Entra en vigor el pacto con funcionarios para devolución de la ‘extra’ y subida salarial
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ya ha publicado la resolución de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral por la que se registra y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha 2015-2019, suscrito el pasado 1 de febrero.
Dicho acuerdo, suscrito por CCOO, FSES y FSP-UGT, con el rechazo de CSIF e Intersindical, contempla el correspondiente incremento general de las retribuciones, la devolución de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, la recuperación de los días de permiso por asuntos particulares y de los días adicionales de vacaciones por antigüedad, la recuperación de la disminución retributiva y los días de ausencia por enfermedad o accidente sin baja médica.
Además, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tal y como reza el acuerdo, se ha comprometido a aprobar una oferta de empleo público utilizando las tasas de reposición máximas establecidas por el Estado anualmente.
Tal y como detalló el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, este acuerdo supone el incremento general de las retribuciones en el 1%, el máximo que autoriza la Ley de Presupuestos Generales de Estado de 2016 y las devoluciones de las cantidades pendientes de la paga extra de Navidad de 2012. Del 50% que resta por devolver, el 25% se hará en cuanto sean aprobados los presupuestos regionales, entre abril y mayo; y la otra mitad el próximo mes de octubre si la situación presupuestaria lo permite y si se cumple el objetivo del déficit del 0,3%. En caso contrario, esta última se abonaría en enero de 2017.
Las medidas ratificadas suponen también la recuperación de la denominada ‘tasa Cospedal’, es decir, una subida del 3% de sueldo a los funcionarios. Concretamente, el 1,5% se abonará en el ejercicio 2017 y el otro 1,5% en 2018. Además, la Junta ha añadido un 0,5% adicional con el objetivo de acomodar la pretensión de los representantes los trabajadores con la devolución “asumible presupuestariamente” por la Junta.
