El Gobierno de Cospedal se enfrenta a una investigación criminal por no readmitir a los interinos
El caso de los interinos despedidos en el verano de 2012 no ha acabado. Varios de los afectados por los ceses, anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, interpusieron denuncias ante la Fiscalía Provincial de Guadalajara. El organismo ha decidido iniciar una investigación criminal en contra del Gobierno de Castilla-La Mancha, por unos hechos que podrían constituir delitos de “prevaricación y falsedad documental” según señala el sindicato STAS Castilla-La Mancha.
Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia regional de declarar “nulas de pleno derecho las órdenes de 2012”, que cesaban de su puesto a cerca de 400 funcionarios interinos, la Junta de Comunidades no obedeció la sentencia del organismo de Justicia al no reponer a los trabajadores en sus puestos de trabajo. Según señala STAS, 73 de los afectados no fueron readmitidos, al haber puesto como fecha de cese el concurso de traslados de 2013, la supresión de comisiones de servicio o el cierre de centros posteriores a 2012.
Ante esto, la Fiscalía de Guadalajara, según comunica la organización sindical, está estudiando los ceses, al considerar que si se cesaron las plazas en 2012 no es posible que salieran en el concurso de traslados en 2013, cuando ya no existían. Las partes han sido citadas el próximo 25 de mayo para declarar ante la Fiscalía. María del Carmen González Molina, la Coordinadora Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales acudirá en nombre de la Junta de Comunidades al haber firmado la resolución del cese. Sin embargo, STAS señala que las responsabilidades caerán “probablemente” en el Director General de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente y en Leandro Esteban, Consejero de Presidencia y portavoz de Gobierno. Los interinos asistirán a título individual.
STAS ha señalado que, mientras se abre esta investigación, el reingreso de los trabajadores interinos todavía está pendiente de la resolución del incidente de ejecución que la organización interpuso en conjunto con UGT ante el Tribunal Superior de Justicia. Gustavo Fabra de STAS, ha señalado que su sindicato ve este avance de manera positiva y que demuestra una “actuación de mala fe” por parte de la Junta de Comunidades, además de “ilegalidad en los procedimientos”.
De hecho, el sindicato ha señalado que se trata del “mayor escándalo de la historia de la Función Pública” de Castilla-La Mancha, que ha sido condenado por vulnerar la negociación colectiva y todavía no ha asumido ninguna responsabilidad política. Además, según señala la organización sindical, el Ejecutivo ha “alargado” el procedimiento de manera “absurda” al presentar recurso ante el Tribunal Supremo que sólo ha costado más dinero a las arcas públicas. El Gobierno regional todavía no ha señalado cuánto ha costado este procedimiento, a pesar de los requerimientos de los sindicatos y el PSOE.
