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Estudiantes de la UCLM participarán en el diseño del Plan de Garantía Juvenil

Hilario López - El Crisol de Ciudad Real

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se encuentra ya en la fase de preparación del Plan de Garantía Juvenil, una herramienta europea que se implantará en toda España en el primer semestre de 2014 y que busca “garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar desempleados”. Así se indica en el Plan de Implantación de la Garantía Juvenil en España, aprobado el pasado mes de diciembre por el Consejo de Ministros, y que se desarrollará a nivel estatal por el Gobierno nacional, y mediante las Comunidades Autónomas a través de fondos propios.

“En esta o la próxima semana se celebrará una reunión” para comenzar este proyecto, ha explicado el representantes de alumnos de la UCLM, Juan Antonio Montero, quien en este mes de marzo se ha reunido con representantes de la Consejería de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha para abordar la posibilidad de que el Consejero de Representantes de Alumnos de la universidad regional esté presente en el diseño de este plan, a lo que se ha accedido por parte de la Consejería.

Así, los estudiantes castellano-manchegos se sumarán a sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de la Junta de Comunidades para el desarrollo de este proyecto que busca evitar la posibilidad de que el desempleo cuando finalice una carrera se alargue sin posibilidad de encontrar un primer empleo. Montero recuerda que el Plan de Garantía Juvenil es un proyecto de grandes proporciones al que la Unión Europea destinará “6.000 millones de euros” en los próximos siete año, “918 millones” para España y “62″ para Castilla-La Mancha.

El representante de alumnos ha comentado que la intención es que haya una predisposición a ofrecer posibilidades laborales a los egresados de la Universidad de Castilla-La Mancha a través de “prácticas remuneradas” que supongan “potenciar” el trabajo de las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola en la región.

Este es el proyecto nacional aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros

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