El Gobierno central cede y aplaza el desalojo de 150 personas de un asentamiento ilegal en Toledo
El miedo era patente entre los habitantes del asentamiento ilegal 'El Cavero' situado en la localidad toledana de Olías del Rey. Mujeres y niños preguntaban entre susurros si la policía iba armada, o si iban vestidos “así enteros de negro”. Se referían, claramente, a los antidisturbios. Sin embargo, el desalojo fijado para hoy, 29 de julio, fue finalmente aplazado gracias a la gestión conjunta de los servicios sociales de la Junta de Comunidades y la intervención de fuerzas políticas como representantes de la agrupación local de Izquierda Unida o, especialmente, de Podemos Castilla-La Mancha. La secretaria judicial encargada del lanzamiento en 'El Cavero' se personó en el asentamiento y acordó aplazar el desalojo, al comprender que no había un lugar mejor donde reubicar a las más de 150 personas que viven en el asentamiento.
La orden de desalojo era firme, debido a que las condiciones del lugar son cada vez más peligrosas. En los últimos meses se han producido una serie de incendios, a todas luces provocados por los mismos habitantes del lugar, mientras se seguía sin conocer la postura oficial de las distintas administraciones. Los representantes de la Junta de Comunidades que se personaron en el lugar, entre los que se contaba el delegado en Toledo Jesús Nicolás y el director general de Acción Social, Ramón Lara, culparon al Ejecutivo de María Dolores de Cospedal de no haber tomado ninguna medida para solucionar un problema de esta magnitud. En este sentido se pronunció también Podemos, que celebró que la Tesorería General de la Seguridad Social finalmente abriese el plazo, señalando que se trataba de una cuestión de “humanidad” más que de política.
La postura de los habitantes en el asentamiento era clara: si no nos dan una opción, no nos vamos. Así lo señaló Fernando Jiménez, quien aseguró que se intentaría por todos los medios, “sin violencia”, mantenerse en su casa al no tener otro sitio donde ir. “Llevamos aquí ya 26 años y no es forma de sacarnos de esta manera, porque somos humanos”, lamentó, mientras acusaba directamente al alcalde de Olías del Rey de ser quien lo intentaba sacar. “Tenemos un bienestar muy malo, no sabemos donde ir, hay mujeres embarazadas, niños, ancianas enfermas”, puntualizaba, mientras admitía que incluso estarían dispuestos a pagar un alquiler social. Jiménez apuntó que no tienen miedo por el estado del edificio, porque “lleva mucho tiempo así, y a esta gente le entra la prisa ahora”. La madre de Jiménez fue trasladada de 'El Cavero' en ambulancia, mientras se esperaba la decisión.
Izquierda Unida en Olías del Rey ha señalado que el edificio fue declarado en ruinas desde 2011 y desde entonces se han hecho “demasiadas pocas cosas”. Los representantes de la formación señalaron que el problema estaba patente y que no se ha solucionado en veinte años. “A partir de la declaración de ruina se debió haber echado toda la carne a la parrilla”, señaló Chema Fernández, miembro de la agrupación local. La formación ha llegado a señalar que la falta de soluciones son una postura política, ya que quienes viven en 'El Cavero' son votantes. En 2011, la formación planteó una moción para mejorar las posturas laborales del asentamiento, cuando todavía era viable, algo que hoy ya no es así. “El Ayuntamiento ya no tiene capacidad, ni tampoco competencias”, señaló Fernández, quien agregó que la intención siempre era sacar a los habitantes del asentamiento.
La Junta de Comunidades lamentaba ayer, 28 de julio, la falta de “voluntad política” de la Tesorería General de la Seguridad Social al no aplazar el desalojo, postura que cambió cuando representantes del organismo se reunieron en el asentamiento con miembros del Gobierno regional y diputados de Podemos. José García Molina, secretario general de la formación en Castilla-La Mancha, celebró que finalmente se diese dos meses de plazo al Ejecutivo regional para encontrar una solución viable al problema, mientras aseguraba que ni la consejería de Bienestar Social ni la de Fomento habían tenido tiempo para hacer una propuesta habitacional para las familias del asentamiento.
Molina celebró que Podemos no entendía el “empecinamiento” de la Tesorería General, por intentar que las cosas “saliesen mal cuando podían salir bien”. En este sentido, ha señalado que si bien la paralización de este desahucio es una noticia “hay que ponerse desde hoy mismo” a trabajar por un proyecto “integral”, en el que no sólo se incluye el realojo, sino también un plan de trabajo y también de escolarización de los más de 50 niños que viven en el asentamiento. Molina asegura que le Gobierno regional está trabajando en ello, mientras celebraba que no se ejecutase el desalojo, que señaló como una situación que podía llegar a ser “dramática”.
