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La Junta apuesta por el agua como "un derecho fundamental" dentro del Estatuto de Autonomía

La Vicepresidencia Segunda de La Junta inicia una ronda de contactos con agentes políticos y medioambientales para aclarar "la maraña legal" que rodea a este tema

El primer encuentro ha sido con el presidente de Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo quien ha apostado por "cambiar la cultura que tenemos del agua"

José García Molina y Alejandro Cano FOTO: Teresa Sánchez

José García Molina y Alejandro Cano FOTO: Teresa Sánchez

El vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, se ha reunido con el presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo, Alejandro Cano, con quien ha comenzado una ronda de contactos con agentes políticos y medioambientales, y con organizaciones para ayudar a aclarar la "maraña legal" que rodea el agua. "Hay que proteger el agua" un tema que, según García Molina, "quizá forme parte, por qué no pensarlo, de nuestro propio Estatuto de Autonomía".

García Molina ha asegurado que hay que empezar a pensar en el agua como “derecho fundamental” y que, con eso, no se pueda "priorizar el negocio de algunos". El vicepresidente segundo propone proteger el agua de la región blindándola a través del Estatuto de Autonomía. “La situación del Tajo y de otros empieza a ser insostenible y la ciencia tiene que ayudar a entender cuáles son los pasos políticos que hay que dar para tener un medio ambiente más sostenible y solidario”.

“Con que se cumpliera la directiva marco del agua es posible que en pocos años tuviéramos un río que pudiera ser digno de ese nombre porque ahora mismo el Tajo parece otra cosa”, ha señalado García Molina. Además ha criticado que el criterio económico y la “supuesta” rentabilidad económica de algunos acabe prevaleciendo sobre todos los demás.

Por su parte, el presidente de la Plataforma para la Defensa del Tajo en Toledo, Alejandro Cano ha señalado la necesidad de cambiar la cultura que tenemos del agua “absolutamente productivista y no rigurosa con los requerimientos de un bien como es el agua”. Un encuentro en el que se ha hablado, según Cano, de la “injustificación” de los trasvases, de incorporar a la tarea legislativa el conocimiento científico que existe sobre cómo funcionan los ecosistemas acuáticos y el conocimiento que existe dentro de la economía del trasvase.

"El trasvase nos cuesta ahora mismo más de 2.000 millones de euros a todos los españoles", ha lamentado Cano, quien también ha señalado que existe una "maraña" legislativa que hace difícil interpretar la ley.

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