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El Gobierno central y Junta recortan en un 75 % su aportación al Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano

Sede provisional del Centro del Hidrógeno. Foto oficial.

Sede provisional del Centro del Hidrógeno. Foto oficial.

El Boletín Oficial de Estado ha dado publicidad a un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Consejería de Educación, por el que se modifica el Convenio de 2007 por el que se creó, entre ambas administraciones, el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible con sede en Puertollano. Esta modificación supone una reducción del 75 % en las aportaciones de los dos gobiernos al Centro, además confirma la renuncia a la construcción de un nuevo edificio que lo albergue y exige la devolución de cuantiosos fondos ya desembolsados.

El Convenio por el que se creó el Centro, mediante la fórmula de Consorcio, data de diciembre de 2007 y establecía que su financiación correría a cargo de ambas administraciones al 50 %, con aportaciones anuales hasta el año 2021. Sin embargo la Junta dejó de abonar su anualidad desde 2010 y el Ministerio la redujo prácticamente a la mitad en 2011, entregando en 2012 una cantidad simbólica.

Entre 2007 y 2012 el Ministerio aportó en total 14.180.135 euros mientras que la Junta dio 4.759.500 euros. Pero además el Ministerio concedió un crédito sin intereses al Centro en los años 2008 y 2009 por importe de 26.854.850 euros, que se debería reembolsar entre 2010 y 2019 en cuotas de amortización anuales. De dicho crédito se devolvieron entre 2010 y 2012 un total de 8.056.455 euros. En definitiva el Gobierno central ha aportado en estos años casi el 90 % del dinero que ha llegado al Centro.

Parte importante de estos fondos pretendía dedicarse a la construcción de la sede del Centro, ya que se encuentra instalado provisionalmente en naves cedidas por el Ayuntamiento de Puertollano. En septiembre de 2010 se adjudicaron las obras por importe de 25.912.253 euros a la Unión Temporal de Empresas formada por Isolux y Corsán-Corviam pero, tras dilatar su inicio, finalmente el contrato fue resuelto en diciembre de 2012 compensando al adjudicatario con el 6 % del presupuesto de la obra, es decir se le abonaron 1,6 millones de euros por no construir el centro.

Como las inversiones previstas más importantes no se han realizado y el coste de funcionamiento ha rondado los 3 millones anuales, el Centro ha obtenido entre 2007 y 2012 unos rendimientos financieros de 5.750.600 euros en sus cuentas.

Ahora la revisión del Convenio conlleva una reducción de las aportaciones de ambas administraciones en el periodo 2007-2021 de un 75 %, renunciando definitivamente a construir un nuevo centro, por lo que la sede provisional se convertirá en definitiva si así lo autoriza el Ayuntamiento de Puertollano. Ello supone en la práctica que el Ministerio no hará en lo sucesivo ningún otro pago, pues habría ya cumplido su compromiso, y será la Junta la que continúe pagando anualidades de 1,9 millones, una cuantía muy inferior a la inicialmente prevista.

Eso sí, se le permite al Centro disponer de una parte de los ingresos financieros que ha obtenido en estos años aunque otra parte, 668.752 euros, deben entregarse al Ministerio, que también ha exigido amortizar inmediatamente la mayor parte de lo que quedaba del préstamo, es decir 11.778.228 euros. El resto, hasta 7 millones, se le mantiene prestado al Centro para anticipar una ayuda procedente de los fondos europeos FEDER, comprometidos desde 2010 para cofinanciar el proyecto, indicando el Ministerio que a medida que lleguen servirán para cancelar el préstamo pendiente y con la advertencia de que si no llegasen en esa cuantía el Centro deberá devolverlo por sus medios.

Con esos recursos los costes máximos operativos y de mantenimiento del Centro se habrán reducido al 52 % de lo que se había previsto inicialmente.

Anticipando esta situación, en junio de 2013, el Centro anunció su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo a sus 54 trabajadores, tanto con extinciones de contrato como reducciones de jornada. Finalmente en noviembre se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato a 18 trabajadores aunque sigue pendiente de aplicación, y que podría ampliarse ahora con las nuevas circunstancias.

Una vez revisada la financiación hasta 2021 la actividad de este Centro, único de sus características con carácter público, continúa con aparente normalidad e incluso está a punto de adjudicar un contrato para dotar un nuevo laboratorio por importe de 120.000 euros, aunque parece evidente que el alcance del proyecto quedará irreversiblemente mermado.

