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Ofrecer recursos gratuitos a dependientes es dar “falsas expectativas”, según la Junta

La Junta da por bueno su decreto de dependencia sin esperar a que se pronuncie el Supremo sobre el recurso a la anulación de la orden de agosto de 2013.

El Gobierno sigue tirando de cifras para defender la orden anulada por la justicia e insiste en que el nuevo decreto en trámite garantiza los derechos adquiridos.

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales / Foto: JCCM

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales / Foto: JCCM

El Gobierno regional sigue sin realizar ningún tipo de autocrítica después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya anulado la orden de julio de 2013 para el desarrollo de la Ley de Dependencia. Es más, desde el Ejecutivo se da por bueno el decreto aprobado para arreglar esta situación sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado, y además considera que ofrecer recursos gratuitos a dependientes, como han hecho la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y el PSOE, es generar “falsas expectativas”.

La Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependencia insiste en que ya se ha subsanado el “defecto formal” que apreciaba el TSJCM a través del nuevo decreto que fue tomado en consideración por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado jueves, por lo que se encuentra en trámite de aprobación. Pese a su precipitación, el Ejecutivo alega que este decreto “garantiza los derechos adquiridos por las personas dependientes que se han ido aplicando por la orden de 2013".

“Este hecho implica que no tenga sentido alentar posibles reclamaciones por motivos electoralistas. Desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales se considera que no se debe engañar, con falsas expectativas, a las personas dependientes y sus familias”, explican.

La Junta alega que la valoración de la dependencia fue aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en marzo de 2011, aunque entrara en vigor tiempo después. “Cuestionar ahora las valoraciones realizadas en Castilla-La Mancha es un empeño vano, ya que se basan en una normativa nacional que determina cualquier desarrollo regional”, argumenta.  

Además, el Gobierno regional sigue agarrándose a las cifras para justificar lo anulado por los tribunales, detallando que en 2015 la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales está prestando 9.220 más servicios profesionales a las personas dependientes que hace cuatro años.

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