Las ONG de desarrollo pactan su hoja de ruta en la región “tras años de abandono”
Un “sentido ético y político” es el que las ONGD de la comunidad autónoma quieren dar a su nuevo Plan Estratégico de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha. Se trata de una nueva “hoja de ruta” cuyas propuestas se aprobaron en la Asamblea General que la Coordinadora que las agrupa aprobó el pasado mes de abril y responden a la Agenda 2030 que la ONU respaldó en 2015, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para hacer frente al reto de erradicar la pobreza mundial. Esta realidad hace un nuevo llamamiento a todos los colectivos, organizaciones, partidos políticos, administraciones y sociedad civil de la comunidad autónoma, para “impulsar, tras años de abandono” la cooperación al desarrollo.
Han presentado el documento el presidente de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, Braulio Freyre; la coordinadora de Médicos del Mundo en la región, Ana Belén Rojas; y el coordinador de Cáritas, Amador Casquero. Al acto han acudido representantes de organizaciones de dentro y fuera de la Coordinadora, así como el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara; la secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz; el concejal de Juventud y Cooperación de Toledo, Diego Mejías; y diputados, alcaldes y ediles responsables de políticas de cooperación.
La Coordinadora ha querido poner el acento en la necesidad de impulsar las políticas de cooperación “tras años de abandono” en esta comunidad autónoma. El nuevo Plan Estratégico se trata de un proyecto que debe implicar a todas las administraciones e “impulsar la cooperación al desarrollo con herramientas e instrumentos eficaces y un presupuesto digno”.
“Más que una propuesta, queremos que sea un documento de diálogo y reflexión, abierto a modificaciones y fuera de todo tipo de intereses partidistas. Es el centro de todo lo que consideramos ético, y lo hacemos desde la voz de la ciudadanía, porque hoy en día tenemos cooperación al desarrollo gracias a la ciudadanía”, ha explicado Braulio Freyre.
También ha intervenido a través de un vídeo el presidente de la Coordinadora de ONGD de España, Andrés R. Amayuelas, quien ha recordado que fueron las acampadas de principios de los años 90 la que comenzaron con la reivindicación del 0,7% de los presupuestos públicos para cooperación. “Hoy seguimos recibiendo un amplio respaldo de la ciudadanía pese a los años de crisis y tras un recorte del 70% de las ayudas”, ha subrayado.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de que las administraciones públicas “no solo muestren buen talante” sino que destinen “los fondos adecuados para poder hacerlo”. Ha recordado que el 0,7% es un porcentaje “testimonial” marcado por la ONU para los presupuestos públicos. “Estamos sorprendidos de que gobiernos pretendidamente progresistas no solo mantienen los recursos bajo mínimos sino que no muestran ninguna voluntad de ampliar estas partidas”, ha lamentado.
El Plan Estratégico está dividido en dos ejes fundamentales. En el primero de ellos, las ONG recogen los ámbitos a tener en cuenta desde la acción política y administrativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, como la salud (el conocimiento de la pobreza a nivel local y global), la salud (como derecho humano y universal), la industria y el comercio, el medio ambiente, el transporte, la energía y la dimensión social de la globalización.
Compras éticas, sostenibles y sociales en el sector público
En este primer bloque, el documento pide potenciar la compra pública, responsable, ética, sostenible y social, que consiste en que cualquier compra en el sector público, además de valorar las ofertas según su precio o especificaciones técnicas, se tengan en cuenta otros criterios como los sociales y ambientales; incorporando también el Comercio Justo. Solicita asimismo que en los contratos de empresas de servicios o de obras, se incluyan cláusulas de tipo social y ambiental.
A través del segundo eje, esta hoja de ruta desgrana más de un centenar de medidas centradas en la mejora del impacto en los derechos humanos, la promoción de una ciudadanía sensible y comprometida con la solidaridad, los instrumentos de cooperación y el marco presupuestario. En este último punto, propone al Gobierno regional destinar un incremento progresivo en la presente legislatura destinado a la cooperación: 0,4% en 2017, 0,5% en 2018 y un 0,7% en 2019.
En cuanto a los compromisos financieros estimativos, piden el 10% de ayuda humanitaria y emergencia; 15% para educación y sensibilización; 65% de proyectos y programas de cooperación al desarrollo; 2% para voluntariado; 2% para formación e investigación; 2% para convenios; 3,5% para comercio justo y 0,5% para seguimiento y evaluación de los proyectos financiados con fondos públicos.
