La Junta renueva su colaboración con el poder judicial para detectar supuestos de vulnerabilidad en desahucios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha firmado un nuevo convenio con el Consejo General del Poder Judicial para que tanto el Gobierno regional como la institución judicial sigan colaborando en la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha explicado que “el propósito fundamental de este acuerdo es mejorar nuestra capacidad para identificar aquellas personas que se puedan encontrar en casos de incumplimiento sobrevenido de las obligaciones de préstamos, créditos hipotecarios o contratos de arrendamiento”.

“Ante las dificultades que puedan atravesar las familias de la región no podemos mirar hacia otro lado, por eso, este convenio nos hace más fácil conocer sus problemas y ofrecerles ayuda lo antes posible”, ha añadido.

Asimismo, Hernando ha remarcado que este acuerdo “ayuda a ayudar a aquellos que más lo necesitan”, actuando forma coherente con una idea social y emancipadora del derecho de las personas a acceder a una vivienda digna“.

Oficinas de Intermediación Hipotecaria

“Seguimos transitando esta vía hacia la igualdad de oportunidades juntos, si bien nuestro compromiso en esta materia viene de antes”, ha defendido el titular regional de Fomento, que ha recordado que a lo largo de la presente y de la anterior legislatura se han suscrito varios convenios de colaboración y se han puesto en marcha las Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), que, desde su creación en octubre de 2015, han atendido más de 4.300 consultas de la ciudadanía castellanomanchega, y han conseguido frenar más de 150 lanzamientos de familias vulnerables desde su puesta en marcha.

“Han sido y son una herramienta útil para alcanzar acuerdos, siendo a día de hoy más de 390 familias las que han conseguido llegar a un acuerdo gracias a la labor de las OIH”, ha detallado.

Gracias a este convenio, cuando una familia esté ante el caso de procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, o bien por impago de la renta arrendaticia, tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Consejo General del Poder Judicial, propiciarán que el órgano judicial que conozca del proceso tenga conocimiento de las circunstancias de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social de las personas afectadas.

Además, ha explicado que “resulta de vital importancia porque una vez conocidas dichas circunstancias por el órgano judicial se dará traslado a la Oficina de Intermediación Hipotecaria y se puedan tomar las medidas oportunas, que pueden ser o bien en una propuesta de intervención social o bien su inclusión en los programas de vivienda social que gestiona la Junta”.