La Junta concede el mantenimiento de estaciones depuradoras a diez días de dejar el gobierno
A pesar de trabajar de forma provisional en funciones, el gobierno de María Dolores de Cospedal, a menos de diez días de dejar sus poderes, sigue licitando y adjudicando obras millonarias en la región. En este caso, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica un desembolso de 26,6 millones de euros para explotar, conservar y mantener estaciones depuradoras de agua en tres zonas de la región.
La hasta ahora oposición, el PSOE, en boca de Cristina Maestre, había pedido explícitamente a la Junta de Comunidades que no adjudicase estos contratos para poder valorar las ofertas y que el nuevo gobierno tomara la decisión, algo de lo que no obstante los 'populares' han hecho caso omiso. A la Unión Temporal de Empresas formada por Facsa y Construcciones Antolín García Lozoya S.A. se le ha otorgado la adjudicación de las depuradoras de las zonas hídricas 1 y 2 de la región, mientras que la empresa de Abraham Sarrión, presidente de CEOE CEPYME de Cuenca y señalado por otras empresas por haberse llevado contratos públicos especialmente en las carreteras en torno al cementerio nuclear de Villar de Cañas, ha obtenido la adjudicación de las de la zona 3 mediante su empresa Construcciones Sarrión.
En los tres casos se indica que se acepta la oferta por ser la más ventajosa en cuanto a condiciones. Las tres ofertas han descendido el valor estimado de licitación entre un 25 y un 30% del valor propuesto en un primer momento.
Estos anuncios para licitar estos contratos se realizaron en agosto de 2014, hace más de diez meses. Por ello los socialistas, a las puertas de coger las riendas de la región y de realizar una auditoría por los gastos llevados a cabo por el ejecutivo de Cospedal, consideraban que si bien se ha podido esperar diez meses para adjudicar esos contratos, se podía haber esperado diez días más.
Dentro del descenso del presupuesto que han presentado las tres ofertas (algo habitual en todos los contratos públicos), las empresas adjudicatarias tendrán que explicar el por qué de ese descenso, en unos contratos que fueron firmados entre el 13 y el 14 de mayo, diez días antes de las elecciones a pesar de haber sido publicado este lunes 22 de junio en el Diario Oficial.
