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Denuncian “fraude de ley” en la ampliación de la zona protegida cercana al ATC

Castilla-La Mancha traslada al Gobierno el acuerdo de ampliar la Red Natura

Francisca Bravo Miranda

La Plataforma de Afectados por la Ampliación de Red Natura en Villar de Cañas, apoyada por el despacho Pilar Martínez Abogados ha presentado una serie de alegaciones “por precaución” al procedimiento de participación pública iniciado para que la protección de la Laguna El Hito se amplíe y afecte a los terrenos donde se planea instalar el silo nuclear en la localidad conquense. El despacho alega el “vacío y carencia de efectos jurídicos” del acuerdo iniciado el pasado 28 de julio.

Pilar Martínez, la abogada del colectivo, ha señalado que este procedimiento se ha utilizado como instrumento de paralización del ATC, basado en las “declaraciones públicas de algunos de sus protagonistas”. Esto, para los abogados, implica una carencia de efectos jurídicos, a lo que se suma la “falta de participación pública y audiencia a los interesados”, lo que iría en incumplimiento de diversas legislaciones, entre las que el despacho enumera la Ley sobre Patrimonio y Biodiversidad, la Constitución o las regulaciones de los derechos de acceso a la información.

Además, el colectivo señala el incumplimiento de la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación al patrimonio natural y biodiversidad para propuesta de listas LIC y su modificación y para la modificación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. Además, señalan la “falta de la delimitación adecuada”, que exige la Ley sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Plataforma asegura, además, que no hay una memoria económica que haga frente a los costes e instrumentos financieros para modificar las figuras de protección de la Laguna El Hito.

Escuetamente, el despacho denuncia la “inconcreción, inseguridad jurídica, ilegalidad, arbitrariedad, abuso del derecho y fraude de ley”, calificando el procedimiento como una “burla” a los ciudadanos, las leyes y las instituciones estatales y europeos, asegurando que irá en “grave perjuicio” a la generalidad de la ciudadanía y el desarrollo de la zona. En este sentido, afirman también que se vulneran artículos de la Constitución Española y también el principio de la solidaridad colectiva, así como “el derecho a la igualdad” y, finalmente, acusando de “estrangulamiento económico de la zona”.

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