le quitó su carácter de Jefa de Sección al no haber equipo de facultativos: estaba ella sola. Esto “supuso un punto de malestar”, les contó el gerente Godoy a las inspectoras, para luego añadir que “la doctora participa activamente en las reuniones de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de manera habitual”. Se da la circunstancia de que fue esta asociación la que denunció las quejas que se estaban produciendo por la filtración de datos médicos sin el consentimiento de los pacientes.