Interinos denuncian “desinformación” al exigir Educación un Certificado de Delitos Sexuales

“Sorpresa y desinformación”. Así define Carmen Fajardo, portavoz de la Asociación de Docentes Interinos de Castilla-La Mancha (ADI-CLM) la situación ante la que se han encontrado los interinos docentes que días atrás fueron llamados a cubrir plazas por sustitución y recibir requerimiento de la Consejería de Educación y Cultura para presentar un Certificado de Delitos Sexuales.

Asegura que nadie había informado a estos trabajadores, después de que en el mes de noviembre, la Junta decidiese paralizar, de forma provisional, una exigencia que viene impuesta desde el ámbito nacional tras la entrada en vigor, el pasado agosto de la nueva Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Y es que la Junta comenzó el pasado año a pedir un Certificado de Delitos Sexuales sin que estuviese en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Un órgano que no fue creado hasta el pasado mes diciembre por el Ejecutivo de Rajoy. Los sindicatos STE y CCOO trasladaron su protesta a la Junta, entre otras cosas, porque se exigía a los interinos que pagaran “una tasa de 3,70 euros por un certificado para poder trabajar unas pocas semanas como sustitutos”.

Desde hace unos días, la Consejería de Educación vuelve a pedir este certificado al profesorado interino para poder cubrir una sustitución. Y lo hace una vez creado el Registro Central pero sin haber advertido al colectivo ni del requerimiento, ni del proceso. “Se va a introducir un instrumento por el que cualquier administración pública tenga acceso a estos datos sin que el trabajador solicite el certificado, pero eso aún no ha llegado”, advierte Matilde Castilla del sindicato STE-CLM.

“Imaginemos que un interino va a trabajar quince días en Ciudad Real y después se cambia a Toledo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pedir dos certificados y pagar dos veces? Hemos sugerido a Educación que explique cómo han de actuar las personas que lo necesitan”.

Y el sindicato va más allá porque, recuerda, el requerimiento afecta no solo a la educación pública sino también a la concertada y a todas aquellas personas (trabajadores de la limpieza, administrativos… ) vinculadas a los centros donde estén en contacto con los menores. “Han de arbitrar medidas o que se inste al Gobierno estatal para que se ponga en marcha ese instrumento donde se puedan cotejar todos los datos sin tener que estar pidiendo certificados cada vez. No hay que olvidar que los certificados caducan”, añade.

Desde STE-CLM, creen que la Junta “no está haciendo nada y está creando incertidumbre”. Los afectados, por su parte, piden “mayor cooperación y coordinación” entre las distintas administraciones para prevenir este tipo de delitos “sin que el coste económico y de vulneración de derechos recaiga en los docentes interinos” y reiteran, por otro lado, su “condena” a “cualquier forma de violencia y abuso de menores”.

Fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes han confirmado a eldiarioclm.es que este será uno de los asuntos abordar en la Mesa Sectorial de Educación que se celebrará el próximo martes 16 de febrero.