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Manzanares, contra el acuerdo con Turquía que pretende “expulsar” a los refugiados

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En la última sesión ordinaria de pleno celebrada en Manzanares, las formaciones políticas se mostraron en contra del preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía por unanimidad. El Ayuntamiento señala que el acuerdo “facilitaría las devoluciones en caliente” y, por tanto, se insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a la retirada del acuerdo, así como al Gobierno en funciones de España a que “lidere” la defensa del derecho internacional y que respete el acuerdo del Parlamento español en relación con el acuerdo.

Por otro lado, el Pleno también acordó instar al Gobierno a que habilite vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas, y dar traslado de estos acuerdos a la Comisión Europea, al Gobierno de España, a la Mesa del Congreso y del Senado, y a las organizaciones sociales CEAR, ACCEM y ACNUR, con las que colabora el ayuntamiento de Manzanares.

El pasado 8 de Marzo, la Unión Europea estableció un principio de acuerdo con Turquía para devolver al país vecino a todo migrante que llegue a las costas griegas. Ese acuerdo fue ampliamente criticado y rechazado, porque supondría una vulneración del derecho internacional, y porque aumentaría el sufrimiento y desesperanza de miles de personas, un acuerdo que incluía, entre otras medidas, la expulsión masiva de personas.

Asimismo, el 16 de Marzo, el Parlamento español consensuó una declaración institucional en la Comisión Mixta Congreso-Senado, en la cual se rechazaban las expulsiones masivas de los refugiados llegados a Grecia, se exigía la tramitación individualizada de todas las solicitudes de asilo y se pedía garantías de respeto a los derechos humanos de aquellos que sean devueltos a Turquía. Finalmente, el pasado 18 de Marzo, el Consejo de Europa estableció el acuerdo definitivo con Turquía, siendo éste rechazado por una amplia mayoría de los partidos políticos españoles y de las organizaciones sociales “estamos ante un acuerdo injusto, que vulnera el derecho internacional y que no garantiza la seguridad de miles de personas refugiadas” señaló Miguel Ramírez en su exposición ante el pleno.

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