La Justicia tumba la polémica adjudicación de la gestión del agua en Almodóvar del Campo

Continúa el proceso judicial en el que se encuentra inmerso el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), gobernado por el PP, debido a la adjudicación del ciclo integral del agua en el municipio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nulo de pleno derecho el acto por el que se concedió este servicio a Acciona en el año 2013. La confirmación de la sentencia se produce una vez que no se han admitido a trámite los recursos de casación que el Consistorio municipal había interpuesto ante el Tribunal Supremo para revocar la primera anulación judicial.

El contrato con Acciona se firmó por una duración de 20 años y por un valor de más de 17 millones de euros. Fue aprobado en el pleno municipal con los votos a favor del PP, que gobierna en la localidad, el rechazo del PSOE y la abstención de IU. La primera sentencia de tribunal autonómico -ahora confirmada- se produjo el pasado mes de enero y revocaba a su vez la dictaminada en primera instancia en febrero de 2016 por la vía contencioso-administrativa, que sí que avaló esta contratación y que recurrió posteriormente ‘Aquona, Gestión de Aguas de Castilla-La Mancha’, la que por entonces era adjudicataria del servicio.

Concretamente la “antijuricidad” de este acto administrativo, rezaba la sentencia, se ve “reforzada” por la propia actuación de la Mesa de Contratación, ya que vio alterada su composición y funcionamiento. “Necesariamente se vincula al proceder ulterior y anómalo de la propia Corporación local, con relación a la valoración de las ofertas”. Se refiere con ello al hecho de que la mesa actuara en todo momento sin la presencia del técnico municipal, al que no se citó formalmente.

“Dicha ausencia afectó a la motivación de la decisión de la mesa pues no sólo estaba huérfana del miembro que había emitido el informe técnico-valorativo de las ofertas sino que, eludiendo dicho informe técnico, alteró sustancialmente dicha valoración, en un tiempo récord y sin pedir informe que pudiera avalar su decisión”, añade. Con esta resolución quedó revocada la sentencia de primera instancia y se anuló el acto administrativo de adjudicación.

Ahora, tras ratificarse la sentencia, han vuelto a sucederse los cruces de acusaciones entre Gobierno local y oposición. El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a exigir la dimisión del alcalde, José Lozano, mientras que el Ayuntamiento ha invitado al PSOE a que acuda a los tribunales y aporte todas las pruebas para demostrar que hubo irregularidades, puesto que en la sentencia “no se estima la comisión de delito”. El alcalde ha dicho que velará para que el procedimiento nuevo “cuente con todas las garantías, valorando como tiene que ser las inversiones efectuadas por la actual concesionaria hasta la fecha”.

Que las costas judiciales “salgan del bolsillo” del alcalde

Ante estos hechos, los socialistas también han manifestado la intención de pedir un pleno extraordinario y un informe jurídico de la Secretaría municipal sobre los pasos que se van a dar desde el Ayuntamiento para acatar la sentencia; y ha acusado al alcalde de “haber jugado con más de 17 millones de euros” de todos los vecinos “como si fueran suyos”, a lo que ahora hay que sumar las costas que esperan “salgan del bolsillo del alcalde”.

Por su parte, el Ayuntamiento explica ya está trabajando en la elaboración de un nuevo procedimiento para la licitación del servicio municipal de aguas, y dar así cumplimiento a la sentencia judicial. Pero el equipo de Gobierno municipal sigue considerando que, al margen del respeto a las decisiones judiciales y su acatamiento como es el caso, todo “se hizo procurando dar las máximas garantías”.

Se aferran a la sentencia en primera instancia de febrero de 2016 que reconocía la “legalidad y transparencia” del proceso seguido. Sobre la resolución actual del TSJCM, argumenta que se refiere a “meros defectos de forma, sin entrar a valorar ningún tipo de intencionalidad o la comisión de delito alguno, ordenando únicamente la anulación del procedimiento e, implícitamente, dando pie al inicio de un nuevo proceso de adjudicación”.