Diligencias previas por presunta prevaricación del presidente de la Diputación de Cuenca
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca ha acordado incoar diligencias previas contra varios responsables de la Diputación Provincial, entre los que se encuentra el presidente Benjamín Prieto, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la aprobación del acuerdo para personal funcionario del Consorcio 112.
La denuncia fue presentada por parte de dos miembros del Comité de Empresa del extinto Consorcio de Bomberos Cuenca 112, dependiente de la Diputación Provincial, en nombre de la Asociación de Bomberos Profesionales de la Provincia de Cuenca (ABPC), por las posibles irregularidades en la aprobación del Acuerdo para el personal funcionario del Consorcio Cuenca 112 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 5 de febrero de 2016.
El auto, al que ha tenido acceso Las Noticias de Cuenca, no afecta únicamente al presidente de la Diputación de Cuenca, sino también a Carlos Alberto Algaba Soler, actual senador del PP por la provincia conquense y penúltimo vicepresidente del Consorcio de Bomberos; David Cuesta, actual diputado provincial y último vicepresidente del Consorcio hasta su extinción; el jefe de servicio de Bomberos y el secretario-interventor de dicho Consorcio ya extinto.
Uno de los bomberos denunciantes ha detallado que este mismo jueves recibían la noticia de la admisión a trámite de dicha denuncia por presuntas irregularidades, coincidiendo precisamente con la visita del presidente provincial, Benjamín Prieto, a unas maniobras de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad conquense de Priego.
Una visita “para hacerse fotos”, dicen los bomberos, que “nos ha sentado muy mal”, pues la UME es un cuerpo estatal en el que nada tiene que ver la Diputación de Cuenca. “No entendemos qué pinta Benjamín Prieto haciéndose fotos ahí cuando tiene un problemón enorme en un servicio provincial de emergencias que sí es competencia suya”, relata en referencia a las denuncias de los bomberos por los elevados tiempos de respuesta que, en algunas zonas de la provincia de Cuenca, superan la hora y media.
Un fondo común para pagar las denuncias
Señala que los afectados han dispuesto un fondo común para poder recaudar el dinero que necesitan para pagar las denuncias “de nuestro bolsillo” y, aunque lamentan tener que haber llegado a este extremo, insisten en que “venimos advirtiendo desde hace tiempo de estas posibles irregularidades y no nos han hecho caso”.
“Parece que los bomberos somos trabajadores de segunda en la Diputación”, añade, y “como nunca hemos puesto una denuncia, no nos toman en serio, pues a ver si vamos poniendo las cosas en orden porque está todo patas arriba”. Y es que advierte este bombero que “ésta es solo la primera denuncia”, pero puede que haya más “si uno gestiona de determinada manera”.
El Acuerdo para el personal funcionario del Consorcio Cuenca 112 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 5 de febrero de 2016 recoge subidas salariales presuntamente irregulares a, dicen, “algunos trabajadores con mucha responsabilidad”.
Diputación: “contaba con el informe técnico correspondiente”
La Diputación Provincial, a través de un comunicado, defiende que el Acuerdo-Marco del Personal Funcionario del Consorcio Cuenca 112, “contaba con el informe técnico correspondiente que avalaba su contenido y, por ende, su aprobación por la Junta General del Consorcio de Bomberos Cuenca 112”.
Afectaba, según añade, a tres trabajadores, para los que se acordó “que pudieran disponer por primera vez de un fondo social de hasta 300 euros al año, que, por cierto, ya estaba disfrutando el resto del personal del Consorcio Cuenca 112 desde el año 2000. Un fondo destinado a gastos sanitarios y sociales que deben ser justificados debidamente por el trabajador para recibirlo”.
Señala asimismo la Diputación que contra este acuerdo aprobado de forma definitiva el 12 de enero de 2016 nadie presentó recurso de reposición durante el mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de febrero de 2016, tal y como marca la Ley, ni recurso contencioso-administrativo en los dos meses siguientes a esa fecha ni reparo alguno por parte de la Abogacía del Estado.
Y, por el momento, asegura que tampoco le ha sido remitido “auto judicial alguno sobre esta cuestión que, por lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, se ha incoado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca”.
