La Junta propone una Ley del Estatuto del Alto Cargo para prevenir “cualquier caso de corrupción”
El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha propuesto la aprobación de una Ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración Regional de cara a la próxima legislatura, con el objetivo de seguir avanzando en materia de transparencia y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.
Martínez Guijarro, que ha participado en la presentación de la ‘Guía para la prevención de la corrupción en las administraciones públicas’ junto al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha explicado que regularía las obligaciones de los altos cargos, determinaría los conflictos de interés, así como las incompatibilidades en las que pudieran incurrir.
“Se trata de seguir avanzando en esta materia”, ha dicho el vicepresidente primero, al tiempo que ha apostado por articularlo en un Sistema de Integridad Institucional de la Administración regional que tenga como finalidad prevenir cualquier caso de corrupción y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.
El vicepresidente primero ha recordado que Castilla-La Mancha ya fue pionera en 1995 al regular, por ejemplo, la publicación de las declaraciones de Bienes, Actividades y Rentas del presidente, consejeros, altos cargos y personal eventual.
En esta legislatura, el Gobierno regional ha seguido dando pasos en esta dirección con la aprobación en 2016, por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. A partir de la misma, se puso en marcha el Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno.
Además, se publican las agendas de los altos cargos, se ha creado un registro de Grupos de Interés, se ha aprobado un Código Ético de Conducta y se ha constituido la Comisión de Ética Pública.
La Guía es fruto de la colaboración entre el Instituto de Derecho penal europeo e internacional de la UCLM y los servicios jurídicos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pretende ser una herramienta útil para acometer este reto al que se enfrentan las administraciones públicas.
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