Junta y Gobierno central crean un grupo de trabajo para negociar sobre la Ley Antifracking
El Gobierno central y el de Castilla-La Mancha han creado un grupo de trabajo para solucionar las “discrepancias” surgidas en torno a la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, conocida como ley 'Antifracking' y que fue aprobada por las Cortes regionales el pasado mes de marzo con el apoyo de PSOE y Podemos y el voto en contra del PP.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy una Resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos sobre la creación de una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con a la citada ley.
Castilla-La Mancha y el Gobierno central han acordado “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la norma y designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda”. Además, se ha comunicado el acuerdo al Tribunal Constitucional.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Nacho Hernando, ha aclarado sobre esta normativa que Castilla-La Mancha “tiene absoluta vocación por ser leal a la Constitución” pero también al “deseo popular” de que esta práctica industrial para la extracción de hidrocarburos del subsuelo no se aplique en territorio castellano-manchego.
Hernando ha apostado por “llegar a un acuerdo sin vulnerar la Constitución”. Con este objetivo la Junta se sentará a negociar con el Gobierno de Mariano Rajoy. Hay que recordar que Castilla-La Mancha no aprobó una normativa para prohibir el fracking en la región, como ya hicieran antes Navarra y Cantabria con la oposición del Tribunal Constitucional, sino que el texto castellano-manchega se diseñó con el objetivo de poner trabas legales a las empresas que quieran instalarse en la región. “Aunque pueda ser beneficioso para algunas empresas, va en contra del modelo de crecimiento que nos planteamos”.
Hernando cree que los precedentes en otras comunidades autónomas no afectarán a la normativa castellano-manchega porque se apostó por legislar por competencias que no les correspondían, aclaraba, algo que no es el caso de Castilla-La Mancha. “Teníamos claro que el camino tenía que ser legal y estamos dispuestos a ensanchar camino si podemos crear un tercer carril”, aludiendo a la posibilidad de que el Gobierno central legisle sobre el fracking para todo el país.
