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Luz verde a la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles en Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno ha aprobado la orden que regula la denominada ‘tarjeta humanitaria’ y que devuelve este servicio a partir del 1 de marzo

La región ha adoptado la misma fórmula que Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid, por lo que confía en que no haya recurso del Gobierno central en funciones

Manifestante en Madrid / Plataformas Sanidad Pública

Manifestante en Madrid / Plataformas Sanidad Pública

A partir del próximo 1 de marzo todos los inmigrantes residentes en Castilla-La Mancha que se encuentran en situación irregular podrán solicitar la denominada ‘tarjeta humanitaria’ con la que recibirán atención gratuita de todos los servicios públicos sanitarios de la región. La orden ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno regional y con ello se combate el decreto de abril de 2012 del Ejecutivo de Mariano Rajoy que estableció la exclusión sanitaria para inmigrantes sin papeles, cuyas opciones de acceso a la salud se vieron “imposibilitadas”.

El portavoz del Gobierno castellano-manchego, Nacho Hernando, ha sido el encargado de anunciar esta medida, enmarcada en el Plan de Rescate Ciudadano de los Presupuetos regionales de 2016, defendiendo además que la Junta seguirá defendiendo la derogación de ese decreto del Gobierno central para poder “universalizar la atención sanitaria” y evitar que el trato siga siendo “inhumanitario”.

Pero hasta que ese decreto se pueda derogar, la orden aprobada extiende la cobertura de asistencia sanitaria pública a las personas no nacidas en España que se encuentren en situación irregular y a los extranjeros empadronados en municipios de Castilla-La Mancha que carezcan de los recursos suficientes para acceder a la sanidad. La única excepción para acceder a la sanidad universal será que el servicio requerido se extienda fuera del territorio nacional o de Castilla-La Mancha, salvo en casos en que sea preciso la derivación del paciente a un centro del Sistema Nacional de Salud (SNS) porque el SESCAM no disponga de lo requerido para el servicio.

Para poner en marcha esta medida se creará un registro de usuarios de esta ‘tarjeta humanitaria’, con un código de carácter regional, pero los usuarios no podrán disponer de su CIF correspondiente en el SNS mientras permanezca vigente el decreto de exclusión sanitaria. De cualquier forma, esta tarjeta garantizará la atención médica y farmacológica a los inmigrantes en iguales condiciones que cualquier otro ciudadano de Castilla-La Mancha.

La tarjeta, una vez solicitada, tendrá una validez de 12 meses y su renovación se realizará previa petición del interesado con dos meses de antelación. Según ha explicado el portavoz de la Junta, se trata de una forma de que el SESCAM pueda conocer el nivel de pacientes que se acogen a la misma y también de simplificar la renovación con la suficiente antelación. Si no se solicita esa renovación, la tarjeta dejará de ser válida.

Estimación de beneficiarios y coste

Preguntado por si se ha estimado el número de personas que podrían acogerse a esta medida, Nacho Hernando ha avanzado que será más bajo de lo previsto pero que se concretará conforme se tramiten las tarjetas. Sí ha querido poner de ejemplo que en regiones como la Comunidad Valenciana y Aragón, donde se ha implantado también la sanidad universal, tan solo se han registrado 700 y 300 personas respectivamente.

“No es algo que vaya a resultar costoso”, ha explicado, destacando que la mayoría de personas no nacidas en España que residen en Castilla-La Mancha son jóvenes que requieren atención farmacológica, y que en general será “poca gente” la que la solicite. Es más, ha añadido que el decreto de exclusión sanitaria fue una medida “de corte ideológico y de ahorro” cuando la atención universal “no es algo que vaya a hacer que se arruine el sistema, al contrario, se revaloriza nuestro sistema moral”.

inalmente, se ha mostrado convencido de que no habrá recurso a esta decisión por parte del Gobierno central en funciones, como sí lo ha habido en los casos de Comunidad Valenciana y Aragón. Según ha explicado, la orden castellano-manchega ha adoptado el mismo modelo que la aprobada por Cristina Cifuentes para la Comunidad de Madrid. “De la misma forma que no se ha recurrido a Madrid, esperamos el mismo trato a Castilla-La Mancha”, ha concluido.

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