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El Gobierno regional busca el consenso para una nueva Ley de Caza “más social”

Ciervo

Carmen Bachiller

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne este viernes en sesión extraordinaria para, entre otras cosas, aprobar el anteproyecto de Ley de Caza para la región que vendrá a sustituir a una normativa auspiciada por el Ejecutivo de Dolores de Cospedal en el tramo final de la pasada legislatura con gran contestación social.

El anteproyecto, el segundo que la Consejería presenta en su intención de buscar el “consenso”, se aprobará después de haber sido sometido a un proceso de alegaciones que se abrió el pasado mes de enero. El primer texto que la Junta presentó hace ya un año fue rechazado por la Plataforma contra la Ley de Caza al considerarlo una reforma “insuficiente”. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, sostiene que la nueva ley mejorará “claramente” a la actual.

El Gobierno actual sostiene en la exposición de motivos de la que sería la nueva ley que el fomento y desarrollo de la caza debe ser “compatible” con la conservación del medio natural y con el resto de usos que se desarrollen en el mismo. También se trata de “limitar” las prácticas que pudieran interpretarse no compatibles con el bienestar animal. Precisamente, esta misma semana el Gobierno regional daba luz verde al anteproyecto de Ley de Bienestar Animal de la región.

El consejero pide el “consenso” en el Parlamento regional

El consejero del ramo Francisco Martínez Arroyo pedía este jueves a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha “que sean capaces de aprobar una Ley de Caza que es necesaria”. Entre las razones que apunta, “la actual no la quieren ni los cazadores ni los que no son cazadores”. Se mostraba confiado en evitar que “cuando llegue la próxima temporada de caza y que tengamos problemas ridículos que tampoco quieren los cazadores: que la gente denuncie que no puede pasear por el campo”.

El consejero aprovechó su intervención en las Cortes para recordar que el PP apuesta por “un modelo de caza intensiva. Nosotros apostamos por un modelo de caza social, vinculada a los pueblos”. Y es que los cotos sociales serán una de las apuestas más importantes de la norma.

El consejero del ramo Francisco Martínez Arroyo ha pedido a los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha “que sean capaces de aprobar una Ley de Caza que es necesaria”. Entre las razones que apunta la actual no la quieren ni los cazadores ni los que no son cazadores“

Martínez Arroyo se mostraba confiado en evitar que “cuando llegue la próxima temporada de caza y que tengamos problemas ridículos que tampoco quieren los cazadores: que la gente denuncie que no puede pasear por el campo”. Precisamente, en este sentido incide la nueva norma que trata de evitar la ‘criminalización’ de los senderistas.

El consejero aprovechó su intervención en las Cortes para recordar que el PP apuesta por “un modelo de caza intensiva. Nosotros apostamos por un modelo de caza social, vinculada a los pueblos”. Y es que los cotos sociales son una de las apuestas el Ejecutivo regional. Se pretende una caza con carácter “más local” y para eso se posibilita la figura de las ‘Zonas Colectivas de Caza’.

Se crean los cotos sociales para facilitar el ejercicio de la caza “en régimen de igualdad de oportunidades”. De hecho, la oferta pública de caza se establecerá sobre los cotos sociales de caza y sobre aquellas ‘Zonas Colectivas de Caza’ de titularidad pública. Además, se modifica la obligación de señalización en función de si se trata de una zona de caza colectiva o un coto de caza.

¿Cuáles son las modificaciones más relevantes?

Además, del fomento de una caza “más social”, la nueva ley no solo amplía algunas definiciones vinculadas al sector como rehalero o animal doméstico asilvestrado, adaptándose esta última a lo establecido en la legislación básica del Estado sino que se amplía la consideración de que no es caza. Por ejemplo, el tiro de pichón y codorniz porque supone “el lanzamiento” de los animales.

Además, se amplía la capacidad de intervención de la Administración para la conservación de los hábitats por los daños que puedan ocasionar las especies cinegéticas. Además, se plasma el compromiso de la Junta de acuerdo con el sector cinegético para fomentar el uso de munición sin plomo.

Por otro lado, será necesaria la evaluación de impacto ambiental para cuarteles de caza comercial en las zonas sensibles. La nueva norma también permitirá compaginar la caza en espacios naturales protegidos con la propia preservación de estas zonas, evitando su deterioro. Esta ley también recoge una de las reivindicaciones ‘históricas’ de los agentes ambientales a los que el artículo 70 de la ley menciona expresamente como “agentes de la autoridad”. Además, se prohibirá el lanceo del jabalí, una de las prácticas más criticadas por colectivos ecologistas.

También hay cambios en cuanto a las sanciones por infracción. Se agravan aquellas relacionadas con la captura o abatimiento de animales asilvestrados sin autorización y se impondrán, en los distintos casos, eliminando la posibilidad de que la infracción sea rentable.

La ley también introduce novedades que afectan a los propios cazadores: más seguridad jurídica o licencias gratis para personas jubiladas que se derivan de la modificación de la ley de tasas. “Tengo la enorme suerte de tener mucha interlocución con la caza y de haber podido palpar en los pueblos de Castilla-La Mancha que la gente quiere este modelo”.

El consejero explicaba este jueves que el nuevo texto también incluye cuestiones como la exención de la tasa para la licencia de caza a personas jubiladas que residan en la región. “Un compromiso del presidente con el medio rural”, aseguró.

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