El Boletín Oficial de Estado ha dado publicidad a un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la Consejería de Educación por el que se modifica el Convenio de 2007 por el que se creó, entre ambas administraciones, el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible con sede en Puertollano. Esta modificación supone una reducción del 75 % en las aportaciones de los dos gobiernos al Centro, además confirma la renuncia a la construcción de un nuevo edificio que lo albergue y exige la devolución de cuantiosos fondos ya desembolsados.

El Convenio por el que se creó el Centro, mediante la fórmula de Consorcio, data de diciembre de 2007 y establecía que su financiación correría a cargo de ambas administraciones al 50 %, con aportaciones anuales hasta el año 2021. Sin embargo la Junta dejó de abonar su anualidad desde 2010 y el Ministerio la redujo prácticamente a la mitad en 2011, entregando en 2012 una cantidad simbólica. 

Entre 2007 y 2012 el Ministerio aportó en total 14.180.135 euros mientras que la Junta dio 4.759.500 euros. Pero además el Ministerio concedió un crédito sin intereses al Centro en los años 2008 y 2009 por importe de 26.854.850 euros, que se debería reembolsar entre 2010 y 2019 en cuotas de amortización anuales. De dicho crédito se devolvieron entre 2010 y 2012 un total de 8.056.455 euros. En definitiva el Gobierno central ha aportado en estos años casi el 90 % del dinero que ha llegado al Centro. 

Parte importante de estos fondos pretendía dedicarse a la construcción de la sede del Centro, ya que se encuentra instalado provisionalmente en naves cedidas por el Ayuntamiento de Puertollano. En septiembre de 2010 se adjudicaron las obras por importe de 25.912.253 euros a la Unión Temporal de Empresas formada por Isolux y Corsán-Corviam pero, tras dilatar su inicio, finalmente el contrato fue resuelto en diciembre de 2012 compensando al adjudicatario con el 6 % del presupuesto de la obra, es decir se le abonaron 1,6 millones de euros por no construir el centro. 

Como las inversiones previstas más importantes no se han realizado y el coste de funcionamiento ha rondado los 3 millones anuales, el Centro ha obtenido entre 2007 y 2012 unos rendimientos financieros de 5.750.600 euros en sus cuentas.

Ahora la revisión del Convenio conlleva una reducción de las aportaciones de ambas administraciones en el periodo 2007-2021 de un 75 %, renunciando definitivamente a construir un nuevo centro, por lo que la sede provisional se convertirá en definitiva si así lo autoriza el Ayuntamiento de Puertollano. Ello supone en la práctica que el Ministerio no hará en lo sucesivo ningún otro pago, pues habría ya cumplido su compromiso, y será la Junta la que continúe pagando anualidades de 1,9 millones, una cuantía muy inferior a la inicialmente prevista.

Eso sí, se le permite al Centro disponer de una parte de los ingresos financieros que ha obtenido en estos años aunque otra parte, 668.752 euros, deben entregarse al Ministerio, que también ha exigido amortizar inmediatamente la mayor parte de lo que quedaba del préstamo, es decir 11.778.228 euros. El resto, hasta 7 millones, se le mantiene prestado al Centro para anticipar una ayuda procedente de los fondos europeos FEDER, comprometidos desde 2010 para cofinanciar el proyecto, indicando el Ministerio que a medida que lleguen servirán para cancelar el préstamo pendiente y con la advertencia de que si no llegasen en esa cuantía el Centro deberá devolverlo por sus medios. 

Con esos recursos los costes máximos operativos y de mantenimiento del Centro se habrán reducido al 52 % de lo que se había previsto inicialmente. 

Anticipando esta situación, en junio de 2013, el Centro anunció su intención de aplicar un expediente de regulación de empleo a sus 54 trabajadores, tanto con extinciones de contrato como reducciones de jornada. Finalmente en noviembre se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato a 18 trabajadores aunque sigue pendiente de aplicación, y que podría ampliarse ahora con las nuevas circunstancias. 

Una vez revisada la financiación hasta 2021 la actividad de este Centro, único de sus características con carácter público, continúa con aparente normalidad e incluso está a punto de adjudicar un contrato para dotar un nuevo laboratorio por importe de 120.000 euros, aunque parece evidente que el alcance del proyecto quedará irreversiblemente mermado.

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