16 alcaldes y concejales de IU Castilla-La Mancha trasladarán al Congreso propuestas sobre despoblación

Un total de 25 miembros de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha (10 alcaldes, seis concejales, tres diputados provinciales y seis miembros de la dirección regional) se reunirán el martes en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Unidas Podemos para “enfocar” todos estos problemas en los ayuntamientos donde gobiernan.

“Los ayuntamientos tienen muy poca competencia, y por eso vamos a reunirnos con el Grupo Parlamentario, para poder llevar al Congreso todas nuestras propuestas contra la despoblación”, ha indicado el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, este viernes.

Crespo ha propuesto incentivar la creación de empleo público como receta contra la despoblación en el territorio de la Comunidad Autónoma, según informa Europa Press, a lo que ha sumado la idea de analizar cómo se utilizan los fondos recibidos desde la Unión Europea para este cometido y comprobar si se están gastando “de manera eficiente” para sacarles más partido.

En rueda de prensa, ha insistido en esta idea de complementar los planes de empleo con políticas de creación de puestos de trabajo más allá del sector privado. “Si no lo hace la empresa privada, que lo haga la pública. No hay que tener miedo de crear empleos desde el sector público a través de empresas”, ha indicado.

En cuanto a la posibilidad de auditar el gasto de fondos recibidos desde la Unión Europea para comprobar si se están utilizando de una forma “eficaz”, ha dicho que hay países como Escocia donde sí han funcionado las partidas contra la despoblación, por lo que urge a estudiar cómo se están poniendo en marcha.

Para eso, sugiere además intentar aumentar la recaudación y recuperar servicios privatizados. Si no, “mientras tanto, se sufrirá la despoblación en Castilla-La Mancha, algo que no es un castigo divino sino consecuencia de las políticas realizadas”.

Y es que el líder regional de IU ha tasado en unos 800 millones de euros los fondos recibidos desde 2015 para este cometido, a lo que ha sumado otras partidas del Estado español que podrían haberse “malgastado”, ya que “no han servido para el fin que se pretendía”.