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El Gobierno regional paraliza la demolición del histórico poblado minero de Las Tiñosas

Vecinos concentrados en Las Tiñosas el pasado domingo

Europa Press

Una resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes firmada el pasado 13 de enero ha condicionado la demolición del histórico poblado minero de Las Tiñosas, en Solana del Pino (Ciudad Real), a la realización y presentación por parte del promotor de un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona con carácter previo al inicio de las obras.

Una decisión tomada por la Junta tras la que la alcaldesa, Emilia Redondo, ha dictado este martes su propia resolución ordenando la suspensión temporal de la demolición, según ha confirmado un portavoz de los vecinos afectados, que ha expresado su “enorme alegría” al tener conocimiento de la decisión por boca de la propia regidora.

Según consta en la resolución de Alcaldía, la Dirección Provincial de Cultura condiciona la ejecución del proyecto de demolición de la totalidad de los llamados “cuarteles” de Las Tiñosas a la realización y presentación por parte del promotor de un estudio referente al valor histórico-cultural de la zona con carácter previo al inicio de las obras, “para poder determinar así la incidencia que pueda tener la actuación y las nuevas condiciones que puedan incorporarse”.

La alcaldesa ha suspendido la efectividad de la licencia concedida “hasta que no se haya obtenido el informe sectorial correspondiente del servicio de Cultura de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real tras la presentación del correspondiente estudio del valor histórico-cultural de la zona”. La resolución, sin embargo, puede ser objeto de recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o susceptible de recurso contencioso-administrativo.

El pasado domingo vecinos del antiguo poblado minero decidían “atrincherarse” en las viviendas que ocupan tras conocer que el Ayuntamiento, a petición de los propietarios de la finca 'Manzano Alto', habían concedido la licencia municipal para la demolición de la totalidad de estas construcciones, unas treinta, tras constatar el “mal estado” de algunas de ellas.

La dirección provincial de Izquierda Unida había anunciado además que presentaría presentará esta semana un escrito con una batería de propuestas ante la Diputación de Ciudad Real, buscando una mediación junto con el Gobierno de Castilla-La Mancha, para poner solución al conflicto y evitar así su derribo.

Las edificaciones pertenecían a un complejo industrial

Este conjunto de edificaciones, representativas de la arquitectura popular de la zona, fueron parte del complejo industrial de Mina Diógenes, perteneciente a la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya. A mediados del siglo XX también fueron usadas como “cuartelillos” de alquiler para numerosas personas, la mayor parte de origen humilde, que visitaban el desaparecido balneario de agua agria de Las Tiñosas.

El surtidor aún conserva, en estado precario, los restos de una cubierta a escala reducida de la que en otros tiempos luciera la Fuente Agria de Puertollano (Ciudad Real). Durante el acto de protesta del domingo, el coordinador de Ecologistas en Acción-Valle de Alcudia, Vicente Luchena, pedía a la dirección del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona que inicie los trámites para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) tanto el poblado como el balneario (cerrado en la actualidad) y la fuente agria.

La obra de demolición, prevista antes del 31 de enero, contaba con la licencia del Ayuntamiento de Solana del Pino y los informes favorables del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.

Si bien los propietarios de la finca aseguran que “no existen” contratos de arrendamiento o de uso de estas viviendas, y que corre peligro la integridad de ocupantes y visitantes, los moradores han explicado que aún hay construcciones en buen estado que han sido “traspasadas de generación en generación” en virtud de acuerdos verbales o antiguos escritos que están sujetos a interpretación jurídica. De hecho, unas ocho familias aún hacen uso de ellas como segunda residencia.

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