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Un 10% menos de altos cargos en Castilla-La Mancha

Palacio de Fuensalida. Foto: castillalamancha.es

Alicia Avilés Pozo

Una reducción del 10% en altos cargos es el porcentaje que finalmente definirá una las diferencias con las que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha quiere marcar distancia con el anterior de María Dolores de Cospedal. Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page. El próximo martes estará formada toda la estructura del Ejecutivo con los nuevos directores generales de las distintas consejerías, y con esa reducción respecto al Gobierno saliente.

García-Page ha asistido al acto de toma de posesión del nuevo delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, donde el líder del Ejecutivo ha indicado que su compromiso es “ser el presidente de todos”. “Espero que podamos serlo de mucha gente que en los últimos años se ha tenido que ir fuera a pesar de haber acabado aquí sus estudios. El futuro es que la gente que aquí estudia pueda echar raíces aquí”, ha reafirmado. Para ello, ha dicho, hay que mirar “con luz larga”, tras lo que ha mostrado su interés de que esta legislatura sirva para conseguir una “reducción drástica” de los datos del paro. “Y así será, y ustedes lo van a ver”, ha finalizado.

Precisamente, la reducción de altos cargos es uno de los puntos que figuran en el acuerdo firmado ante notario entre PSOE y Podemos que permitió la investidura de García-Page como presidente. En el mismo, dentro del apartado de buen gobierno, se establece que se “limitará drásticamente” el número de altos cargos políticos y de libre designación de las consejerías.

La congelación salarial y la tendencia progresiva a la equiparación salarial de estas figuras con los máximos niveles de las escalas funcionariales, es otra de las exigencias incluidas, junto con el “ajuste” de los gastos de representación y dietas y la eliminación de privilegios respecto a los ciudadanos.

El acuerdo también establece que todos los altos cargos del Gobierno regional deberán solicitar inspecciones voluntarias a Hacienda cada dos años, harán públicas sus declaraciones de la renta y se creará un registro de intereses para saber en qué empresas están sus familiares directos. De igual forma, las agendas públicas oficiales de todos los cargos institucionales deberán recogerse y ser accesibles en los respectivos portales de la transparencia.

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